El Gobierno tiene localizados diversos emplazamientos de la red ferroviaria nacional donde tuvieron lugar actos de represión franquista como depuraciones del personal del ferrocarril, si bien no ha realizado un inventario específico sobre los mismos.
Así lo explica en el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a diputados de Izquierda Unida que se interesaron sobre este particular y, en concreto, por el destacamento penal de Bustarviejo (Madrid), el único visitable de toda España, y que va a ser declarado Lugar de Memoria Democrática.
Fue el pasado mes de mayo cuando la Secretaría de Estado de Memoria Democrática inició los trámites para conceder esta distinción a todos los destacamentos penales donde estuvieron internos los presos republicanos que el franquismo utilizó como mano de obra en régimen de semiesclavitud para construir el tren directo de Madrid a Burgos.
6.000 PRESOS HICIERON LA LÍNEA MADRID-BURGOS
En concreto, entre 1941 (año de la creación de Renfe) y 1955, alrededor de 6.000 presos redimieron sus penas en la construcción de esta línea ferroviaria. Gran parte de ellos habían sido detenidos y sentenciados por consejos de guerra a penas de muerte por adhesión a la rebelión, conmutadas posteriormente a 30 años y un día de reclusión, o a penas menores si el delito era auxilio a la rebelión.
Levantaron un total de 11 destacamentos, túneles, viaductos, estaciones, apeaderos, muelles de mercancías y carreteras de enlace de esta vía, en virtud del sistema de Redención de Penas por el Trabajo del Patronato de la Merced.
El Gobierno tiene previsto declarar Lugar de Memoria los enclaves de los destacamentos penales de la línea, conocidos como los de Chamartín (en la actual estación madrileña), Fuencarral, Colmenar Viejo, Las Jarillas (Filial de Chozas de la Sierra), Chozas de la Sierra (actual Soto del Real), Miraflores de la Sierra, Valdemanco, el filial de Valdemanco (en Lozoyuela), el filial de Garganta de los Montes (Lozoyuela), Garganta de los Montes y Bustarviejo.
BUSTARVIEJO, EL ÚNICO QUE SIGUE EN PIE
El pasado mes de junio, una tormenta provocó el derrumbamiento del techo del destacamento penal de Bustarviejo –el único que se mantiene en pie porque durante años se usó para el ganado– y la Asociación de Memoria Histórica Los Barracones, que es la gestiona la visitas al lugar, ha pedido la colaboración de la Delegación del Gobierno en Madrid.
Por este asunto preguntaron al Ejecutivo los diputados de IU, que también querían saber si el Gobierno tienen planeado hacer un mapa con todos los espacios de la red ferroviaria relacionado con la memoria democrática.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo explica que la asociación que gestiona el destacamento penal de Bustarviejo tiene abierta una campaña de recaudación de donativos para poder sufragar los trabajos de restauración de los daños ocasionados por el temporal y que, en todo caso, el lugar «está fuera y alejado de los límites de suelo titularidad de Adif, que en esa zona se circunscriben a la plataforma y el talud».
Aunque el Gobierno dice no tener constancia de «un inventario específico de lugares vinculados a la memoria de la represión en el ámbito de la red ferroviaria española», explica que sí se conoce la existencia de diferentes emplazamientos.
Además de los citados, el Gobierno menciona los campos de concentración de Albatera (Alicante), Castuera (Badajoz), Aranda de Duero y Miranda de Ebro (Burgos), así como «diversos poblados ferroviarios», muchos de los cuales fueron considerados «estaciones de castigo» para personal represaliados a través de procedimientos de depuración.
CASI 83.000 PROFESIONALES DEPURADOS
Según explica el doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Autónoma de Madrid, Francisco Polo Muriel, en ‘La depuración del personal ferroviario durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1975)’, esta afectó a afectó a 82.831 profesionales, un 88% del total de las plantillas de las diferentes empresas ferroviarias que operaban en la época.
Un 26% del total resultó afectado por sanciones de diversa índole: 6.782 fueron separados del servicio y despedidos mientras que 6.500 fueron sancionados con traslado de residencia o servicio.
En 2018 el Ministerio de Transportes ya rindió homenaje a estos profesionales a los que se impusieron sanciones, cárcel, exilio o penas de muerte.
