(Actualiza con declaraciones de la abogada de Allende en el párrafo 3 y corrige párrafo 4.)
Santiago de Chile, 16 may (EFE).- La exsenadora chilena Isabel Allende acudió este viernes a declarar como imputada ante la Fiscalía por la fallida compra por parte del Estado de la vivienda de su padre, el derrocado presidente Salvador Allende (1970-1973).
La histórica militante del Partido Socialista (PS), de 80 años y quien fue destituida como senadora el pasado abril, ingresó cerca del mediodía a la Fiscalía Regional de Coquimbo, en el norte del país, sin dar declaraciones a los medios, y declaró durante dos horas.
«En la oportunidad realizó un repaso a su delegación de poderes; al seguimiento de indicaciones gubernamentales para convertir la casa del expresidente Salvador Allende en un museo público», indicó su abogada, Paula Vial, en un comunicado.
Se trata de la segunda vez que la excongresista enfrenta a la Fiscalía en calidad de imputada (equivalente a investigado en la jurisdicción española) desde que el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, inició la investigación por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, en la primera oportunidad, el 24 de enero, hizo uso de su derecho a guardar silencio.
La crisis se remonta a fines de 2024, cuando el Gobierno del presidente Gabriel Boric anunció la compra por 933 millones de pesos (cerca de un millón de dólares al cambio de hoy) de la residencia de Allende con el objetivo de convertirla en un museo.
Esta operación requería la firma de contratos con la ahora exsenadora y también con la nieta y exministra de Defensa, Maya Fernández, ambas copropietarias del inmueble e impedidas entonces constitucionalmente para celebrar contratos con el Estado por ejercer cargos públicos.
«Jamás usé mi cargo para beneficio personal y siempre he respetado la Constitución y las leyes”, sostuvo apenas trascendió la noticia Isabel Allende.
La Fiscalía busca esclarecer si la histórica política, en su calidad de senadora, interfirió directa o indirectamente en un proceso que implicaba recursos públicos.
Tras un aluvión de críticas, el Gobierno frenó en enero la adquisición del inmueble, ubicado en la calle Guardia Vieja 392, en el barrio capitalino de Providencia, y pidió la renuncia de la entonces ministra de Bienes Públicos, Marcela Sandoval.
El escándalo, que remeció con fuerza al Partido Socialista, uno de los partidos de la coalición gobernante, también le costó el cargo meses después a Maya Fernández, que abandonó el Ministerio de Defensa en marzo.
El nombramiento de Fernández se consideró simbólico por ser la nieta del presidente derrocado por los propios militares en el golpe de Estado de 1973.
El propio Boric, que en su calidad de Presidente de la República estaba eximido de ser citado a declarar, se presentó ante la Fiscalía, de forma voluntaria y presencial, el pasado 28 de marzo para dar su testimonio sobre el caso.
El mandatario ha insistido desde el inicio que el objetivo de la compra se ajustaba solo a «intereses patrimoniales» y ha defendido en todo momento «la integridad absoluta de la familia» del líder de la Unidad Popular.
Junto a la vivienda de Allende, el Gobierno también anunció la compra de dos propiedades en las que vivió el expresidente Patricio Aylwin (1990-1994), que lideró la transición chilena, un trámite que no despertó ninguna polémica y que sigue su curso con el objetivo de convertir las casas en museos. EFE