El máximo representante de quien debería ser el contrapeso político del Ejecutivo no se encuentra en el país. El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, abandonó el Perú el pasado 3 de mayo, un día antes de que los 13 mineros reportados como secuestrados desde el 26 de abril fueran encontrados sin vida y con rasgos de tortura al interior de un socavón.
De acuerdo con el registro migratorio del integrante de Alianza para el Progreso (APP), se encuentra en Estados Unidos. Aunque no se han esclarecido los motivos de su viaje, ocurre en un momento crítico para el país, pues ya se había reportado el rapto de los trabajadores en Pataz, una provincia de la región La Libertad.
Consultada al respecto, la congresista Gladys Echaíz, integrante del grupo parlamentario Honor y Democracia, lo acusó de tener vínculos con la minería ilegal. “Él es el asesor de todos los mineros ilegales”, afirmó e indicó que el Congreso tiene una responsabilidad significativa en los hechos ocurridos debido a la aprobación de la extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Tenemos mucha culpa en el caso Pataz por haber aprobado esa ley del Reinfo. Se les dijo, se les habló; pero primaron otros intereses”, expresó.
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