La transición energética en Colombia quedó bajo un manto de sospecha tras la solicitud formal de investigación presentada por el abogado Carlos Roncancio ante el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach.
En representación de los trabajadores de la Subdirectiva Única de Oleoductos (SUO), Roncancio exige que se investigue el destino de los recursos públicos asignados a este proceso, señalando directamente a Ocensa y a su gerente, David Alfredo Riaño Alarcón, como responsables de un fracaso que, según sus palabras, trasciende lo técnico y revela una crisis ética y de liderazgo.
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En el documento radicado ante el Ministerio Público, Roncancio sostiene que “el país fracasó rotundamente, y una de las principales responsables de ese desastre es la empresa OCENSA, bajo la gestión del señor David Alfredo Riaño Alarcón”.
El abogado argumentó que, pese a la millonaria inversión estatal, la transición energética “nunca inició ni se ejecutó de forma real, pese a haber contado con financiación y planeación de carácter público”, lo que, a su juicio, configura una presunta desviación o uso indebido de recursos públicos.
La denuncia va más allá de la gestión administrativa y apunta a una descomposición institucional. Roncancio describe que “lo que el Gobierno Nacional presentó como un proceso técnico, transparente y transformador, terminó reducido a una estructura burocrática plagada de nepotismo, improvisación, amiguismo y ausencia total de liderazgo”, según declaró a través de un video.
“La presente solicitud se sustenta en la obligación constitucional y legal que tiene la Procuraduría General de la Nación de ejercer control disciplinario sobre quienes administran recursos públicos o cumplen funciones que afectan directamente intereses estatales, conforme a lo previsto en los artículos 118, 277 y 278 de la Constitución Política”, dice el documento presentado a la Procuraduría.
“Estas normas asignan al Ministerio Público la función de proteger la moralidad administrativa, salvaguardar el patrimonio público e intervenir frente a conductas que comprometan la correcta ejecución de políticas públicas estratégicas, como la transición energética”, se agrega en el texto.
En su análisis, la gestión de Riaño habría transformado a Ocensa de operador estratégico a “un fortín burocrático de carácter personalista”, lo que representa, en sus palabras, “un grave riesgo para la administración de recursos públicos estratégicos”.
El jurista enfatizó que el problema no radica en la falta de recursos o tecnología, sino en la ausencia de liderazgo y visión. “Pusieron al frente de las empresas a personas que no saben y que no entienden la energía limpia. El país fue engañado con un discurso ambiental que nunca existió en la práctica”, afirmó Roncancio.
Esta crítica se extiende a otras filiales del grupo energético, como Cenit, a la que acusa de incumplir obligaciones laborales al negarse a instalar la mesa de negociación colectiva con los empleados, lo que, según él, constituye una violación constitucional.
La solicitud presentada ante la Procuraduría exige la apertura de una investigación disciplinaria y de control preferente sobre la gestión de Ocensa durante la administración de Riaño, en particular en lo relativo al manejo, uso y destino de los recursos públicos orientados a la transición energética.
En el documento se pide específicamente al Ministerio Pública que: “Practiquen las pruebas necesarias para verificar la existencia de irregularidades, incluyendo: – Auditoría especial al uso y ejecución de los recursos asignados a OCENSA para proyectos de transición energética. – Revisión de contratos, convenios, actos administrativos, informes técnicos y decisiones ejecutivas adoptadas durante dicho periodo. – Toma de declaraciones a trabajadores, directivos, interventores y responsables de planeación».
Roncancio solicita que se practiquen auditorías especiales, revisión de contratos y toma de declaraciones a trabajadores y directivos, con el fin de determinar la responsabilidad administrativa, disciplinaria y fiscal que pudiera derivarse del presunto incumplimiento de los deberes funcionales y del posible quebranto a los principios de transparencia, moralidad y eficiencia administrativa.
En su conclusión, el abogado sintetiza la magnitud del señalamiento: “Hoy denunciamos que el proyecto de transición energética del presidente Gustavo Petro fracasó porque fue entregado a malos gerentes y peores asesores. Ocensa, bajo el mando de David Alfredo Riaño, es la muestra más clara de cómo una idea transformadora se convirtió en una mentira política, sin resultados ni visión de país”, declaró Roncancio.
