Greg Abbot firmaría “la prohibición más severa” de Estados Unidos para estos migrantes en Texas

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El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció públicamente su respaldo a una legislación que busca restringir el derecho a adquirir tierras dentro del estado a ciertos inmigrantes. El proyecto, conocido como SB 17, ya superó una votación clave en la Cámara de Representantes estatal y se encuentra en las etapas finales del proceso legislativo.

Abbott aprobará la SB 17: qué restricciones implica para los inmigrantes en Texas

Luego de que la Cámara de Representantes de Texas aprobara la SB 17 tras un extenso debate, Abbott no esperó para expresar su postura. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), escribió: “Pronto firmaré la prohibición más severa en Estados Unidos para impedir que personas de naciones extranjeras hostiles como China, Rusia, Irán y Corea del Norte compren o posean tierras en Texas”.

Abbott prometió promulgar

El proyecto de ley, impulsado en el Senado por la legisladora republicana Lois Kolkhorst, apunta directamente contra individuos, empresas y organizaciones provenientes de países que, según informes de inteligencia, representan amenazas a la seguridad nacional estadounidense. La Cámara texana debatió durante casi seis horas la propuesta antes de aprobarla con 85 votos a favor y 60 en contra.

Aunque aún resta una última lectura en la Cámara para que la norma quede formalmente aprobada, la promesa de Abbott deja en claro que su promulgación será inminente.

Qué contempla la SB 17 y a quiénes afecta: restricciones para adquirir tierras en Texas

El texto del proyecto establece una batería de restricciones a la compra o adquisición de bienes raíces en Texas por parte de personas o entidades vinculadas a países designados como adversarios. Este señalamiento proviene de las evaluaciones anuales que realiza la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos.

Alcance amplio: la prohibición cubre terrenos agrícolas, viviendas, propiedades comerciales y derechos sobre aguas subterráneas

Según la legislación propuesta, quedarían inhabilitados para adquirir terrenos en Texas:

  • Gobiernos extranjeros identificados como hostiles, como China, Rusia, Irán y Corea del Norte.
  • Empresas con sede en esos países o controladas directa o indirectamente por sus gobiernos.
  • Personas físicas oriundas de dichas naciones que no residan legalmente en Estados Unidos o que hayan ingresado al país norteamericano por pasos no autorizados.
  • Individuos que actúen como representantes, intermediarios o agentes de cualquiera de las entidades anteriores.

Quedan exceptuados de esta prohibición:

  • Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales.
  • Entidades comerciales controladas exclusivamente por ciudadanos o residentes legales.
  • Contratos de arrendamiento cuya duración no supere los 100 años.

Qué tipos de propiedades abarca la prohibición SB 17 en Texas

El alcance del proyecto no se limita únicamente a campos o terrenos rurales. La definición de “propiedad inmueble” dentro del texto es amplia y abarca múltiples categorías:

  • Tierras destinadas a la agricultura o la cría de ganado.
  • Inmuebles con edificaciones de uso agrícola.
  • Propiedades comerciales o industriales.
  • Viviendas de uso residencial.
  • Minas, canteras, maderas en pie y minerales no extraídos.
  • Derechos sobre aguas subterráneas o superficiales.

Es decir, cualquier tipo de terreno o derecho asociado a bienes raíces podría verse alcanzado por la norma si su comprador está vinculado a alguno de los países señalados.

Ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes quedan excluidos de las restricciones

Procedimientos legales y sanciones previstas por la nueva ley de Texas

El proyecto otorga al fiscal general del estado de Texas un rol central en la aplicación de la ley. Tendrá la facultad de investigar las transacciones sospechosas y determinar si hubo violaciones al texto legal. Si así fuera, podrá:

  • Presentar acciones legales ante los tribunales del condado donde se encuentre la propiedad.
  • Iniciar procedimientos para confiscar los bienes involucrados.
  • Coordinar con agencias locales, estatales o federales para derivar los casos.

Una operación considerada ilícita no será automáticamente anulada, pero el fiscal podrá intervenir sobre los bienes en cuestión. Además, tendrá potestad para requerir documentación y realizar interrogatorios como parte del proceso de indagación.

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