CÓRDOBA.- La Justicia cordobesa declaró la quiebra de la empresa Márquez & Asociados Constructora Desarrollista a partir del pedido efectuado por un profesional que tenía créditos impagos a su favor, en concepto de honorarios. La firma acumula alrededor de 4000 denuncias en su contra por clientes a los que les cobró cuotas prometiéndoles una casa y les incumplió. En la causa penal se estima que solo entregó el 10% de lo percibido.
Este viernes el juez Sergio Ruiz calificó el proceso de “quiebra pedida compleja”, en virtud del importante número de causas civiles ya iniciadas –o a iniciarse- en contra de la empresa como así también en atención las miles de denuncias penales.
Hace un mes están presos los hermanos dueños de la firma: Matías Márquez, gerente general de la compañía; Lucas Márquez, gerente comercial, los directores Juan Pablo y Ariel Márquez. También el contador Ramiro Nieva. Están acusados por supuesta asociación ilícita y estafas reiteradas.
Ruiz prohibió a los terceros efectuar pagos directamente a la empresa, puesto que serán “ineficaces de pleno derecho”. Todo pago deberá realizarse mediante depósito a una cuenta judicial.
También ordenó la inhibición general de bienes de la firma y la indisponibilidad de los bienes inscriptos a su nombre y dispuso que la declaración de quiebra sea anotada en el Registro de Juicios Universales y en el Registro Público.
Además, ordenó registrar de la inhabilitación de la sociedad deudora y de los integrantes titulares del directorio de la sociedad fallida: el presidente Juan Pablo Márquez y el vicepresidente Ariel Hernán Márquez.
La sentencia intima a los terceros que posean bienes de la firma para que, en el término de 24 horas, los entreguen a la sindicatura y ordena la venta de los bienes, aunque se difiere el nombramiento del enajenador para el momento en que la sindicatura efectivice su incautación.
Los acreedores podrán presentar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura hasta el 11 de noviembre de este año, mientras que la sindicatura tiene plazo para el informe individual de créditos el 25 de junio de 2026 y la sentencia de verificación de los créditos será dictada el 18 de diciembre de ese año.
En función de la envergadura de la causa, la multiplicidad de personas afectadas y la incidencia social de la problemática, el juez Ruiz consideró “imprescindible” la participación en el proceso del Ministerio Público Fiscal, las Oficinas de Defensa del Consumidor y la Oficina de Derechos Humanos y Justicia del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.
La causa penal, por su lado, está en manos del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier. Los acusados, según la investigación, usaban el dinero que les daban unos para cubrir los reclamos de los que llevaban más tiempo esperando. En un determinado punto, esa dinámica se quebró. Como en un esquema Ponzi.
La empresa tiene oficinas en Córdoba, Mendoza, San Luis y Buenos Aires, entre otros puntos del país. Por eso en la Fiscalía esperan que la causa siga creciendo. Solo con los números planteados por el fiscal, habría 27.500 viviendas sin construir por las que se habrían recibido -según estimación de los abogados denunciantes de las esposas de dos de los hermanos Márquez- un promedio de 20.000 dólares por cada una.
