El Tribunal Supremo de Colombia negó la prisión domiciliaria a Rodolfo Palomino, exdirector de la Policía Nacional, y ordenó su encarcelamiento tras determinar su responsabilidad en presionar a una fiscal para favorecer al empresario Luis Gallo, implicado en un caso relevante de despojo de tierras en Córdoba. Según publicó Caracol, además de la condena a siete años y un día de prisión, el tribunal impuso a Palomino una multa de alrededor de 250 millones de pesos —una suma que supera los 56.259 euros y equivale a 174,9976 salarios mínimos mensuales del país—, e impidió su reintegración a cargos públicos durante nueve años.
La sentencia, reportó Caracol, se fundamenta en hechos acontecidos en 2014, época en la que Palomino desempeñaba la dirección de la Policía Nacional. El fallo judicial documenta que el general retirado visitó el domicilio de la fiscal especializada Sonia Velásquez con la intención de interceder por el empresario Gallo, buscando la suspensión de una orden de captura en su contra. Este pedido tuvo lugar en el contexto de una operación de gran envergadura contra el despojo de tierras en la región de Tulapas, en el departamento de Córdoba, al norte del país, un caso marcado por la supuesta intervención de integrantes del grupo paramilitar de los Castaño.
Según difundió Caracol, la corte determinó que Palomino recurrió a presiones e intimidaciones para lograr que Velásquez suspendiera la orden contra Gallo, lo que derivó en la liberación del empresario pese a que no se corroboró la prueba de descargo. El pronunciamiento judicial destaca que este proceder alteró profundamente la autonomía y la independencia que la función judicial requiere, obstaculizando además una investigación calificada como clave en la región.
El tribunal, de acuerdo con lo consignado por Caracol, señaló que Palomino actuó con conocimiento de la ilicitud de su intervención y recalcó la responsabilidad institucional que implica la jefatura de la Policía Nacional. En su fallo, la instancia subrayó: “Lo que debió fue colaborar con la funcionaria judicial y no ponerse al margen de la Constitución y de la Ley en beneficio de intereses mezquinos, para tratar de impedir que la aprehensión se cumpliera”.
Caracol detalló que durante las audiencias del caso, la fiscal Sonia Velásquez expuso las condiciones bajo las cuales se sintió presionada por Palomino y la dificultad de operar bajo intimidación directa de una autoridad de alto rango. La corte consideró que situaciones semejantes afectan gravemente la credibilidad del sistema judicial y las garantías de protección de derechos en el marco de investigaciones por despojo de tierras.
La negativa a la solicitud de prisión domiciliaria se basó, según divulgó Caracol, en la valoración de la severidad de los hechos y el impacto generado en la administración de justicia. El tribunal concluyó que no cabía una alternativa menos restrictiva a la pena privativa de libertad convencional, recalcando la necesidad de sancionar de manera ejemplar conductas de esta naturaleza para preservar la confianza pública en las instituciones.
El caso de Luis Gallo, pieza central del proceso, forma parte de un amplio expediente sobre apropiación ilegal de tierras en Tulapas, donde confluyeron intereses de organizaciones criminales y empresarios, según revelaron las pesquisas difundidas por Caracol. El accionar de Palomino, dado su rango y función, fue interpretado por el tribunal como un agravante, pues el propio director general de la Policía ostenta un papel simbólico y real en el marco de la lucha contra la corrupción institucional.
Además de la condena de prisión, la sentencia incluye una inhabilitación de nueve años para ejercer cargos públicos, una medida que busca impedir que Palomino acceda de nuevo a posiciones de responsabilidad en el Estado. La sanción económica, establecida por el Tribunal Supremo y comunicada por Caracol, tiene el objetivo de desincentivar la repetición de actitudes similares en el aparato estatal, reforzando el mensaje de que el tráfico de influencias desde posiciones de mando no tendrá tolerancia.
El fallo podría sentar un precedente, ya que, según fuentes judiciales consultadas por Caracol, su alcance podría extenderse a procesos similares sobre despojo de tierras en la región de Córdoba, sentando una jurisprudencia sobre la obligación de imparcialidad y la prohibición de interferencias de funcionarios de alto rango en investigaciones criminales.
Caracol informó que Palomino anunció la presentación de un recurso contra la decisión judicial, que será evaluado por instancias superiores. No obstante, hasta tanto no se resuelva este trámite, el exgeneral permanecerá privado de libertad en un establecimiento penitenciario, como estipula el fallo. El proceso judicial contra Palomino se inserta dentro de los esfuerzos del Estado colombiano por sancionar actos de corrupción y asegurar la credibilidad de la justicia, en especial en casos relacionados con la restitución y protección de tierras, una problemática persistente en varias regiones del país.
Según reportó Caracol, la actuación de Palomino tuvo lugar mientras ejercía formalmente el liderazgo institucional de la Policía Nacional, lo cual otorga mayor gravedad a la conducta juzgada por el Tribunal Supremo. Este aspecto resultó determinante en la ponderación de la pena y las medidas accesorias impuestas, al considerar la corte que los altos funcionarios deben mantener, en todo momento, una conducta acorde a los principios constitucionales y legales.
