La desaparición de las extremidades de Carolín Alejandra Vitola Cuello, una adolescente de 16 años residente de Barrancabermeja, siegue siendo el principal ejemplo de la brutalidad de los crímenes que afectan a la ciudad y el profundo temor que vive la población.
El asesinato, ocurrido el 7 de mayo, expuso una vez más la influencia de grupos armados ilegales y la crisis de seguridad que atraviesa este municipio, donde los propios habitantes reconocen el dominio de organizaciones delictivas en sectores enteros, aunque las autoridades lo niegan.
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“A Carolín Alejandra la mataron peor que a un perro. En todo este tiempo no ha pasado nada con su caso. Ya se olvidaron de ella, de mi niña…”, señaló la madre de la joven en diálogo con Vanguardia.
De hecho, según una reciente investigación adelantada por el medio, el temor es compartido por otros habitantes de la ciudad, quienes denuncian amenazas constantes y resguardan su identidad por miedo a represalias.
Y es que las estadísticas reflejan la gravedad de la violencia. Hasta la fecha, Barrancabermeja ha registrado 93 homicidios en lo que va del año, posicionándose como uno de los municipios intermedios con mayor índice de asesinatos en el país.
En 2024, la ciudad contabilizó 161 homicidios, representando un incremento del 31% en comparación con los 122 asesinatos de 2023. El Sistema de Información para la Política Criminal del Ministerio de Defensa Nacional reportó una tasa de homicidios de 66 por cada 100.000 habitantes en 2024, la cifra más elevada en la última década. El año anterior, esta tasa fue de 49,2 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Según publicó Vanguardia, la inseguridad está estrechamente relacionada con la disputa de territorio y negocios ilícitos. Durante años, el accionar de grupos armados en el Puerto Petrolero se ha traducido en extorsiones, asesinatos selectivos y desplazamiento forzado.
El informe de la Comisión de la Verdad señala que entre 1985 y 1995, Barrancabermeja representó el 15% de las victimizaciones en la región, con 2.193 víctimas. Los asesinatos selectivos constituyeron el 58% de esos casos y el 19% del total regional. El sicariato se consolidó como la principal modalidad de homicidio, seguido por la desaparición forzada (13,4%) y acciones bélicas (10%).
Un detalle relevante del mismo informe indica que el 39% de los presuntos responsables no han sido identificados, mientras que los paramilitares concentran el 23%, los grupos guerrilleros el 22% y los agentes estatales un 15%.
Comerciantes de diversos sectores, tanto formales como informales, relataron a Vanguardia cómo la amenaza se ha generalizado, forzando a muchos a cerrar sus locales o cambiar de ramo, y provocando una ralentización en la vida nocturna y el consumo.
La situación no distingue clase social: propietarios de grandes empresas, tiendas de barrio, vendedores en semáforos y empleados han sido alcanzados por la intimidación. Afecta incluso la decisión de denunciar, ya que la percepción de impunidad prevalece y el miedo paraliza a las víctimas.
De las 78 denuncias formales recibidas este año por el Comando de Policía del Magdalena Medio, las propias víctimas alertan sobre un subregistro que podría superar en 50 veces la cifra oficial.
Testimonios recogidos por Vanguardia describen la metodología de extorsión: llamadas con exigencias de pago, amenazas de convertir a comerciantes y sus familias en “objetivo militar”, disparos contra fachadas de negocios como represalia y, en casos extremos, incendios provocados. Un caso reciente incluyó un retén armado en el puente Guillermo Gaviria, donde se verificó, con lista en mano, quiénes habían cumplido con los pagos extorsivos.
“Una mañana toda Barrancabermeja se enteró de que una estructura armada montó un retén y, con lista en mano, empezaron a verificar quién había pagado la extorsión y quién no. Lo hicieron en pleno puente. A la vista de todos”, señaló uno de los afectados al diario regional.
La preocupación aumenta aún más por el desplazamiento forzado: la semana pasada, Amnistía Internacional denunció el éxodo de 26 familias, compuestas por 53 personas, que debieron huir tras meses de amenazas de grupos armados que buscan controlar las aguas del Magdalena Medio e imponer represalias a quienes denuncian delitos ambientales. Según la Federación de Pescadores Artesanales, Ambientalistas y Turísticos del Departamento de Santander (Fedepesan), los pescadores venían bajo asedio desde hace meses.
En Barrancabermeja operan las denominadas “fronteras invisibles”, que establecen los grupos armados, limitando actividades económicas y la movilización de la población.
Diversos sectores y empresarios afirman que los mecanismos tradicionales de interacción empresarial han debido ceder ante el asedio. Muchos relatan que deben bloquear los teléfonos registrados en la Cámara de Comercio para evitar amenazas, lo que limita severamente la actividad y la relación con los clientes.
La situación de inseguridad y violencia ha llevado al secretario del Interior de Barrancabermeja, Harold Villabona, a buscar la autorización del alto comisionado de Paz, Otty Patiño, para iniciar diálogos regionales dirigidos a buscar acuerdos con los actores armados. Villabona explicó a Vanguardia que se han recibido comunicaciones de cabecillas como Jhon Jairo Fernández Portala, alias “Marihuano” —recluido en la cárcel de Palmira—, quien expresó su interés en explorar procesos de paz en la ciudad. La administración local sostiene que solo podrán avanzar en estos procesos con el aval explícito del Gobierno Nacional.
Las autoridades han vinculado la actual ola de violencia a una disputa territorial entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y la organización liderada por alias “Marihuano”, quien, pese a estar encarcelado, presuntamente dirige la banda Los de la M y La Unión, con dominio sobre varias comunas.
Así lo afirmó la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos (Credhos), que precisa la expansión de estos grupos hacia la extorsión y el control comunitario. El presidente de Credhos, Iván Madero Vergel, sostuvo que en muchos casos, quienes lideran las estructuras armadas no residen en la ciudad, sino que operan desde otras regiones cercanas.
El arribo del Gaula Militar el 31 de mayo, formalizado en presencia del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, estableció un esfuerzo conjunto de las fuerzas armadas para enfrentar la extorsión y el secuestro en 30 municipios de Santander, Boyacá, Cesar y Antioquia. La unidad —compuesta por más de 100 hombres— enfrenta desafíos logísticos y operativos, incluyendo insuficiencia de combustible y demoras en la emisión de órdenes de captura por parte del sistema judicial.
De acuerdo con información recabada por Vanguardia, el grupo ha logrado 28 capturas y desarrollado más de 1.600 operativos de información, pero la expectativa de la población sobre su eficacia sigue condicionada por los obstáculos administrativos y la magnitud del problema.
