Seis personas, entre ellas una jueza de condado, dos miembros del Concejo Municipal y un exadministrador electoral, fueron acusadas formalmente el miércoles en Texas por presunta “recolección de votos”. La investigación sobre fraude electoral es encabezada por el fiscal general del estado, Ken Paxton, y apunta principalmente a demócratas latinos.
El apoyo de Abbott a Paxton
“El pueblo de Texas merece elecciones justas y honestas”, declaró Paxton en un comunicado, en el que afirmó que los funcionarios electos que “hagan trampa” serán responsabilizados. El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó su apoyo: “El fraude electoral es real y será detenido”.
De qué trata la causa que apoya Greg Abbott
Los cargos generaron sorpresa entre activistas latinos, quienes se habían pronunciado sobre una serie de allanamientos policiales realizados en agosto del año pasado y liderados por la oficina de Paxton.
En aquel momento, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC por sus siglas en inglés), una de las organizaciones de derechos civiles latinas más antiguas del país, denunció que agentes fuertemente armados irrumpieron en domicilios, como el de una educadora jubilada de 87 años.
Dichos allanamientos fueron parte de una amplia investigación en enclaves latinos cerca de San Antonio y en el sur de Texas por la “unidad de integridad electoral” del fiscal. Además, involucraron la incautación de teléfonos celulares, computadoras y documentos de operadores políticos y organizadores de votaciones, algunos de ellos de edad avanzada.
Los líderes de LULAC acusaron al fiscal general Paxton, conocido por su postura conservadora, de intentar suprimir a los votantes latinos y solicitaron una investigación al Departamento de Justicia de EE.UU.
Ahora cinco de las personas imputadas, todas con vínculos con candidatos demócratas, enfrentan cargos por recolección ilegal de votos. Esta práctica generalmente implica el contacto con votantes para ofrecer ayuda en la entrega de boletas de voto ausente o por correo a los centros de votación.
Una ley de Texas de 2021 impuso nuevas restricciones a esta actividad, por lo que ahora se considera ilegal entregar una boleta para un tercero. Activistas temen que incluso el intercambio de dinero para gastos, como el combustible para ayudar a entregar una boleta, pueda ser considerado ilegal. Una de las acusaciones del miércoles imputa a los funcionarios el uso de la aplicación CashApp para pagarle a una persona con el fin de que contratara a otra para recolectar boletas.
Los acusados por Ken Paxton
Entre los acusados se encuentran Rochelle Camacho, jueza Frio County; Carlos Segura, ex administrador electoral del mismo condado; Ramiro Treviño y Racheal Garza, miembros del concejo de la ciudad de Pearsall; Adriann Ramírez, fideicomisario del distrito escolar de Pearsall; y Rosa Rodríguez, descrita en la causa como una “presunta recolectora de votos de Frio County”.
Los mencionados están acusados de incurrir en una práctica conocida como “ballot harvesting” (en español “recolección de boletas”) que consiste en recoger boletas de voto de personas ausentes y entregarlas en los centros de votación o en las oficinas electorales. Si bien es una herramienta de utilidad para personas mayores o aquellos con algún tipo de discapacidad que limita su movilidad, en ocasiones ha sido señalada como una vía de cometer fraude.
