En el marco de la lucha contra el narcotráfico una iniciativa surgida en el Senado de la Nación impulsa un paquete de medidas tendiente a reducir las posibilidades de que los fabricantes de precursores químicos desvíen insumos a la producción de estupefacientes. En esa iniciativa se destaca el aumento de las multas, que no se modifican desde el año 2005, y que en la actualidad son tan bajas que permite que sea más económico para los productores que se inclina hacia el mercado ilegal pagarlas que tener una mayor regulación sobre el destino de esos compuestos básicos para la fabricación de sustancias psicoactivas.
En ese contexto, el senador nacional Maximiliano Abad y la senadora Carolina Losada, presidenta de la Comisión de Seguridad, mantuvieron una reunión con autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación, entre ellos Ignacio Cichello, subsecretario de Lucha contra el narcotráfico y Walter Klix, director del Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE), con el objetivo de avanzar en una propuesta legislativa que actualice y mejore el funcionamiento del organismo.
Según pudo saber LA NACION, en el encuentro se trataron las modificaciones que el proyecto de Abad propone al articulado de la Ley 26.045, que regula el control sobre los precursores químicos, sustancias que pueden ser utilizadas en la fabricación de drogas prohibidas.
El proyecto presenta dos ejes centrales, el primero destinado a la actualización de las multas y el segundo destinado a reforzar las políticas activas en torno a la prevención y la asistencia de personas con consumos problemáticos.
Actualización de multas. Se propone una actualización de las sanciones económicas previstas en la ley. Las nuevas multas pasarían a estar indexadas al salario mínimo vital y móvil, lo que garantiza que su actualización automática. En la actualidad las sanciones van de $10.000 a $1.000.000. Con la modificación irían de $2.680.565 a $268.056.500.
Asignación de Fondos. Si la iniciativa se lleva a cabo, al menos el 30% de lo recaudado por estas multas deberá ser destinado a SEDRONAR, el organismo que se encarga de llevar a cabo políticas integrales en el combate a las drogas. El objetivo es que con el aumento del presupuesto se pueda mitigar el consumo problemático.
“Es fundamental poner en agenda este tema y dotar al Estado de herramientas más eficaces para controlar estas sustancias. Tenemos que actuar rápido, ya que hoy resulta más conveniente pagar las multas que son irrisorias, que realizar los trámites para inscribirse en el Registro Nacional de Precursores”, afirmó el senador Abad al momento en referencia a la propuesta.
“Creo que cualquier política pública seria contra el narcotráfico debe ser integral y no solo debe estar destinada a disminuir el tráfico, sino también a disminuir el daño que la droga genera en nuestra sociedad”, agregó.
