El Congreso de la Nación y los 24 gobernadores han coincidido en aprobar varios proyectos de aumentos permanentes en el gasto y el déficit fiscal de la Nación. Se trata de una mejora en las jubilaciones del 7% más un aumento de 57% en el bono para los que cobran la mínima, una extensión por dos años de la moratoria previsional, la emergencia para discapacitados, la distribución a las provincias en forma automática de una parte del fondo de aportes del Tesoro y mayores transferencias del impuesto a los combustibles. En algún caso se proponen algunas modificaciones en ingresos u otros gastos para supuestamente financiar el mayor gasto, pero en cualquier caso la suma de estas iniciativas haría desaparecer el superávit primario que fue uno de los cambios que permitió reducir sustancialmente la tasa de inflación.
Los proyectos son muy malos por varios motivos.
Aumentan el déficit fiscal nacional. La discusión acerca de cómo reasignar los gastos del Estado es válida, pero ello requiere propuestas que reduzcan otros gastos o aumenten los ingresos en un monto equivalente al mayor gasto propuesto. Los proyectos no satisfacen esa condición básica.
Por ejemplo, los recortes sugeridos de otros gastos son de un monto irrisorio comparado con el impacto presupuestario de los cambios propuestos. Además, en el caso de las reducciones de algunas exenciones tributarias hay otros problemas. Por ejemplo, se incluyó mecánicamente la eliminación de la exención en IVA para los directores de sociedades ignorando que una reforma en tal sentido reduce los ingresos fiscales (la eliminación de una exención mejora los ingresos cuando se trata de una venta a consumidor final y en realidad los reduce cuando es una venta intermedia como es el caso de los honorarios de directores) y se eliminan los beneficios tributarios a las SGR que hoy permiten reducir el costo de financiamiento que enfrentan las empresas pequeñas y medianas.
Además, se omitió que los mayores ingresos previstos se coparticiparán con las provincias mientras que el mayor gasto deberá ser afrontado solamente por el gobierno nacional. En otras palabras, una posible compensación por mayor recaudación requiere contemplar el efecto del cambio propuesto en los ingresos de la Nación que es quien deberá afrontar las mayores erogaciones.
Son demagógicos. Por el peso que tienen en el presupuesto nacional los gastos en jubilaciones y pensiones no parece haber alternativas a recurrir a medidas más contundentes si se desea mejorar las prestaciones sin afectar la solvencia fiscal. Curiosamente en la Argentina hay un espacio enorme dentro del propio régimen previsional si se decide eliminar privilegios. Parece que a los diputados y senadores no les pareció relevante que en la Argentina haya cientos de miles de jubilados menores de 60 años, que el sistema nacional tenga muchos regímenes especiales (definidos como aquellos donde alguien puede jubilarse a una edad más temprana o con menos años de aporte o con una mayor tasa de reemplazo que en el régimen general), que la edad de jubilación se mantuvo sin cambios desde 1994 a pesar de que la expectativa de vida aumentó, que no hay razones de peso para avalar que las mujeres se jubilen a los 60 años, etcétera. En otras palabras, parece más prudente (y hasta de sentido común) analizar la viabilidad de mejorar los ingresos de los jubilados dentro del marco de una reforma integral del quebrado sistema nacional de reparto.
Tampoco les pareció relevante a nuestros legisladores proponer la reducción de otros gastos tributarios que si tienen un impacto fiscal significativo como el régimen de Tierra del Fuego o la rebaja de IVA a alimentos (recuérdese que para las familias de menores ingresos existen mecanismos alternativos de devolución del IVA).
Ignoran el impacto que tendrían los cambios en el comportamiento de las provincias. Hace algunos años analizamos en FIEL el impacto que tenía un cambio en las transferencias automáticas o discrecionales de la Nación en las decisiones de las provincias. No nos sorprendió que la respuesta fuera diferente. Mayores ingresos automáticos tienden a ser gastados en empleados públicos mientras que mayores ingresos discrecionales tienden a ser gastados en inversión o financian reducciones en los ingresos propios de las provincias. En otras palabras, un ingreso menos seguro se utiliza para financiar medidas que pueden ser revertidas más fácilmente.
No parece que los gobernadores y los senadores hayan reparado que la automaticidad que proponen para los ATN y el impuesto a los combustibles difícilmente financie mayor obra pública.
Omiten que las provincias han reducido el gasto mucho menos que el gobierno nacional. La información oficial disponible de las ejecuciones presupuestarias de las provincias llega hasta el primer trimestre de 2025 (falta el dato de una provincia pequeña). Es posible entonces comparar que han hecho las 23 provincias a lo largo del tiempo con lo realizado por el gobierno nacional. En el cuadro adjunto se incluyen las ejecuciones de los primeros trimestres de los años 2023 a 2025 ajustadas por inflación (base 100 en el primer trimestre del primer año). Así mientras la Nación redujo el gasto en 29% las provincias lo hicieron en sólo el 12%. Se puede ver que el recorte en todas las partidas incluidas en el cuadro entre 2023 y 2025 fue mayor en el gasto nacional que en el de las provincias y que el rebote entre 2024 y 2025 fue mayor en las provincias que en la Nación.
Vale la pena recordar que el nivel de gasto estatal sin intereses de 2023 era insostenible. Había alcanzado en los tres niveles de gobierno a 38% del PBI cuando en 2004 era 22%. En el caso de las provincias el mayor salto se explica por el gasto en personal. Entre 2020 y 2023 el empleo público en las 24 provincias aumentó 70% muy por encima del 28% del crecimiento poblacional. Parecería entonces que hay un enorme espacio para reducir el sobre empleo sin afectar la prestación de los servicios que tienen a su cargo las provincias.
Sin embargo, en lugar de actuar con más energía en la reducción del gasto para corregir los excesos del pasado las provincias lograron que el Senado aprobara mayores transferencias automáticas de aportes del Tesoro y del impuesto a los combustibles.
Conclusión. Hace algo más de una década Fernando Navajas publicó una nota sobre los cuatro jinetes del apocalipsis fiscal que cada tanto aparecían en la historia argentina para colapsar la solvencia fiscal: provincias, seguridad social, empresas públicas y acreedores. Dos de esos cuatro jinetes han sido revividos por los gobernadores y los senadores.
No hay opción a vetar o bloquear estos proyectos y ello requiere que 87 diputados y el gobierno nacional dejen de lado recelos y especulaciones políticas y actúen para frenar este dispendio. Y el momento es ahora porque aun cuando el Gobierno logre ganar las elecciones de octubre no tendría los votos necesarios para revertir lo que hoy se apruebe por Ley porque en ese momento necesitaría mayoría en ambas cámaras, en lugar del tercio que se necesita hoy.
