El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica están citados a declarar este miércoles en la Audiencia Nacional en el marco de la causa en la que se les investiga por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, ha acordado citarles a comparecer a raíz de la querella que presentó la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya Terra Santa. Además de Jainaga, tendrán que acudir a sede judicial, a partir de las 10.00 horas, el director general corporativo de Sinedor, Marco Pineda; y el director comercial de la compañía, Íñigo Molero.
En la providencia de citación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el instructor sostiene que se puede «deducir» que los tres investigados intervinieron en los hechos que se investigan, es decir, en «la venta de partidas de acero, repetidamente, a la IMSI».
De Jorge considera que los mencionados directivos de Sidenor actuaron «con pleno conocimiento» de que el comprador era «un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero y de que el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento, sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente».
En dicha resolución, el magistrado notifica que «los hechos son imputables también a la sociedad mercantil Clerbil SL, quien ostenta igualmente el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa SA».
APLICA LA DIRECTIVA EUROPEA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE
Sin embargo, el instructor considera que «por el momento no tendrá la consideración de persona jurídica investigada la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU, dado el papel activo de los trabajadores de esta empresa y su contribución a la denuncia pública y a impedir la continuación de la actividad presumiblemente delictiva».
En este caso, el magistrado aplica a dicha mercantil la directiva europea de protección del denunciante, que extiende el amparo a las personas jurídicas que puedan tener la condición de informantes. Así, avisa de que «no quedará afectada por las medidas cautelares, y eventualmente de las penas, que puedan imponerse a las personas jurídicas».
De Jorge entiende que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público, tanto por la información publicada a diario en prensa y televisión como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, «entre otras personas y agencias de la Naciones Unidas».
A juicio del magistrado, estos hechos serían constitutivos de un delito de contrabando y de otro de participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o, alternativamente, de complicidad en un delito de genocidio.
Las de Jainaga, Pineda y Molero serán las primeras declaraciones que se celebren en el marco de esta causa, dado que hasta el pasado octubre estuvieron bajo secreto de sumario.
LA QUERELLA
La querella, a la que tuvo acceso Europa Press, fue presentada el pasado junio por la Comunitat Palestina de Catalunya, que asegura que Sidenor ha enviado «1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024» a la israelí.
La asociación justificó atribuir a los investigados el delito de contrabando porque considera «iluso» pensar que la empresa hubiese podido mandar los materiales sin saber que era obligatorio tener un permiso.
«Debe considerarse, además, que Sidenor, al dedicarse a la fabricación de aceros especiales y contar con la certificación de calidad para la producción de material de defensa, posee un conocimiento especializado del sector, por lo que resultaría iluso pensar que pudieran estar enviando acero a una empresa armamentística israelí sin conocer la necesidad de obtener una autorización previa», subrayó.
