El gobierno de Donald Trump usó una herramienta casi olvidada de la ley migratoria para ordenar la deportación de cuatro estudiantes con residencia legal en Estados Unidos que participaron en manifestaciones propalestinas. Desde 1990 solo se invocó en 15 oportunidades.
Cláusula de política exterior: base legal de una medida excepcional para deportar estudiantes
La sección 8 U.S.C. § 1227(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que permite la expulsión si el secretario de Estado considera que la presencia del individuo puede tener “consecuencias adversas” para la política exterior de EE.UU.
El argumento legal permite deportar incluso a residentes permanentes, como es el caso de Mahmoud Khalil, Yunseo Chung y Mohsen Mahdawi, de la Universidad de Columbia, y Rumeysa Ozturk, de la Universidad de Tufts.
De acuerdo a The Washington Post, la normativa fue incorporada en 1990, pero se aplicó en apenas 15 oportunidades hasta marzo de 2025, según un análisis basado en 11,7 millones de casos migratorios.
Los autores del informe, Graeme Blair y David Hausman, subrayaron que el uso actual de esta cláusula no tiene precedentes y advirtieron que nunca antes se había utilizado como única base para acusar a titulares de tarjeta verde.
Deportaciones por política exterior: casos anteriores y contexto judicial
La cláusula fue invocada mayormente en los años noventa. Desde el 2000, se registraron apenas cuatro casos nuevos. En total, cinco personas fueron detenidas y solo cuatro fueron deportadas bajo este fundamento, de acuerdo con el informe citado en un amicus curiae a favor de los estudiantes.
Uno de los pocos antecedentes documentados fue el del ciudadano saudita Mohammad J.A. Khalifah, deportado en 1995 tras un pedido del gobierno de Jordania. En ese mismo año, la cláusula también se usó contra el mexicano Mario Ruiz Massieu, aunque la justicia bloqueó su expulsión por considerarla inconstitucional. La jueza fue Maryanne Trump Barry, hermana del presidente.
Profesores y juristas: rechazo al uso contra estudiantes
Más de 150 profesores de derecho y ciencias políticas repudiaron el uso de esta disposición contra manifestantes pacíficos. En el informe judicial, sostienen que el gobierno usó una herramienta pensada para casos excepcionales con el fin de castigar posturas políticas.
La profesora Fatma Marouf, de la Universidad Texas A&M, recalcó que “no hay antecedentes de que se aplique por expresar una opinión política”. Y agregó que los estudiantes no tienen un perfil que pueda afectar la diplomacia del país norteamericano.
Por su lado, la administración Trump justificó su acción como parte de una política para frenar el antisemitismo en las universidades. Según informó The Washington Post, estudiantes y docentes aseguran que el presidente busca acallar las críticas a Israel y presionar a las casas de estudio.
El Departamento de Seguridad Interior, a través de su vocera Tricia McLaughlin, señaló que visados y tarjetas verdes “son un privilegio”. Y sostuvo que “quienes apoyen a terroristas o promuevan violencia no deberían permanecer en EE.UU.”.
Un fallo reciente y el riesgo de un antecedente peligroso
A comienzos de abril, un juez migratorio en Luisiana avaló la deportación de Mahmoud Khalil. El secretario de Estado, Marco Rubio, presentó un memo donde afirma que el estudiante fomentó un “ambiente hostil para los estudiantes judíos” y que su presencia obstaculiza la política estadounidense contra el antisemitismo.
El informe presentado ante la Justicia destaca que la aplicación de esta norma depende exclusivamente del secretario de Estado. No requiere demostrar consecuencias reales sobre la política exterior y no incluye un proceso legal significativo, lo que la convierte en una excepción dentro del sistema migratorio.
Para Marouf, la cláusula entrega al gobierno “discrecionalidad absoluta”, por lo que puede volverse una herramienta peligrosa. Advirtió que hoy se usa contra manifestantes propalestinos, pero podría aplicarse contra cualquier opositor político.
