La presencia de Cristina Eugenia Lombana Velásquez en la Corte Suprema marca un punto singular dentro del sistema judicial colombiano. Su hoja de vida combina trayectoria militar, formación penal y experiencia en la administración pública, un recorrido poco habitual para quienes llegan a la magistratura. Este perfil, que la mantuvo durante años en espacios vinculados a investigación y seguridad del Estado, volvió a ser foco de atención tras el allanamiento a la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Barranquilla.
Lombana es abogada de la Universidad Javeriana y cuenta con estudios en Derecho Penal en la Universidad Panthéon–Paris II. Pasó 14 años en el Ejército Nacional antes de unirse a la Corte Suprema, convirtiéndose en la primera oficial en dar ese salto institucional. Su salida de la fuerza militar, más que un cierre, fue interpretada como una transición excepcional hacia la justicia ordinaria, razón por la cual recibió la Medalla Militar Fe en la causa de las Fuerzas Armadas cuando asumió su cargo en el alto tribunal.
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Antes de llegar allí, se desempeñó como secretaria privada en el despacho del fiscal General de la Nación entre 1995 y 1996, además de haber sido jefe de la Oficina Jurídica del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana. Ese tránsito por espacios administrativos y judiciales consolidó su imagen como una figura técnica, disciplinada y habituada a temas penales complejos.
La controversia se desencadenó el martes 11 de noviembre, cuando la residencia de Benedetti, en Lagos de Caujaral, uno de los sectores más exclusivos del área metropolitana de Barranquilla, fue allanada por orden de la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema. El procedimiento se relaciona con una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que habría ocurrido durante su paso por el Congreso. De acuerdo con el ministro, el operativo involucró a cerca de 30 policías y funcionarios judiciales. El propio Benedetti lo calificó como un “abuso de poder” y aseguró que, durante la diligencia, su esposa fue obligada a entregar su teléfono celular.
El ministro reaccionó de inmediato a través de redes sociales, donde lanzó fuertes señalamientos hacia la magistrada. En sus publicaciones la calificó como “la loca, demente y delincuente ‘magistrada’ Lombana”. También afirmó: “Yo hace tres años dejé de ser senador. Ella no puede investigarme. Está recusada dos veces porque se demostró que trataba de incriminarme según sus intereses.” Según él, su abogado, David Benavides, “tiene mi solicitud para desenmascarar a esta señora que hace llegarle datos a través de terceros al FBI para hacer montajes en mi contra”.
Las acusaciones no se detuvieron allí. Benedetti aseguró que, desde mayo o junio de 2024, la magistrada habría ordenado indagar a unos 50 de sus familiares, incluidos padres, hermanos, tíos, sus esposas y esposos actuales e incluso hijos menores. “Lleva 7 años investigándome, desde octubre del 2018”, insistió, cuestionando la competencia de la Corte Suprema para seguir procesos en su contra al no ser ya congresista.
A la par, sostuvo que siempre ha cumplido con los llamados judiciales y que no se ha negado a comparecer ante ninguna autoridad. “Ella no me investiga, explora el planeta Tierra a ver si cometí un delito. No busca confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”, dijo en una de sus respuestas públicas.
Mientras esto ocurría, la diligencia en Barranquilla congregó a medios, policías y curiosos en la entrada del exclusivo condominio. La vivienda allanada, que en el pasado perteneció al empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos, fue intervenida durante la mañana. Benedetti se encontraba en Bogotá cuando el procedimiento se llevó a cabo y afirmó que este se realizó sin su presencia.
