Los residentes de Musoli, Isulu y Bushiangala en el subcondado Sur de Kakamega entregaron un memorando a la Autoridad Nacional de Gestión Ambiental (NEMA) expresando su desacuerdo con el nuevo proyecto minero de oro, citando inquietudes sobre el acceso a tierras ancestrales, la integridad de sitios sagrados y la consulta comunitaria. En ese contexto, el jueves, cuatro personas fallecieron y al menos seis resultaron heridas, incluidos dos agentes de policía, durante los enfrentamientos registrados cuando manifestantes irrumpieron en una audiencia pública sobre la mina promovida por la empresa británica Shanta Gold, según consignó el medio keniano ‘The Star’.
El medio detalló que el incidente se originó en una reunión convocada por el director general de NEMA en una escuela primaria de Kakamega, al oeste de Kenia. El objetivo del encuentro era recabar opiniones de la población local y de otras partes interesadas sobre el proyecto extractivo, que implica una inversión de cerca de 680.000 millones de chelines kenianos, equivalentes a casi 4.500 millones de euros. Durante el desarrollo de la audiencia, un grupo de manifestantes irrumpió en el recinto enfrentándose con las fuerzas policiales destinadas a custodiar el acto.
La policía regional, con su comandante Issa Mohamoud al frente, confirmó los decesos tras el intercambio violento. Según detalló ‘The Star’, los agentes de seguridad abrieron fuego contra los manifestantes, quienes los atacaban arrojando piedras, mientras que dos policías ingresados en hospitales locales habrían sufrido heridas graves por ataques con palos y barras de metal. El balance de heridos incluye también a civiles que participaron en la protesta.
‘The Star’ reportó que los hechos tensaron aún más la relación entre la comunidad local y las autoridades, ya que muchas familias enfrentan la perspectiva de reubicación obligatoria: la mina de oro propuesta prevé desplazar a más de 800 hogares en una zona que abarca más de 136 hectáreas. De acuerdo con el plan presentado por la empresa minera Shanta Gold, la explotación se desarrollaría en modalidad subterránea y afectaría principalmente a las localidades de Musoli e Isulu.
El memorando presentado ante NEMA señala argumentaciones entre las cuales destaca la consideración de que “se trata de una iniciativa comercial privada, no de un proyecto de interés público, y por lo tanto no puede adquirir legalmente tierras ancestrales sin consentimiento”. El mismo documento menciona la presencia de tumbas y lugares sagrados en la zona propuesta para la mina, sumando preocupación sobre la preservación cultural además del impacto social y económico. ‘The Star’ reprodujo fragmentos del escrito dirigido a la autoridad ambiental.
La tensión acumulada por la percepción de exclusión de la opinión local en el proceso de consulta influyó en el desarrollo de las protestas. Según indicó ‘The Star’, los vecinos manifestaron temor a efectos en sus medios de vida y en el entorno y alegaron deficiencias en la transparencia de las decisiones sobre el uso de las tierras.
Durante los disturbios, los periodistas que cubrían el evento también fueron blanco de ataques. Al menos uno de ellos resultó herido, y otros informadores perdieron cámaras y otros equipos en medio del caos, de acuerdo a la cobertura de ‘The Star’. Este episodio puso en evidencia los riesgos para la prensa en contextos de alta conflictividad social alrededor de megaproyectos extractivos.
La compañía Shanta Gold, con sede en Reino Unido, había anunciado en fechas recientes el hallazgo de lo que describe como uno de los yacimientos auríferos más significativos en la historia reciente de Kenia. Su propuesta contempla la creación de una mina subterránea de gran escala para la extracción de oro, lo que genera expectativas tanto económicas como múltiples interrogantes sobre el destino de la región y las condiciones de vida de quienes la habitan.
El despliegue policial durante la audiencia pública pretendía garantizar la continuidad de la consulta, pero la irrupción violenta de los manifestantes terminó por desbordar el operativo de seguridad. Según el reporte de ‘The Star’, los enfrentamientos se intensificaron luego que los agentes fueron superados por la multitud y el control de la situación se perdió, desencadenando la tragedia.
Las repercusiones del suceso involucran no solo a las familias directamente afectadas, sino también a las autoridades kenianas y a la propia empresa minera, que deberán enfrentar el desafío de gestionar tanto el rechazo social como el marco legal de las tierras ancestrales en disputa y los posibles efectos ambientales del proyecto.
La comunidad local ha mantenido una posición crítica desde el inicio de las conversaciones sobre la mina, subrayando en su memorando su desconfianza en el proceso y pidiendo que se prioricen tanto el bienestar social como la protección del entorno natural. De acuerdo con ‘The Star’, la disputa acerca de la legalidad y legitimidad del acceso a tierras ancestrales y la preservación de sitios sagrados sigue siendo un punto central en la controversia.
El incidente de Kakamega refleja la complejidad que enfrentan las iniciativas extractivas de gran escala, sobre todo cuando afectan a comunidades tradicionales y territorios de alto valor cultural, según la información reunida por ‘The Star’. Todavía no se conocen acciones formales adoptadas por las autoridades tras los disturbios, pero el debate sobre el futuro del proyecto minero sigue abierto, en medio de un clima de tensiones y demandas de mayor participación local en la toma de decisiones que puedan afectar su modo de vida.
