El impacto de la reforma al impuesto al patrimonio de 2010 en Colombia quedó en evidencia tras la publicación de un estudio reciente del Banco de la República, que documenta consecuencias negativas de gran alcance para las pequeñas y medianas empresas (pymes).
El análisis señala que la medida, que se aplica sobre el valor total de los bienes y derechos que posee una persona o entidad en una fecha determinada, descontando ciertas deudas u obligaciones, y equivale a un valor que ronda entre el 0,5% y el 1,5% sobre el patrimonio líquido que supere ciertos umbrales establecidos por la ley, redujo la inversión y la productividad en este segmento empresarial, restringió el acceso al crédito empresarial y afectó el empleo, lo que plantea interrogantes sobre la conveniencia de este tipo de políticas fiscales en el futuro.
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El informe, que tuvo la colaboración de los investigadores del Emisor Hernán Rincón y Miguel Sarmiento, se centra en los efectos de la reforma tributaria que, a partir de 2010, incluyó a las pymes como sujetos obligados al impuesto al patrimonio. La modificación redujo el umbral de la base gravable de 3.000 millones a $1.000 millones, lo que provocó un aumento del 223% en el número de empresas contribuyentes, al pasar de 3.441 a 11.119.
Además, la recaudación del impuesto creció en 0,3 puntos porcentuales (pp) del Producto Interno Bruto (PIB). La decisión de ampliar la base de contribuyentes respondió a la necesidad de financiar el gasto público tras una severa ola invernal que afectó a varias regiones del país ese año.
Créditos empresariales en el sector financiero
Para evaluar el verdadero alcance de la reforma, los autores recurrieron a una metodología basada en datos administrativos exhaustivos, que incluyeron registros de todos los créditos empresariales en el sector financiero, así como balances e informes tributarios de bancos y empresas.
El enfoque comparó grupos de pymes muy similares en todas sus características, diferenciadas solo por su patrimonio líquido, lo que permitió aislar el efecto causal del impuesto.
El grupo de tratamiento estuvo conformado por las nuevas empresas contribuyentes, es decir, aquellas cuyo patrimonio líquido se ubicó en el rango de $1.000 millones o ligeramente superior, mientras que el grupo de control incluyó a las empresas que permanecieron por debajo de ese umbral.
Los resultados del estudio son contundentes. Los investigadores concluyeron que “el impuesto causó efectos reales negativos sustanciales sobre la inversión, la acumulación de capital, la productividad y el empleo de las pymes, entre otros”. En términos prácticos, las empresas que comenzaron a tributar tras la reforma experimentaron un deterioro en su desempeño real en comparación con aquellas que no quedaron sujetas al gravamen.
De igual manera, el informe profundiza en el canal financiero por medio del cual se transmitieron estos efectos adversos. Tras la reforma, las empresas gravadas sufrieron una descapitalización que repercutió de manera directa en la relación con el sistema bancario. El volumen de crédito otorgado por los bancos a estas compañías se redujo entre un 2% y un 6%, mientras que las tasas de interés subieron entre 50 y 100 puntos básicos. Además, los plazos de los créditos se acortaron en torno al 30%.
Contracción de la oferta de crédito
Según el estudio, estos cambios reflejan una contracción de la oferta de crédito, motivada por una mayor percepción de riesgo por parte de las entidades financieras.
El análisis desglosa aún más los efectos diferenciados según el nivel de apalancamiento de las empresas. De esta manera, “las pymes gravadas que ya presentaban altos niveles de endeudamiento enfrentaron condiciones crediticias aún más restrictivas que sus pares no contribuyentes”.
Ante la dificultad para acceder a financiamiento bancario, estas empresas incrementaron su dependencia del crédito comercial. Sin embargo, la oferta de este tipo de crédito también se redujo en cerca de 7,3 puntos porcentuales para sus contrapartes.
Impacto sobre los bancos
El estudio identifica, además, un impacto directo sobre los bancos sujetos al impuesto y un efecto indirecto sobre sus clientes empresariales. En particular, se observó que “los bancos altamente gravados reducen el crédito e imponen tasas de interés más altas a las nuevas empresas contribuyentes, lo que confirma las distorsiones que genera el impuesto sobre la oferta de crédito”.
El contexto histórico del impuesto al patrimonio en Colombia ayuda a entender la evolución de esta figura tributaria. Entre 2002 y 2017, el gravamen se aplicó tanto a empresas como a individuos, siempre con carácter temporal. A partir de 2018, la carga se eliminó para las empresas nacionales y se mantuvo solo para las personas naturales. Según el informe, esta decisión buscó evitar los efectos negativos sobre el tejido empresarial que ahora quedan documentados.
