La familia del sargento Andrew Wolfe recibió la visita del presidente en funciones, Donald Trump, en el Despacho Oval, mientras el militar permanece hospitalizado recuperándose tras un tiroteo en Washington donde perdió la vida su compañera de escuadrón, Sarah Beckstrom. Según informó The Hill, el presunto responsable del ataque es un ciudadano afgano de 29 años. Este episodio, que ha captado una considerable atención mediática y política, coincide con la decisión del tribunal federal de apelaciones del Distrito de Columbia de habilitar de forma temporal la permanencia de cerca de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en la capital estadounidense, una medida adoptada mientras se resuelve la disputa legal sobre la intervención impulsada por la Administración Trump.
De acuerdo con lo detallado por The Hill, la intervención de la Guardia Nacional en Washington responde a un plan estratégico promovido por la Casa Blanca bajo el liderazgo de Trump, con objetivos centrados en la prevención del delito en zonas gobernadas por autoridades demócratas. Este despliegue se organiza bajo la coordinación del Pentágono y limita las tareas de los efectivos a funciones de seguridad interna no militares, sin realizar operativos bélicos en la ciudad.
El medio The Hill consignó que la decisión provisional de la corte de apelaciones dejó sin efecto de manera temporal una orden previa de la jueza federal Jude Cobb, quien había ordenado la suspensión del despliegue y la convocatoria de refuerzos provenientes de otros estados. La jueza fundamentó su medida señalando que la movilización instruida por el gobierno federal superaba los límites legales establecidos para la intervención de fuerzas federales en escenarios urbanos, según la normativa vigente, y que vulneraba disposiciones legales expresas. En documentos citados por The Hill, Cobb precisó que, en su opinión, la intervención federal impulsada por la Administración Trump no estaba contemplada dentro de las atribuciones legales permitidas para acciones de seguridad ciudadana.
Antes de que se dictara la resolución provisional de la corte de apelaciones, la jueza Cobb ya había prorrogado su propio fallo, extendiendo la suspensión de su orden hasta el jueves siguiente, con el objeto de conceder tiempo a las autoridades federales implicadas para formular recursos y avanzar con la apelación. Segun puntualizó The Hill, la medida transitoria del tribunal permite que el operativo continúe mientras se examinan los argumentos de fondo y se decide si la suspensión del despliegue se ratificará de manera indefinida.
La presencia de la Guardia Nacional en Washington sigue en pie bajo la estructura y supervisión federal, aunque su misión permanece circunscrita a trabajos de prevención y seguridad interna dentro del ámbito urbano y no involucra funciones propias de operaciones militares convencionales, de acuerdo con la información publicada por The Hill.
El proceso judicial destacado por The Hill sigue planteando interrogantes acerca del alcance de la autoridad presidencial para disponer el uso de fuerzas federales en conflictos de seguridad local, sobre todo en territorios donde prevalecen gobiernos estatales o municipales de orientación opositora. Estas tensiones institucionales han formado parte de un debate sostenido sobre la relación entre el poder ejecutivo y las competencias jurisdiccionales de autoridades estatales y municipales.
Tal como reportó The Hill, la última decisión del tribunal representa sólo una etapa transitoria en la disputa legal, ya que los jueces no se han pronunciado aún de manera definitiva sobre la legalidad o constitucionalidad del despliegue federal en la capital. El fondo del caso permanece en estudio, mientras se aguarda el análisis completo sobre si las acciones de la Administración Trump respetaron los límites normativos previstos para este tipo de intervenciones.
El operativo actual, según remarcó The Hill, permanece habilitado mientras se desarrolla el proceso de apelaciones, con la expectativa de que la justicia determine si el apoyo federal promovido por la Casa Blanca puede continuar o debe cesar conforme al marco legal. En tanto, la situación del sargento Andrew Wolfe y la muerte de su compañera continúan generando reacciones políticas y sociales en el contexto más amplio de la seguridad urbana y la intervención federal en la capital estadounidense.
