El operativo de seguridad dispuesto para el partido entre Independiente y Universidad de Chile no logró evitar los graves incidentes que se desataron durante el encuentro. Aunque el ingreso al estadio se desarrolló con normalidad, dentro de las tribunas el control falló: hubo enfrentamientos entre hinchas del club chileno y la barra local, con un saldo de más de 100 detenidos y al menos 30 heridos, dos de ellos en estado crítico. La magnitud de los disturbios expuso las limitaciones del dispositivo preventivo, que había sido anunciado como “integral y coordinado”.
Según lo informado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe), el operativo contemplaba la participación de 650 efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, 150 agentes de seguridad privada -de la empresa UP Seguridad-, 330 trabajadores de la Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (Utedyc), siete ambulancias —dos en el campo de juego y cinco para emergencias generales—, quince grupos de socorristas y una comisaría móvil en el estadio.
Las puertas del Libertadores de América se abrieron a las 18.30, tres horas antes del inicio del partido, y los accesos funcionaron con controles de entrada y DNI, además del ejercicio del derecho de admisión mediante teléfonos inteligentes. La parcialidad visitante fue ubicada en la Tribuna Pavoni Alta, con ingreso por la puerta N°16, sobre las calles Milito y Colón, según el plano difundido por las autoridades. Se anunció que serían 2500 visitantes, pero fueron cerca de 3500.
También se habían dispuesto cortes policiales en las intersecciones de Zona Siete Puentes, España y Sagol, Díaz Vélez y Alsina, Colón y Milito, Constitución y Pedro de Mendoza, Arenales y Colón, y Arenales y Pastoriza, además de controles de tránsito municipal en la zona.
APreViDe había recordado que estaba prohibido el ingreso con insignias o vestimenta de otros clubes, papeles, pirotecnia y banderas que inciten a la violencia. Además, había advertido que el uso de elementos pirotécnicos en las tribunas sería sancionado. También se había solicitado evitar expresiones racistas y actitudes discriminatorias, con la advertencia de que, en caso de detectarse conductas indebidas, se aplicaría la prohibición de concurrencia a espectáculos deportivos según la Ley 11.929, y las sanciones penales previstas en la Ley 23.592, que contempla penas de prisión de uno a tres años.
Pese a estas medidas, los disturbios dentro del estadio pusieron en evidencia que el despliegue no fue suficiente para contener la violencia una vez iniciado el partido.
Un especialista en seguridad que trabajó más de dos décadas en el armado de operativos y habilitación de estadios, que estuvo en contacto con este medio analizó el operativo desplegado en el partido entre Independiente y Universidad de Chile y señaló fallas estructurales en la prevención de los incidentes. Según su testimonio, en el sector asignado a la parcialidad chilena no había presencia efectiva de seguridad privada, lo que permitió que desde allí se arrojaran objetos hacia la tribuna inferior sin que nadie lo impidiera. “Ahí inicia el conflicto”, explicó. La situación se prolongó durante todo el primer tiempo, mientras por los altavoces se pedía evacuar la zona, algo que nunca ocurrió. El especialista también indicó que no se habían dispuesto pulmones de contención entre ambas hinchadas, lo que facilitó la proximidad y el posterior enfrentamiento.
El análisis también apunta a una decisión errónea tomada durante el entretiempo: ambas dirigencias se reunieron con la Policía y acordaron que los hinchas visitantes se retirarían por sus propios medios, algo que, según el experto, “sabemos que no ocurre”. La falta de personal —solo siete agentes de seguridad privada para 3500 espectadores— y la ausencia de medidas de contención generaron un ambiente tenso que derivó en el desmadre. “No creo que haya sido una interna, sino una reacción a la agresión sostenida durante todo el primer tiempo”, agregó. Además, confirmó que la conexión entre tribunas fue abierta desde adentro, y que la llave pertenece al club, lo que plantea interrogantes sobre la responsabilidad institucional en el desarrollo de los hechos.
Ante la consulta de si la cantidad de personas dispuestas para el operativo eran suficientes, dijo que “se quedaron cortos” y analizó: “Hubiese hecho pulmones, eso te consume unos 60 más de seguridad privada y unos 100 policías más”.
