El 2 de octubre de 1992, la policía militar brasileña irrumpió en la Casa da Detenção de San Pablo para reprimir un motín en el centro penitenciario. Lo que ocurrió entonces fue conocido como la masacre de Carandiru, y ostentó durante décadas el título del operativo policial más mortal de Brasil con sus al menos 111 presos muertos. Fue, también, el origen de una de las organizaciones criminales más grandes del país, el Primeiro Comando da Capital (PCC).
El operativo en Rio de Janeiro contra el Comando Vermelho (CV) el martes pasado rompió ese triste récord con un número oficial de al menos 121 muertos, mientras Brasil y la región se enfrentan a la creciente amenaza de las organizaciones criminales sin una estrategia clara y con resultados, por ahora, poco prometedores.
LA NACION conversó con expertos en seguridad pública, peritos criminalistas y cientistas sociales para intentar comprender qué pasó en el operativo más violento de la historia de Brasil, y cómo se inserta en el debate sobre el modo de enfrentar a las mayores organizaciones criminales del país vecino.
El operativo
“Ninguna acción de seguridad pública que tenga como consecuencia la muerte de policías y, ciertamente, de algunos inocentes puede considerarse bien planificada o exitosa”, consideró el perito criminalista y especialista en seguridad pública brasileño José Ricardo Bandeira, en diálogo con LA NACION.
Se refería al “Operativo Contención”, en el que unos 2500 agentes de la policía Civil y Militar ingresaron el martes en helicópteros, vehículos blindados y a pie en los complejos Penha y Alemao, al norte de la ciudad de Rio de Janeiro, dejando imágenes grotescas a su paso.
El objetivo, según las autoridades, era frenar el avance y reducir la influencia del principal grupo criminal del estado, el Comando Vermelho (CV), que en los últimos años ha expandido sus actividades ilegales y retomado gran parte de su control sobre el territorio carioca.
El resultado fue una pila de muertos, entre ellos cuatro policías, y ninguna de las detenciones de líderes de alto rango de la facción criminal que la operación pretendía lograr.
Cerca de 70 miembros del CV parecen haber protegido al líder de la organización, Edgar Alves Andrade, alias “Doca”, quién se presumía dentro de la favela pero logró escapar a la redada, de acuerdo a información de CNN Brasil. Por ahora, tampoco se conoce la identidad de los más de 120 muertos oficialmente declarados, por lo que su asociación con el CV no está confirmada.
“La magnitud del saldo letal y el posterior hallazgo de decenas de cuerpos fuera del recuento oficial sugieren una pérdida de control” por parte de la policía, dijo Bandeira, lo que coincidiría con las múltiples denuncias de organismos internacionales y organizaciones civiles de torturas y ejecuciones sumarias llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.
Pero, aparte de lo que haya sucedido en esta redada en particular, no todos coinciden en que este tipo de operativos sean una forma efectiva de combatir el avance de los grupos criminales.
“La historia de la violencia y del crimen en Brasil —especialmente en Río de Janeiro— ha demostrado que el crecimiento de la criminalidad —incluido el surgimiento de las facciones— está directamente relacionado con este tipo de actuación estatal”, dijo a LA NACION Camila Nunes Dias, doctora en sociología de la Universidad de San Pablo (USP) y profesora de la Universidad Federal de ABC (Ufabc).
La incursión del martes, consideró la experta, “puede desestabilizar, eventualmente y de forma momentánea, al CV. Pero abrirá espacio para otros grupos criminales y, con toda certeza, para la rearticulación del crimen”.
En un contexto como el brasileño, donde las organizaciones criminales se expanden con facilidad y el CV no es el único actor en pugna por el control territorial y de las economías ilícitas, una “rearticulación” puede derivar en un escenario de guerra abierta.
En Río de Janeiro, la rivalidad es doble: por un lado, con el Terceiro Comando Puro (TCP), que disputa al CV el dominio local; por otro, con el Primeiro Comando da Capital (PCC), nacido a imagen del grupo carioca pero hoy convertido en una organización mucho más poderosa, con presencia nacional y ambiciones transnacionales.
“El CV se ha expandido a muchos estados brasileños a través de un modelo de franquicia, principalmente en el Nordeste, el Norte y el Centro-Oeste, pero no existe una estructura organizacional articulada en esos territorios”, dijo Nunes Dias para explicar la composición del grupo de Río y su alcance nacional.
“Más recientemente, el Terceiro Comando Puro (TCP) también parece haber iniciado este proceso de expansión, sobre todo mediante el reclutamiento de grupos criminales más pequeños, locales y que se oponen al CV”, especificó la experta, explicando la confrontación entre los grupos.
