La controversia sobre el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) pasó a un nuevo nivel después de que Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras y representante del Partido Libertad y Refundación (Libre), difundió una carta pública donde sostiene que el mencionado sistema constituye una “verdadera trampa” que permite la manipulación de actas y resultados electorales. Este pronunciamiento, realizado a través de la red social X, derivó en la presentación de acciones legales por parte de otros miembros del CNE y en una mayor presión internacional respecto a la transparencia y legitimidad del proceso electoral hondureño, según reportó Europa Press.
Ochoa explicó en su carta que el TREP, el sistema electrónico empleado para transmitir los primeros resultados de los comicios, no solo abre la puerta a la modificación de los resultados obtenidos en las urnas, sino que también podría facilitar el acceso irregular a las plataformas para alterar datos, además de permitir la retención intencionada de actas y la caída deliberada del portal de difusión. De acuerdo con Europa Press, el consejero planteó que estas prácticas formarían parte de un plan premeditado impulsado por el Partido Liberal y el Partido Nacional, con la complicidad de aliados fuera del país para influir en la determinación del ganador electoral.
La denuncia provocó una inmediata reacción legal. Cossette López-Osorio, también consejera en el CNE, respondió en la misma red social anunciando la ampliación de acciones judiciales contra Ochoa y recordando que ya había interpuesto una querella previa por presuntos actos de difamación y una denuncia relacionada con once cargos que involucran violencia hacia la mujer. «Responderá por todos los delitos que comete contra mí, responderá y sin inventarle pruebas falsas», manifestó López-Osorio en declaraciones recogidas por Europa Press. Esta confrontación refuerza la fractura interna en el máximo organismo electoral hondureño y pone en evidencia la escala de judicialización de los conflictos entre sus altos funcionarios.
La crisis interna en el CNE se intensificó luego de que Ochoa insistiera, tanto en sus declaraciones públicas como en entrevistas mencionadas por Europa Press, en acusar directamente al Partido Liberal y al Partido Nacional de orquestar un “fraude electoral organizado”. Según el consejero, los métodos empleados permitirían la transferencia de votos entre candidatos y la alteración directa de las cifras oficiales, lo que constituye, a juicio de Ochoa, una amenaza para la expresión auténtica del pueblo en las urnas. Además, atribuyó estas irregularidades a una presunta alianza entre los principales líderes del bipartidismo tradicional y factores externos dispuestos a intervenir en el resultado de los comicios.
El intercambio de acusaciones sucedió en un contexto de vigilancia internacional fortalecida. Europa Press reportó que Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, hizo un llamado a las autoridades hondureñas y a los actores políticos para que salvaguarden la independencia y transparencia del CNE. Landau enfatizó la necesidad de mantener la integridad del proceso y afirmó: “El pueblo hondureño merece que se respete su voluntad y se escuche su voz”, subrayando que sólo una independencia institucional plena del CNE podría garantizar la credibilidad del conteo de votos y actas. Según Europa Press, Landau rememoró el apoyo que el expresidente estadounidense Donald Trump brindó en su momento a Nasry Asfura, candidato presidencial, y destacó que la comunidad internacional, en particular Estados Unidos, continúa atenta al desarrollo del proceso electoral en Honduras. «Los ojos del mundo, incluidos los nuestros, están puestos en Honduras», declaró.
El CNE, tal como explicó Europa Press, está compuesto por tres consejeros designados por el Congreso Nacional con mandatos de cinco años. La presidencia se alterna entre los integrantes y se encuentra sujeta a la prohibición de mantener actividades partidistas mientras dure el cargo. Desde su establecimiento en 2019, en sustitución del anterior Tribunal Supremo Electoral, el Consejo tiene la misión de organizar, supervisar y garantizar la transparencia en los procesos electorales hondureños.
El debate sobre el TREP y los señalamientos de fraude se producen en un momento donde se incrementa la demanda de la sociedad hondureña y la comunidad internacional por aclarar los procedimientos de transmisión y recuento de votos. Tanto los sectores políticos como los ciudadanos muestran preocupación sobre la legitimidad del proceso y la estabilidad institucional en el país. Europa Press subrayó que la confrontación interna en el CNE, junto con la presión internacional, ha generado una situación de alta tensión, acumulando denuncias legales y mediáticas en el seno del ente encargado de administrar la democracia en Honduras.
Ochoa, al insistir en la necesidad de proteger la “expresión genuina de la voluntad popular”, reiteró que la ciudadanía hondureña rechaza cualquier intento de manipulación de resultados y convocó a fortalecer los mecanismos de protección del sufragio. La polarización política que atraviesa el país se canaliza en el órgano electoral, donde las acusaciones cruzadas, las demandas judiciales y la presión de organismos y actores foráneos evidencian la complejidad del ambiente previo y posterior a los comicios nacionales. Todo ello redunda en la urgente exigencia de depurar los sistemas de registro y conteo electoral, así como de fortalecer la confianza pública en las instituciones responsables del proceso democrático, señaló Europa Press.
