La representante a la Cámara María Fernanda Carrascal reveló que en Bogotá ya se tomaron decisiones respecto a la convocatoria que hizo el presidente, Gustavo Petro, para que en todo el país se llevaran a cabo cabildos para convocar a una gran movilización social en contra del hundimiento de la consulta popular con la que esperaba refrendar su reforma laboral, que también archivaron en el Legislativo.
Según la congresista de la colectividad oficialista del Pacto Histórico, el lunes 19 de mayo se decidió que se irán a huelga contra la decisión que se tomó en el Senado y que esta se llevará a cabo a finales del mismo mes.
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“Se convocó una gran movilización popular para los días 28 y el 29 de mayo en respuesta al hundimiento de la Consulta Popular [sic]”, anunció en su cuenta oficial de la red social X.
Agregó que aunque podría pensarse que fue impulsada desde el Gobierno, en realidad, el anuncio es fruto de la Cumbre Social, Política y Popular, que se llevó a cabo el pasado 19 de mayo en la Universidad Pedagógica Nacional.
«El cliché mediático de que cualquier cosa que decidan las organizaciones populares en su autonomía es en realidad una convocatoria del gobierno, revela la ignorancia y el desprecio por la autonomía de los movimientos sociales de quien lo dice”, reprochó.
La congresista insistió en que se trataba de un derecho de la ciudadanía, como sostenía el jurista Roberto Gargarella, quien calificó la protesta como el “primer derecho”.
“¡Lo que pone en riesgo nuestra democracia participativa no es que el pueblo ejerza sus derechos constitucionales, sino que la clase política tradicional y el establecimiento empresarial insistan en su sectarismo e intransigencia contra los clamores populares! [sic]”, agregó.
Precisamente, el martes el presidente Petro lideró el cabildo en Barranquilla y solicitó que las movilizaciones se desarrollen de manera pacifica si era lo que se había decidido finalmente dentro de la convocatoria que está liderando.
En su discurso, transmitido también por televisión, Petro delegó la dirección de las movilizaciones a esta coordinadora, enfatizando que la consulta popular ya no será tramitada “en frío”. Según sus palabras, esta instancia será la encargada de organizar las acciones que el pueblo colombiano deberá tomar en respuesta a las decisiones del Legislativo. Sin embargo, el presidente subrayó la importancia de que estas manifestaciones se desarrollen en un marco de paz, evitando cualquier tipo de violencia o daño a los bienes públicos.
El caso de Epa Colombia fue utilizado como ejemplo por el mandatario para ilustrar las consecuencias legales que pueden enfrentar quienes participen en actos vandálicos durante las protestas. Barrera Rojas fue condenada por destruir infraestructura pública, un hecho que generó gran controversia en el país. Petro advirtió que situaciones similares no deben repetirse, ya que afectan tanto a los manifestantes como a la sociedad en general.
El cabildo en Barranquilla forma parte de una serie de acciones que el gobierno de Petro ha impulsado para movilizar a la ciudadanía en torno a sus propuestas de reforma. La consulta popular, que buscaba el respaldo a la reforma laboral, fue rechazada en el Senado, lo que ha generado tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo.