Durante 2025, quienes buscan la residencia permanente en Estados Unidos podrían enfrentar cambios en el criterio conocido como public charge (carga pública) o causal de inadmisibilidad por dependencia del gobierno. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) registró ante la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios (OIRA, por sus siglas en inglés) una propuesta que podría modificar la forma en que se evalúa el uso de beneficios públicos.
Uscis propone nuevos cambios en la carga pública
La propuesta registrada ante OIRA el 3 de noviembre de 2025 podría significar cambios en el alcance de la regla. De acuerdo con un artículo publicado por Newsweek, el texto oficial de la propuesta no fue emitido públicamente, por lo que no se conocen las variaciones precisas. Hasta que la norma propuesta sea publicada para comentarios, cualquier ajuste permanece en etapa preliminar.
Sin embargo, la regla vigente sigue en efecto, y los solicitantes deben basar sus decisiones en ella mientras se desarrolla el proceso regulatorio. Los interesados deben mantenerse atentos a actualizaciones oficiales, ya que las reglas pueden evolucionar en función de decisiones regulatorias y políticas administrativas.
¿Cuál es la regla vigente sobre la carga pública que puede afectar al trámite de la green card?
Según se establece en el sitio web de Uscis, la regla actualmente en vigor fue establecida en septiembre de 2022 y comenzó a aplicarse en diciembre de ese mismo año. Esta norma mantuvo la interpretación histórica del concepto de public charge: solo se considera carga pública a un no ciudadano que probablemente dependerá principalmente de asistencia gubernamental para cubrir necesidades básicas de subsistencia.
La definición se centra en dos áreas clave:
- Asistencia económica en efectivo para mantener ingresos
- La institucionalización a largo plazo financiada por el Estado
En el contexto de solicitudes de tarjeta verde, ser considerado probable carga pública puede resultar en la negación de la residencia permanente. Por ello, es importante comprender qué beneficios se toman en cuenta, cuáles no influyen en la determinación y qué factores se evalúan en cada caso.
Beneficios que sí influyen en la evaluación de carga pública
La regla de 2022 establece que únicamente ciertos beneficios se consideran evidencia relevante para determinar si una persona podría depender del gobierno. Entre ellos se encuentran:
- La Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés)
- La Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés)
- La asistencia económica estatal o local destinada específicamente a cubrir necesidades básicas del hogar
En estos casos, la asistencia debe estar enfocada al mantenimiento directo del ingreso familiar.
Otro aspecto incluido es la institucionalización financiada por autoridades públicas. Esto se refiere a la permanencia en establecimientos de cuidado a largo plazo en los que los costos son cubiertos por Medicaid u otros fondos gubernamentales. Este criterio se limita a situaciones de institucionalización extendida y no aplica a servicios de salud temporales o de rehabilitación.
El uso de estos beneficios no determina automáticamente que una persona sea considerada carga pública. Los oficiales deben evaluar la totalidad de las circunstancias, lo que implica revisar documentación, historial laboral, entorno familiar y estabilidad económica.
Beneficios que no se consideran en la prueba de carga pública
La regla vigente aclara que la mayoría de los programas y apoyos sociales no forman parte del análisis. Entre ellos se encuentran:
- Programas de ayuda alimentaria como SNAP o WIC
- La atención médica general, lo que incluye la cobertura bajo Medicaid en la mayoría de los casos, así como servicios de vacunación y tratamiento médico de emergencia
- También se excluyen los programas de vivienda, como subsidios o vales de alquiler, y servicios de apoyo legal o comunitario.
Qué beneficios hayan recibido otros integrantes del hogar tampoco afecta la evaluación del solicitante. Por ejemplo, si un hijo ciudadano estadounidense recibe atención médica pública o ayuda alimentaria, esto no se considera un factor negativo para la persona que solicita la green card.
Esta distinción tiene el propósito de evitar que familias elegibles abandonen servicios de salud o alimentación por temor a consecuencias migratorias. Aunque la preocupación sigue presente en muchos hogares, la regla de 2022 delimita claramente cuáles programas influyen y cuáles no.
