En la Argentina, hablar de inclusión laboral para personas con discapacidad es referirse a una deuda estructural que aún no se ha saldado. Pese a los avances normativos y los compromisos internacionales asumidos, el país sigue sin reconocer ni financiar una figura clave para garantizar el acceso y la permanencia en el empleo: el preparador laboral. Esta omisión no es menor; sin este apoyo esencial, la inclusión laboral sigue siendo, para muchos, una promesa vacía.
El empleo con apoyo es una estrategia reconocida internacionalmente para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo competitivo. Dentro de este modelo, la figura del preparador u orientador laboral es central, ya que brinda acompañamiento personalizado para facilitar el acceso, la permanencia y el desarrollo de las personas con discapacidad en su empleo.
Sus funciones son esenciales: desempeña un rol técnico y multifacético, adaptando su intervención a las necesidades de cada trabajador. Sus principales tareas incluyen, entre otras, la evaluación de habilidades, la identificación de capacidades, intereses y áreas de mejora para orientar al trabajador hacia un puesto adecuado.
A la vez, el servicio de intermediación laboral abarca diversas tareas. Por un lado, implica la articulación con empleadores, la sensibilización sobre discapacidad y la promoción de ajustes razonables en los entornos de trabajo. También comprende el entrenamiento en el puesto mediante acompañamiento y capacitación en el contexto laboral hasta alcanzar niveles adecuados de autonomía. Y brinda apoyo a la inclusión sociolaboral, facilitando vínculos positivos dentro del entorno laboral y fortaleciendo el sentido de pertenencia.
Por último, el seguimiento continuo permite evaluar periódicamente el desempeño y bienestar del trabajador, con intervenciones oportunas que favorezcan la estabilidad laboral.
A pesar de la importancia de su rol, el sistema argentino de prestaciones de apoyo no contempla el servicio del preparador laboral. Esto implica que no existe cobertura estatal ni previsión de financiamiento en obras sociales o prepagas. En la práctica, las familias o los empleadores se ven obligados a asumir los costos del preparador laboral. Esta situación, en la mayoría de los casos, se convierte en una limitación al acceso de muchas personas con discapacidad a este servicio clave.
Todo eso contradice los compromisos asumidos por la Argentina al ratificar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El artículo 27 de dicho tratado establece el derecho al trabajo en igualdad de condiciones, lo que supone garantizar los apoyos necesarios para que esto se haga efectivo. Sin embargo, la falta de reconocimiento del preparador laboral deja a muchas personas sin la posibilidad real de acceder y mantenerse en un empleo formal.
Numerosos países ya han comprendido que la inclusión laboral no es un gasto, sino una inversión en equidad y desarrollo social. En la Argentina, para garantizar el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, es imprescindible modificar el marco legal vigente e incorporar el preparador laboral como una prestación de apoyo específica, reconocida y financiada por el Estado.
La inclusión se construye con medidas reales y sostenibles. Debe ser una política de Estado que asegure igualdad de oportunidades y la participación plena de las personas con discapacidad en la vida económica y social. Es hora de que nuestro país transforme los discursos en acciones concretas.
Psicopedagoga especialista en Discapacidad; codirectora del Programa para la Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad de la Universidad Austral
