El profesor José Miguel Fernández, de 65 años, ha decidido no regresar a su puesto en el Centro de Formación Juvenil Valle del Lili en Cali tras sufrir una agresión física por parte de un estudiante, un hecho que ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de los docentes en este tipo de instituciones.
Fernández, quien imparte Biología y Química a adolescentes de octavo y noveno grado en este centro penitenciario juvenil, relató a El País que el ataque ocurrió durante una actividad de nivelación el jueves 6 de noviembre de 2025, cuando solo se encontraban él y dos alumnos en uno de los patios, sin presencia de personal de seguridad.
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El docente explicó que la sesión estaba dirigida a dos jóvenes reclusos que no habían asistido a clases durante los tres meses previos. Según sus palabras, la asistencia a estas actividades es voluntaria para los internos, y aunque existe personal orientador y una ONG encargada del manejo de los reclusos, los profesores no tienen obligaciones disciplinarias.
Fernández detalló que la evaluación de la clase incluía cuatro notas: una por participación, otra por toma de apuntes y dos correspondientes a talleres prácticos. Durante la actividad, uno de los estudiantes mostró interés, respondió preguntas y tomó apuntes detallados, lo que se reflejó en sus calificaciones: tres notas de 5.0 y una de 4.5, la máxima puntuación posible.
El joven celebró sus resultados, buscó a la coordinadora para mostrarle la nota y se despidió con un abrazo, dejando al profesor a solas con el otro alumno. Fernández observó que este segundo estudiante no había realizado los ejercicios, no tomó apuntes y, aparentemente, se encontraba bajo el efecto de sustancias psicoactivas.
Al momento de calificarlo, el profesor le señaló sus respuestas incorrectas y comenzó a marcar con una “M” de malo cada error. Fue entonces cuando, según narró a El País, “de un momento a otro me dio un puñetazo en el maxilar derecho, al lado del oído, y me derribó. Yo perdí el sentido; según las pruebas del médico, aparentemente estuve cinco minutos inconsciente”.
Al recuperar la conciencia, Fernández vio al agresor de pie en la puerta, aparentemente dispuesto a continuar la agresión, por lo que comenzó a pedir ayuda a gritos, lo que provocó la huida del estudiante.
Tras el incidente, Fernández acudió al bloque administrativo para reportar la situación y posteriormente recibió atención médica, donde le diagnosticaron una contusión y le otorgaron tres días de incapacidad. Más allá del dolor físico y la inflamación, el profesor expresó a El País que “además de la agresión física, el dolor de cabeza, la inflamación y problemas en el oído, lo más doloroso es el golpe moral”.
El docente manifestó su preocupación por la seguridad en el centro y subrayó que los directivos deben tener en cuenta que “nosotros no estamos trabajando con niños y que esto no es una escuelita”.
El episodio generó inquietud entre el resto del cuerpo docente, que consideró enviar una carta al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a otras entidades para exigir el traslado inmediato del agresor a otro penal. Además, los profesores se reunieron con el rector para discutir medidas que garanticen la protección de los trabajadores.
Desde la Secretaría de Educación, Fernández ha recibido atención psicológica. No obstante, el docente lamentó a El País que, tras la incapacidad médica, debió reincorporarse a su labor “como si no hubiera pasado nada”, aun con la cara inflamada y dolor de cabeza. “Hago un llamado de atención para la protección de la vida y dignidad de los maestros al interior de estos penales”, declaró Fernández, quien considera que este tipo de agresiones constituyen una forma de presión de los estudiantes para obtener mejores calificaciones, bajo la amenaza de represalias.
Ante la falta de garantías y la percepción de que no se implementarán correctivos internos, Fernández comunicó a El País su decisión de no regresar al plantel y solicitó a la Secretaría de Educación la posibilidad de ser reubicado en condiciones más seguras.
