Debido al poder que tenían las guerrillas en los 80 y 90, en la mayoría de casos afectando directamente a campesinos a los que despojaron de sus tierras y los obligaron a resguardarse lejos de sus hogares, en Colombia se conformaron estructuras paramilitares que en 1997 se consolidaron como Autodefensas Unidas de Colombia con los hermanos Castaño como cabecillas.
La expansión de este grupo armado provocó diferentes consecuencias en el territorio nacional, puesto que con el paso de los años cambiaron sus ideales y terminaron vinculados al narcotráfico y la justicia les atribuyó la muerte de más de 90.000 personas.
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Antes de ser asesinado por un grupo de sus hombres, Carlos Castaño y un sector de las AUC consolidó un acuerdo con el gobierno de turno en Santa Fe de Ralito, que se firmó en julio de 2003.
De la misma forma, como parte de lo pactado, en julio de 2005 entró en vigencia la Ley 975 o Ley de Justicia y Paz, que es la justicia transicional con la que se avanzó con los paramilitares.
20 años después de que comenzó Justicia y Paz, el balance presentado de manera oficial no es alentador, puesto que, de las más de 5.000 personas que se postularon (que se presentaron para hacer parte del proceso), solo 1.490 siguen ligados a la justicia transicional.
En ese aspecto, 841 tienen sentencia condenatoria de manera parcial y 287 se vincularon a la Justicia Especial para la Paz (JEP), la cifra restante (3.260) quedaron inactivos del proceso.
Debido a los pocos avances que han tenido algunos de los casos, la Fiscalía General de la Nación ha radicado un proyecto con el que busca modificar la ley mencionada y hacer que los procesos abiertos puedan ser cerrados y comience el proceso de reparación de las víctimas que siguen esperando.
Otro lunar que se ha resaltado es que de la cifra de vinculados, 2.684 no han sido ratificados, 271 murieron durante el proceso, 146 no comparecieron ante la justicia, hay reportes de qué 129 volvieron a delinquir y 12 de los que terminaron el proceso incumplieron en la verdad.
Por los hechos confesados por militantes de las AUC, se han abierto más de 500.000 investigaciones, pero 249.000 tuvieron salidas procesales de archivo o remisión, mientras que el número de víctimas directas o indirectas sigue aumentando, ya que a la fecha son más de 533.000.
Respecto a las investigaciones que individualizan a las AUC como un grupo armado, 22.197 están en indagación, más de 127.000 han sido tomadas por la magistratura y solo en 14.707 casos se ha terminado el proceso con una sentencia.
Esto último ha provocado que diferentes sectores califiquen como un fracaso el cumplimiento del acuerdo de paz con las AUC, principalmente porque la mayoría de los paramilitares volvieron al conflicto conformando estructuras paramilitares como la Oficina de Envigado, las Águilas Negras o el Clan del Golfo.
Una reintegración lenta
Debido a que uno de los objetivos de un acuerdo de paz es lograr que los vinculados sean resocializados de manera efectiva, desde 2014 comenzó una ruta de reintegración de 1.386 individuos, de los cuales, el 39% completó el proceso de manera efectiva.
De los restantes, 658 siguen vinculados al acuerdo, 88 han dejado de asistir a los eventos de compromiso y 97 han sido reportados de manera oficial como inactivos. Cabe mencionar que el 97% de los que comenzaron la reintegración son hombres.
Entre los que siguen activos en el proceso, 490 son personas entre los 45 y 59 años, 108 son menores de 44 años y el restante son mayores de 60 años.