Respecto a la organización criminal de San Pablo, actualmente la más grande y poderosa del país, la experta aclaró: “Mientras tanto, el PCC parece seguir un camino opuesto. Se ha alejado de la dinámica criminal más vinculada a la territorialidad y ha orientado su expansión hacia la esfera económica internacional, especialmente en el comercio mayorista de cocaína y en otros mercados, lícitos e ilícitos, donde no hay necesidad de disputas territoriales”.
De este modo, el escenario de conflicto podría quedar delineado con un CV que combate por el territorio de Rio y otras zonas de Brasil con un TCP en ascenso, y lucha por el control de los negocios ilegales con el PCC, de miras más comerciales.
“Aparentemente -consideró Nunes Dias- el TCP podría llegar a ocupar el lugar del PCC en la polarización criminal que caracteriza a Brasil desde 2016”.
Mano dura
La operación fue un “éxito, (…) las únicas víctimas fueron los policías”, dijo a la prensa el gobernador del estado de Rio de Janeiro, Claudio Castro, después del operativo, en una expresión representativa del tipo de políticas de mano dura que apoya la derecha brasileña aliada al expresidente condenado Jair Bolsonaro.
Las palabras de Castro se inscriben en un debate abierto en Brasil y en la región entre dos propuestas contrastantes sobre el modo de combatir a las organizaciones criminales y, en particular, al narcotráfico.
“El gobernador de Rio de Janeiro está vinculado al bolsonarismo, un movimiento que sostiene la idea de que la lucha contra el crimen organizado se lleva a cabo mediante la acción armada policial. Para los líderes de este movimiento y sus seguidores, un buen delincuente es un delincuente muerto”, dijo a LA NACION Marcus Ianoni, profesor de Ciencia Política en la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Rio de Janeiro.
“Esta operación es una reproducción, a mayor escala y más violenta, de otras operaciones que se basan en la idea de que la seguridad pública es, por encima de todo, un ámbito que debe afrontarse mediante una guerra contra los narcotraficantes, una guerra de exterminio”, agregó el experto.
A poco menos de un año para las próximas elecciones generales en Brasil, muchos vieron el operativo en Río como una demostración de fuerza por parte de Castro, un intento de ganar puntos políticos entre los brasileños conservadores y acercarse a un asiento en el Senado.
Sin embargo, tras el operativo, el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Alexandre de Moraes, programó una audiencia para el 3 de noviembre en la que ordenó al gobernador que proporcione información detallada sobre la operación policial, a pedido del Consejo Brasileño de Derechos Humanos.
En paralelo, el Tribunal Superior Electoral programó para el día siguiente una audiencia sobre una apelación en otro caso, reactivado a raíz de los sucesos de esta semana, que podría llevar a la destitución del gobernador y a la convocatoria de elecciones anticipadas.
Deuda del progresismo
“Lamentablemente, hasta el momento el gobierno federal (de Lula) no ha logrado ofrecer respuestas concretas en el ámbito de la seguridad pública que realmente propongan un camino alternativo a la barbarie”, dijo Nunes Dias, coincidiendo con la apreciación de una parte de la sociedad brasileña que rechaza la brutalidad de los operativos policiales pero pide una solución al problema del crimen.
«No podemos aceptar que el crimen organizado continúe destruyendo familias, oprimiendo vecinos y esparciendo drogas y violencia por las ciudades», declaró en X el presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, después del operativo en Río.
Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador.
Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e…
— Lula (@LulaOficial) October 29, 2025
«Precisamos un trabajo coordinado que alcance la columna vertebral del tráfico sin poner a policías, niños y familias inocentes en riesgo», añadió el mandatario, en lo que pareció ser un intento de desmarcarse del discurso presentado por Castro y sus aliados, pero sin ofrecer una propuesta clara.
No obstante, el tipo de medidas a las que podría estar haciendo referencia el petista son las que buscan atacar los recursos financieros de las organizaciones criminales, como la redada lanzada el jueves en San Pablo contra el PCC o el Operativo Carbono Oculto, que se llevó a cabo unos meses atrás.
Esta semana las autoridades brasileñas lanzaron una operación de combate al lavado de dinero contra el grupo criminal de San Pablo, que implicó nueve órdenes de detención y once de allanamiento en el municipio de Campinas de ese estado, según indicó la fiscalía en un comunicado. También fueron bloqueados inmuebles y cuentas bancarias.
Según el texto, el objetivo de la acción fue “combatir esquemas de lavado de dinero operados por empresarios, traficantes de droga e integrantes del PCC”.
Otro ejemplo es la operación que tuvo lugar en agosto, en el que el gobierno federal golpeó un gigantesco esquema de lavado de dinero, también dirigido por el PCC, que operaba en la cadena productiva de combustibles y que habría blanqueado casi 10.000 millones de dólares entre 2020 y 2024.
Este tipo de operaciones podrían ser una alternativa a la confrontación directa en la lucha contra las organizaciones criminales, pero, por ahora, sus logros en coartar el accionar de los grupos han sido poco evidentes, y sus resultados, menos espectaculares.
