Una millonaria deuda amenaza la estabilidad del sector eléctrico colombiano y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio para millones de usuarios, en especial, los más vulnerables. Así lo advirtió el presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, que alertó sobre el peligro de incrementos drásticos en las tarifas de energía y la viabilidad de las empresas comercializadoras.
El panorama se agrava con la entrada en vigor de nuevas regulaciones y medidas fiscales que, lejos de aliviar la crisis, podrían profundizarla.
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Y es que el sector eléctrico enfrenta una situación financiera crítica, con una deuda que asciende a $6,2 billones. De ese monto, $2,4 billones corresponden a subsidios, $1,3 billones a deuda oficial y $2,5 billones a la opción tarifaria.
Manzur precisó que “de esos 6,2 billones, cerca del 70% es deuda pública, tanto del orden nacional como territorial”. Afinia, una de las empresas más afectadas, concentra casi el 40% de esa cartera, lo que evidencia la gravedad del problema. La cifra de recursos por recuperar equivale a cerca de dos años de ingreso bruto de remuneración para las empresas del sector, y advierte que los saldos podrían llegar a $7 billones en diciembre, ya que la deuda crece en aproximadamente $300.000 millones mensuales por concepto de subsidios ante la falta de recursos en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025.
Priorización del servicio para todo el mercado
Así las cosas, las advertencias Manzur cobran especial relevancia. “En todo el país enfrentamos una situación financiera muy compleja”, afirmó Manzur en diálogo con Valora Analitik. El dirigente gremial resaltó que la presión financiera también pone en riesgo la continuidad de los subsidios para los usuarios más vulnerables.
De acuerdo con un informe de Asocodis conocido por Semana, la decisión para las empresas, sobre todo las pequeñas que son las más vulnerables, es obvia: “Priorizar su compromiso de seguir prestando el servicio a todo el mercado, lo que evidentemente afectaría que puedan continuar las empresas financiando los subsidios (que es una obligación del Estado) y esto podría implicar un incremento promedio alrededor del 90% en la factura de un usuario de estrato 1”.
Impacto de las nuevas regulaciones y medidas fiscales
El gremio también expresó su preocupación por dos normas que, lejos de aliviar la crisis, podrían agravarla. La primera es un decreto del Gobierno nacional que incrementa el anticipo de retefuente por concepto de renta. Manzur explicó a Valora Analitik que, en el caso de Afinia, “el pago anual pasaría de $100.000 millones a $200.000 millones, aun cuando la empresa no registra utilidades. Eso resulta completamente desproporcionado”.
La segunda es la nueva metodología tarifaria que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) planea expedir para los comercializadores. Según Manzur, si se adopta en los términos actuales, “sería una estocada final para el sector, especialmente para los más pequeños, porque reduce sus ingresos en cerca de $1 billón anual. En un periodo tarifario completo, eso equivaldría a una pérdida de 5 billones, lo que haría insostenible la financiación de los subsidios”.
Las nuevas regulaciones impulsadas por el Ministerio de Minas y Energía y la Creg buscan reducir el valor que las empresas reciben por vender energía, con el objetivo de beneficiar a los usuarios en el pago de sus facturas. Al respecto, Manzur enfatizó que “la reducción representaría apenas entre $2.400 y $2.500 mensuales en la factura de un usuario de estrato uno. Es decir, una disminución poco significativa para el hogar, pero devastadora para las empresas prestadoras del servicio”.
De igual manera, la propuesta de la Creg contempla una reducción del componente de comercialización de la tarifa entre un 33% y 45%, lo que implicaría una caída en los ingresos anuales de las empresas de más de $1 billón. Asocodis advierte que siete de las 21 empresas agremiadas, que representan el 45% de la demanda, tendrían disminuciones de ingresos superiores al 30%, lo que haría inviable su operación y pondría en riesgo la prestación del servicio en varias regiones.
Consecuencias para usuarios y empresas
El impacto de estas medidas se sentiría con especial fuerza en la región Caribe y en el Chocó. Manzur explicó que “en el caso de la región Caribe, si las empresas no pueden financiar los subsidios, las facturas de los usuarios de estratos 1 y 2 podrían incrementarse hasta en un 95%”.
A su vez, en mercados como el de Aire-e, el ingreso para el prestador se reduciría en cerca de un 35%, mientras que el ahorro para un usuario de estrato uno sería de solo $6.000 mensuales. Sin embargo, si la empresa deja de financiar los subsidios, la factura de ese mismo usuario podría aumentar en $55.000, es decir, un 95%. En el Chocó, donde la mayoría de los usuarios pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, el incremento podría llegar hasta el 140% en las facturas del estrato 1, lo que representa un aumento de $74.000 mensuales, según el informe conocido por Semana.
Riesgos jurídicos y llamados a las autoridades
El gremio también puso sobre la mesa los riesgos jurídicos asociados a la nueva metodología tarifaria. Asocodis sostiene que la propuesta de la Creg “no se ajusta a las disposiciones legales al pretender, mediante circular, evadir el procedimiento de expedición de actos tarifarios de carácter particular”. Por eso, insiste en que “la Comisión debe conceder a las empresas la actuación administrativa y los recursos de la vía gubernativa, para aprobar los costos y gastos que debe utilizar cada empresa para calcular las componentes de la estructura de tarifas de la comercialización”.
De no corregirse estos procedimientos, advirtió, podrían presentarse demandas de nulidad y restablecimiento de derechos, así como medidas cautelares que agravarían la incertidumbre en el sector.
Así las cosas, la resolución impulsada por el Ministerio de Minas y Energía para la región Caribe representa un alivio temporal para los comercializadores de esa zona, pero deja en una situación aún más precaria al resto de las empresas del país. La definición final de la regulación quedará en manos de la Creg en los próximos 30 días, un plazo que será decisivo para el futuro del sector eléctrico colombiano.
