El CERMI pide a los grupos del Senado una subcomisión de estudio sobre la sostenibilidad financiera del tercer sector

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El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha alertado sobre la inminente amenaza que enfrenta el sector social por las limitaciones del actual sistema de financiación, describiéndolo como un modelo completamente agotado que compromete la continuidad de las entidades solidarias en el país. Como respuesta, la organización ha solicitado a los grupos parlamentarios en el Senado la constitución de una subcomisión que estudie y proponga soluciones para garantizar el sostenimiento económico del tercer sector de acción social, una propuesta que, según el propio CERMI, debería plasmarse en recomendaciones de acción durante el año 2026. Así lo dio a conocer el medio que sirve como base para este artículo.

Según detalló la fuente, el CERMI identifica a la Cámara Alta como el espacio más adecuado para liderar este proceso, dada su capacidad de canalizar distintas voces e intereses y desarrollar un análisis integral sobre el futuro del tercer sector. La organización remarcó la importancia de que la subcomisión escuche a todos los grupos de interés, incluyendo representantes de los poderes públicos, la academia y las propias entidades del tercer sector, con el objetivo de realizar un diagnóstico completo y plural de la realidad financiera de las organizaciones sin ánimo de lucro.

El CERMI remarcó que el modelo vigente de sostenibilidad para las entidades de acción social presenta déficits y carencias de índole estructural, imposibilitando que estas instituciones continúen su labor de manera previsible y sostenida. Según publicó el medio, la organización consideró imprescindible incorporar un nuevo esquema de financiación que fortalezca la seguridad jurídica, brinde predictibilidad a los flujos de recursos, garantice montos suficientes y conferra estabilidad a largo plazo.

La petición del CERMI, detalló la fuente, pone de relieve la urgencia de redefinir el marco de sostenibilidad financiera sobre fundamentos sólidos que recojan el máximo consenso político y social posible. Las recomendaciones que surjan de la subcomisión deberían sentar las bases para que el Estado articule un modelo renovado de apoyo a las organizaciones sociales, de modo que se refuerce el papel de la sociedad civil organizada en labores de cohesión y bienestar social.

De acuerdo con lo informado, el CERMI considera esencial que estas propuestas cuenten con la participación de todos los sectores implicados, atravesando el debate político y social y consolidando la legitimidad del nuevo enfoque ante los retos presentes y futuros del sector. En su manifiesto al Senado, la entidad resaltó que solo con un esquema de financiación robusto y adaptado a las nuevas realidades será posible mantener las respuestas solidarias que requieren miles de personas beneficiarias de estos servicios en España. La organización advirtió que, de no afrontar este cambio estructural, el país se enfrenta al riesgo de ver reducida la capacidad de intervención social y la cohesión que proporciona el tejido asociativo.

El medio informó que la solicitud del CERMI se enmarca en un contexto donde las organizaciones no lucrativas de iniciativa social han denunciado en los últimos años un deterioro paulatino de los mecanismos públicos de financiación, señalando la necesidad de introducir reformas que den certeza y permitan planificar proyectos a medio y largo plazo.

En el documento remitido por la organización y recogido por la fuente, se sostiene que el fortalecimiento del tercer sector exige dotar a las entidades de recursos suficientes, lo que permitiría asumir con garantías su papel como motor de cohesión y agente de bienestar. Desde el CERMI enfatizaron que el rediseño del modelo de sostenibilidad cobra especial importancia en una coyuntura económica y social donde las demandas de apoyo social continúan altas y se incrementa la presión sobre las redes de apoyo comunitario.

La iniciativa presentada ante el Senado promueve, según consignó el medio, el establecimiento de un foro de debate técnico y político dentro de la Cámara Alta que, en el plazo máximo de dos años, formule estrategias concretas respaldadas por el conjunto de actores del sector y de la administración. El CERMI defendió, de acuerdo con la fuente, la necesidad de que este proceso aborde las causas profundas del desequilibrio financiero y que anticipe soluciones innovadoras y realistas para consolidar el futuro de las entidades sociales en España.

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