La convocatoria de una huelga indefinida a partir del 27 de enero, cada martes, lanzada por los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, representa la culminación de varios meses de desacuerdo con el Ministerio de Sanidad sobre el Estatuto Marco de los profesionales sanitarios. Según publicó el medio, la decisión surge tras el rechazo ministerial a incorporar mejoras laborales y salariales para el conjunto de personal del Sistema Nacional de Salud (SNS). Estos sindicatos insisten en que el texto propuesto no responde a las necesidades de todos los profesionales y demandan reformas que permitan una mejor conciliación de la vida laboral y familiar, la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada y parcial de manera voluntaria, además de una clasificación adecuada del personal y una jornada laboral digna. Paralelamente, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han anunciado una huelga nacional de cuatro jornadas los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre, sumando a esta medida a otros colectivos del sector. El enfrentamiento se centra en el borrador del nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad y en la ausencia de avances después de casi tres años de negociación.
De acuerdo con la información proporcionada por la fuente, las organizaciones sindicales han puesto en marcha estas acciones después de llevar a cabo más de 60 reuniones con el Ministerio y de mantener una mesa de negociación abierta durante cerca de tres años. A pesar del extenso proceso de diálogo, el Gobierno y los sindicatos no han conseguido cerrar un acuerdo satisfactorio para todas las partes afectadas. El actual Estatuto Marco, vigente desde 2003, no ha experimentado reformas que contenten a los colectivos profesionales, lo que ha empujado a una movilización nacional sin precedentes en el sector salud.
La huelga convocada por CESM y SMA incluirá manifestaciones en todas las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid, la jornada de paro comenzará el 9 de diciembre con una protesta frente al Congreso de los Diputados que culminará en el Ministerio de Sanidad. Según detalló el medio, la principal demanda de los sindicatos médicos radica en la aprobación de un Estatuto Marco específico para el colectivo médico. Consideran insuficiente el capítulo particular ofrecido en la propuesta del Ministerio y sostienen que el sector requiere un Ámbito de Negociación propio, así como interlocutores específicos ante la administración. Esto, enfatizan, permitiría diferenciar sus condiciones laborales respecto a otros titulados del sistema sanitario.
Los portavoces de CESM y SMA señalan, además, su desacuerdo con el modelo de clasificación profesional planteado en el borrador del Ministerio. Indican que el Ministerio mantiene su intención de no distinguir en grupos diferentes a titulados MECES III respecto a MECES II. Explican que, con esta formulación, los graduados con 240 créditos y formación especializada quedarían equiparados a médicos con 360 créditos, lo que según los sindicatos, no reconoce el distinto nivel de responsabilidad entre ambos colectivos profesionales. La demanda también incluye la revisión del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para permitir una división interna en el grupo A de los titulados MECES III, con la creación de la categoría A1+. Los sindicatos afirman que esta reforma tendría impacto en las retribuciones y la valoración profesional dentro del SNS.
Otro de los puntos de fricción tiene que ver con la regulación de las jornadas de guardia. Según informaciones recogidas, los sindicatos médicos denuncian que el nuevo Estatuto Marco no califica la guardia como una actividad extraordinaria ni garantiza una remuneración superior a la del trabajo ordinario. Alegan que la Administración mantiene el sistema actual, que utiliza las guardias médicas para asegurar la cobertura de la asistencia con plantillas que consideran insuficientes. Añaden que el concepto de “necesidades del servicio” sigue vigente, lo cual permite que algunos profesionales tengan jornadas semanales superiores a 45 horas. Los sindicatos critican la ausencia de garantías que impidan esta sobrecarga laboral y demandan condiciones que limiten el abuso de las jornadas extendidas.
El nuevo borrador normativo también mantiene la movilidad forzosa del personal sanitario y un régimen de incompatibilidades que los sindicatos consideran discriminatorio. Esta parte del Estatuto Marco ha generado rechazo entre los diversos colectivos, ya que entienden que no se adapta a las singularidades de cada profesión ni a la diversidad de situaciones dentro del sistema sanitario.
SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde, que forman parte del Ámbito de Negociación, también han subrayado en declaraciones al medio que el nuevo marco jurídico debería regular una jornada laboral digna y adecuada, facilitando la conciliación entre el trabajo y la vida familiar. Sus representantes solicitan que se sienten en la reforma las bases para la jubilación anticipada y parcial voluntaria, un aspecto que afecta al futuro de miles de trabajadores. Estas organizaciones insisten, además, en que el nuevo Estatuto Marco debe ir acompañado de un esquema retributivo justo que refleje la clasificación profesional del personal sanitario.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad sostiene que el texto del Estatuto Marco recoge todas aquellas demandas que puede asumir legalmente, según su competencia. El Ministerio destaca, según el medio, que el borrador incorpora las aportaciones resultantes tanto de las reuniones técnicas como de las discusiones políticas mantenidas con sindicatos, comités de huelga y representantes autonómicos. Sanidad remarca que el Estatuto Marco se configura como una ley básica estatal, que debe compaginar un marco común para todo el país con el respeto a las competencias autonómicas. Bajo esta premisa, argumenta que no está en su mano modificar aspectos que corresponden a las comunidades autónomas, como la organización y gestión concreta de los servicios sanitarios.
El Ministerio ha afirmado al medio que bloquear la aprobación del Estatuto Marco a causa de demandas que superan los límites de su competencia representaría una “oportunidad histórica” perdida para una reforma normativa esperada por el sector desde hace dos décadas. Precisa que no puede definir detalles operativos de gestión interna, ya que hacerlo supondría la invasión de competencias autonómicas y sería inconstitucional. Asimismo, destaca que las condiciones salariales específicas, incluidas las cuantías de las guardias o pluses por nocturnidad, quedan sujetas a la negociación de cada servicio autonómico de salud y a lo determinado por la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a la jubilación anticipada, el Ministerio explica que esta competencia reside en la Seguridad Social y no en el Estatuto Marco, el cual solo puede remitir al Real Decreto 402/2025, de 27 de mayo, donde se regulan los coeficientes reductores para la jubilación. Del mismo modo, indica que tampoco puede establecer un sistema general sobre la distribución de turnos y guardias ni resolver de forma unilateral la reducción de la temporalidad, asuntos que están igualmente ligados a la normativa ya existente y al reparto competencial.
Según el Ministerio de Sanidad, el proceso normativo mantiene una vía legislativa abierta que permitirá la integración de propuestas constructivas en el futuro, siempre que se respeten los límites constitucionales establecidos para la administración central y las comunidades autónomas. Las organizaciones sindicales, en tanto, mantienen la convocatoria de huelga y las protestas en toda España como instrumento de presión frente a los responsables políticos y con la expectativa de lograr avances en la negociación de un texto que regule y mejore las condiciones de los profesionales sanitarios.
