La misiva conjunta pone el foco en la documentación de las violaciones cometidas en El Fasher, subrayando que la impunidad debe finalizar y que la ciudadanía sudanesa merece justicia. El documento, elaborado por representantes de 26 países y la Comisión Europea, condena de forma categórica la violencia generalizada tras la caída de El Fasher, al tiempo que reclama una intervención humanitaria urgente y la exigencia de responsabilidades a los perpetradores de los ataques. Según publicó Europa Press, la carta recoge testimonios y análisis que apuntan a “violencia sistemática y continua contra civiles” tras la toma de la ciudad por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), además de alertar sobre el recrudecimiento del conflicto en Darfur Norte y Kordofán.
De acuerdo con el texto difundido, los firmantes expresan “grave alarma” ante informes sobre ataques deliberados contra civiles, asesinatos masivos por razones étnicas, violencia sexual ligada al conflicto, empleo deliberado del hambre como arma y obstáculos al ingreso de ayuda internacional. El comunicado advierte que, de ser comprobados, estos hechos constituirían crímenes de guerra y de lesa humanidad conforme a la legislación internacional, e insiste en que todas las atrocidades deben recibir una condena firme.
La misiva hace énfasis en la urgencia de garantizar un acceso sin restricciones para el Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y otras agencias humanitarias. Los autores consideran insuficiente la respuesta internacional si no se habilita de inmediato la entrega de alimentos, medicinas y otros recursos básicos a las zonas más afectadas. Europa Press detalló que el documento califica de “intolerable” la persistencia del hambre en la región, atribuida a restricciones en las rutas de acceso humanitario.
La declaración conjunta reclama la protección de las personas civiles y la observancia del Derecho Internacional Humanitario por parte de todas las partes implicadas en el conflicto. Los países firmantes solicitan el desbloqueo inmediato del acceso a suministros esenciales y el paso seguro para la población desplazada, en cumplimiento de la Resolución 2736 del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, exigen que se acuerde un alto el fuego junto a una tregua humanitaria de un trimestre, como se estipula en la declaración previa suscrita por Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos en septiembre.
Europa Press consignó que los países que firman la declaración también manifiestan preocupación por cualquier iniciativa dirigida a fragmentar Sudán y se solidarizan con la soberanía, unidad e integridad territorial del país africano. En el documento se expresa que el pueblo sudanés conserva el derecho a habitar en paz, dignidad y justicia, libre de injerencias externas.
En la carta, los representantes de los Estados instan a las partes enfrentadas a iniciar negociaciones, subrayando que la solución requiere un proceso político amplio e inclusivo encabezado por actores sudaneses. El texto sostiene que solo mediante el diálogo nacional puede afrontarse la actual crisis y responder a los desafíos del país.
Según lo difundido por Europa Press, la declaración reúne las firmas de ministros de Exteriores y altos funcionarios de Alemania, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Reino Unido y Suecia, junto a la Comisión Europea. Igualmente, Canadá, Australia y Nueva Zelanda figuran entre quienes han avalado la iniciativa. Además, los gobiernos de Austria, Chipre, Croacia, Finlandia, Letonia, Polonia, República Checa, Rumanía y Suiza manifestaron apoyo, aunque no rubricaron el documento formalmente.
La declaración llega tras el comunicado del gobernador regional de Darfur, Minni Minnawi, aliado clave del Ejército sudanés, quien estableció como condición para la tregua que las RSF se retiren de todas las urbes capturadas, destacando entre ellas a El Fasher, capital histórica de Darfur. En el contexto del conflicto, los enfrentamientos han generado una crisis humanitaria agravada por la imposibilidad de acceso a los servicios esenciales y la inseguridad constante para la población civil.
El enfoque de los países firmantes, de acuerdo con Europa Press, se centra en presionar por la documentación precisa de las violaciones a los derechos humanos y en la rendición de cuentas de los responsables. El comunicado reafirma que el cumplimiento de las obligaciones legales internacionales y la protección de la ciudadanía representan una prioridad que no puede posponerse. La misiva finaliza remarcando la urgencia de un alto el fuego efectivo y una respuesta política integral que ponga fin al sufrimiento en Sudán.
