Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han declarado este miércoles en el juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que en los registros de su despacho y de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, se llevaron más información de la autorizada por el juez porque técnicamente era imposible filtrar antes de copiar.
Así se han pronunciado en la quinta jornada de la vista oral que se celebra en el Tribunal Supremo (TS) contra García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Se trata de ocho agentes de la UCO que participaron en los registros que se llevaron a cabo de forma simultánea, durante más de diez horas, en los despachos de García Ortiz y Rodríguez el 30 de octubre de 2024 por órdenes del magistrado instructor, Ángel Hurtado.
Los uniformados han explicado que copiaron toda la información contenida en los teléfonos móviles, ordenadores, discos duros y cuentas de correo electrónico que encontraron, a pesar de que el auto que autorizaba los registros fijaba el límite temporal entre el 8 de marzo y el 30 de octubre de 2024.
A preguntas de las acusaciones, han expuesto que se hizo así porque técnicamente era imposible copiar solo la información contenida en ese límite temporal, si bien alguno ha aclarado que ese cribado se hizo posteriormente, a la hora de seleccionar la información.
En concreto, han indicado que en el despacho de García Ortiz copiaron el contenido de dos teléfonos móviles -el personal y el de trabajo, que desde Fiscalía General del Estado (FGE) se avisó de que se acababa de cambiar–; un disco duro con copia de seguridad del ordenador de sobremesa, que también se advirtió de que se había cambiado recientemente; y tres cuentas de correo electrónico, dos oficiales y una personal.
Sobre este registro, han puntualizado que el ordenador también se revisó y en esa búsqueda sí se seleccionaron archivos, aunque no han sabido concretar si limitados a ese marco temporal.
Interrogados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado -en defensa del fiscal general– acerca de la actitud que mantuvieron tanto éste como el personal de la FGE, los agentes han confirmado que adoptó una «actitud colaboradora», facilitando incluso contraseñas.
Del despacho de Rodríguez, han especificado que recabaron la información de dos teléfonos móviles -el personal y el de trabajo–, del ordenador de sobremesa y de cuatro cuentas de correo electrónico.
El abogado del Estado José Ignacio Ocio ha puesto de relieve que, al no acotar los volcados de los dispositivos electrónicos encontrados a las fechas indicadas, los agentes se llevaron «7 meses y 22 días» de información. Y, en el caso de Rodríguez, que estuvo procesada pero finalmente fue exonerada por la Sala de Apelación, ha subrayado que su móvil personal guardaba datos desde 2018.
«HABRÍA LLEVADO SEMANAS»
«Entonces, ¿no acataron el límite temporal?», ha cuestionado Ocio. «En la medida de lo posible había que hacer eso, pero si técnicamente no se puede, se hace lo que hicimos», ha contestado un agente.
Otro uniformado ha precisado que, en lo tocante a los correos electrónicos se podría haber hecho el cribado exigido «imprimiendo correo a correo», si bien ha advertido de que «eso habría llevado semanas».
Según ha recordado Ocio, esto provocó que él mismo se quejara al final del registro del «carácter desproporcionado de la documentación que se estaban llevando» del despacho del fiscal general.
