Desde hace más de 25 años, los argentinos leemos malas noticias sobre el estado de nuestra educación. La semana pasada los diarios volvieron a informaros de este deterioro: el 55% de los estudiantes de tercer grado no entiende cabalmente lo que lee (pruebas Aprender 2024). Pero la mayor tragedia no es esa, sino que, como sociedad, no hemos sabido comprender lo que esto supone. Analicemos la cuestión. En el año 2000, es decir hace un cuarto de siglo atrás, las pruebas PISA revelaban que el 50% de nuestros adolescentes de 15 años no comprendía lo que leía y nos brindaban una serie de cifras sobre el desafío educativo argentino en Matemáticas y en Ciencia (donde los resultados eran también muy graves). Estos datos fueron un primer llamado de atención. No el único. Ya existían entonces los operativos nacionales, ONE y las pruebas regionales de Unesco. En 2006, la evidencia de la OCDE fue contundente: la Argentina fue el país del mundo que más cayó en comprensión lectora. Lejos de mejorar, el paso del tiempo nos siguió mostrando el deterioro. Las pruebas nacionales Aprender y las ERCE de la Unesco continuaron dándonos malas noticias. En 2019, Argentina fue el país latinoamericano que descendió en todas las áreas evaluadas y en Lectura de 6to grado los resultados mostraron que el 68% no alcanzaba el nivel mínimo. Tras la pandemia, en el año 2022, el panorama fue aún más sombrío: en la secundaria, según se leía en el Informe Nacional de Datos del Ministerio, más del 70% de los estudiantes no egresaba de su educación obligatoria en tiempo y forma y respecto de aquellos alumnos que si alcanzaban el último año, las pruebas Aprender nos informaban que el 82,4% de estos jóvenes de entre 17 y 19 años no podían resolver ejercicios básicos de Matemática y que el 43% tenía serias dificultades de comprensión lectora.
A esto se suma que cada evaluación, nacional o internacional, nos muestra una dolorosa desigualdad educativa entre niveles socioeconómicos, entre provincias de nuestro país y por tipos de gestión escolar. Además de ello leemos periódicamente el incumplimiento sistemático de los 180 días de clase “obligatorios” (o de los 190) y de la violación recurrente desde 2007, por parte de los gobiernos de distinto color político, de los niveles mínimos de inversión que establece la Ley Nacional de Educación. Todo esto sucede en un país que, sin embargo, cuenta con ejemplos y excepciones admirables de docentes, estudiantes, escuelas y funcionarios que hacen enormes esfuerzos. Pero los hechos muestran una verdad ineludible: en 25 años no hemos podido mejorar los aprendizajes ni la calidad del sistema. Peor aún, países vecinos de la región como Chile, Uruguay, Brasil, Perú y Colombia, si lo han logrado y hoy nos han superado.¿Qué quiere decir todo esto? Que es la sociedad argentina, en su conjunto, quien no ha comprendido la gravedad ni la urgencia de este deterioro que se lee en los continuos informes de las evaluaciones citadas. A pesar del dramático escenario, lo grave es que la educación no ha sido un tema prioritario en la discusión pública. Esto puede interpretarse como una forma de negacionismo social: muchos ciudadanos creen que sus hijos están bien educados, aunque todos coinciden en que la educación del país está muy mal. La frase “no hay peor ciego que el que no quiere ver” se aplica a todos ya que inclusive la educación de los estudiantes del NSE más elevado registra deficiencias notorias. ¿Qué podemos hacer como individuos ante este panorama? Hay mucho para hacer, pero entre otras ideas hay tres aspectos relevantes. Primero, cambiar nuestra actitud personal frente a la educación. No podemos naturalizar que más del 80% de estudiantes, después de 14 años de escuela, no alcancen los conocimientos mínimos. Debemos comprender, de una vez, lo que significa sufrir las consecuencias de esta tragedia. Y levantar la voz: madres, padres, profesionales, trabajadores, empresarios, periodistas e influencers deben exigir un plan educativo integral —no parcial— que enfrente con decisión el enorme desafío de enseñar y aprender en la Argentina. Se han hecho cosas pero necesitamos más, mucho más, con la urgencia que el tema amerita. Aquí está el futuro de la república. Como explicó el exministro de Perú Jaime Saavedra (hoy autoridad del Banco Mundial), la semana pasada al presentar Aprender 2024: “es un tema de decisión política, de inversión, de apoyo a los docentes; así el cambio es posible en el corto plazo”.
Segundo, necesitamos una auditoría permanente del cumplimiento de nuestras leyes, de las metas educativas, un seguimiento del desempeño y de la gestión, y una rendición de cuentas anual (que como la Ley lo dice debe presentarse ante el Congreso), clara y transparente. No debe ser lo mismo cumplir que incumplir y la sociedad debe monitorear y reclamar este informe. Y tercero, quizás lo más importante: debemos asumir un compromiso activo con la educación, ahora, a la hora de votar. En otros países esto sucedió. En países lejanos como Estonia, Corea y Singapur la sociedad apoyó con su voto los planes educativos, pero esto también sucedió en experiencias cercanas de Perú, Chile y en el Estado de Ceará, en Brasil, cuyo éxito educativo hizo que el nuevo ministro de Educación del gobierno federal brasileño sea uno de los arquitectos de las mejoras en Ceará. En definitiva, decir hoy “Yo voto Educación” es comprender cabalmente la crisis y es también un acto de responsabilidad. No más frases vacías. La ley exige que la educación sea prioridad. Hagámosla cumplir. Sin excusas.
Presidente Educar 2050 y miembro Coalición por la Educación
