Una nueva denuncia constitucional presentada por el Ministerio Público apunta a la presidenta Dina Boluarte por presuntamente ocultar información sobre su historial médico y haber abandonado sus funciones sin notificación formal durante una intervención quirúrgica de carácter estético. El documento fiscal indica que parte de su historia clínica fue retirada del archivo del centro médico donde fue operada, lo que habría dificultado la investigación sobre su real condición durante los días en que estuvo ausente del despacho presidencial.
Cirugía estética y ausencia no declarada
Entre el 26 de junio y el 1 de julio de 2023, la presidenta Boluarte se habría sometido a procedimientos estéticos en la Clínica San Pablo del distrito de Surco. Según el parte médico, las intervenciones incluyeron blefaroplastia, liposucción de papada y la aplicación de toxina botulínica y ácido hialurónico. Estos procedimientos, según el parte fiscal del “Caso Cirugías”, requirieron reposo absoluto por varios días, sin embargo, no se informó oficialmente al Congreso de la República ni se delegó funciones, tal como establece el artículo 115 de la Constitución.
Durante ese tiempo, Boluarte no asistió a las sesiones del Consejo de Ministros. No obstante, firmó desde su domicilio varias resoluciones presidenciales, incluyendo nombramientos y aceptaciones de renuncias de altos funcionarios, sin dejar constancia formal de su retorno a funciones.
Sustracción de documentos médicos
Uno de los aspectos más graves de la denuncia radica en la presunta sustracción o desaparición de parte de su historia clínica. Según el informe fiscal, la evaluación preoperatoria y la nota de alta no fueron ubicadas en los archivos del hospital. La fiscalía sostiene que esta información fue retirada con el fin de ocultar evidencia de su ausencia por razones no relacionadas con salud médica funcional.
Pese a estar en reposo por recomendación médica, Boluarte suscribió varias resoluciones presidenciales. Entre ellas figura la aceptación de la renuncia del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Manuel Gómez de la Torre. La fiscalía remarcó que estos documentos fueron firmados sin que se haya oficializado su reincorporación ni informado formalmente su licencia.
Según la denuncia, la mandataria incurrió en omisión de funciones, al no haber comunicado su imposibilidad de ejercer el cargo por razones médicas. Además, se le atribuye el presunto delito de encubrimiento personal, debido a la presunta alteración del registro clínico.
Sin pronunciamiento del Ejecutivo
Hasta el momento, la Presidencia de la República no ha emitido comunicados sobre esta nueva denuncia. En ocasiones anteriores, la mandataria ha negado que su intervención quirúrgica haya interferido con su labor ejecutiva.
Esta es la quinta denuncia constitucional que la Fiscalía presenta contra Dina Boluarte en apenas dos días, en medio de una creciente presión política y judicial por su gestión.
Las cinco denuncias constitucionales contra Dina Boluarte en dos días
- Enriquecimiento ilícito y omisión de declaraciones juradas: Por el incremento injustificado de su patrimonio entre 2021 y 2024, incluyendo relojes de lujo, joyas y movimientos bancarios sin sustento.
- Encubrimiento personal y omisión de denuncia (Caso “El Cofre”): Por presuntamente haber facilitado la fuga de Vladimir Cerrón usando un vehículo oficial blindado. Denunciada junto a Juan José Santiváñez.
- Omisiones funcionales y encubrimiento (Caso Cirugías): Por no haber informado su ausencia por motivos médicos y presuntamente ocultar parte de su historia clínica.
- Presunto delito de colusión agravada: Por presuntamente favorecer a Víctor Hugo Torres Merino, un amigo de infancia de su hermano, Nicanor Boluarte Zegarra, con la contratación como proveedor de servicios en Qali Warma.
- Denuncia por presunto uso excesivo y desproporcionado de la fuerza pública por parte de la Policía Nacional de Perú y las Fuerzas Armadas ocasionado la muerte de 75 víctimas durante las protestas contra su gobierno.
Estas acusaciones abren una etapa compleja para el Ejecutivo y podrían activar un nuevo proceso de vacancia presidencial, dependiendo de la respuesta que adopte el Congreso en los próximos días.
