Luego de haber sido postergado, el lunes próximo comenzará el juicio oral y público por el caso Odebrecht, la constructora brasileña que pagó sobornos a funcionarios en toda la región para obtener contratos de la obra pública, y que en Argentina tiene en el banquillo de los acusados al exministro de Planificación, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta, el exsecretario en la Obras Públicas, José López, y una veintena de empresarios, por las irregularidades en la construcción de dos plantas potabilizadoras de la empresa estatal AySA.
Se trata de la versión local del Lava Jato, la megatrama de corrupción que comenzó a salir a la luz con una investigación de la Policía Federal de Brasil hace más de una década y que fue ampliándose con las declaraciones de funcionarios y empresarios arrepentidos.
El juicio comenzará el 19 de mayo a las 9:30. Sus audiencias se desarrollarán a través de la plataforma Zoom y se celebrarán los lunes, cada 15 días, a pesar de que la fiscal del juicio, Fabiana León, que viene empujando para darle comienzo al debate, no solo se opuso al cronograma inicial que fijaba una audiencia por semana (por “escasa continuidad”) sino también a la virtualidad. “La presencialidad es la regla general”, dijo, y agregó: “Hace más de 3 años que el mundo, y nuestro país, salió de aquella emergencia”.
Además de los funcionarios mencionados, que fueron procesados por las irregularidades en los contratos con la firma brasileña, irán a juicio: Jorge “Corcho” Rodríguez -que habría oficiado de mediador con la firma brasileña y se encuentra en Madrid, España-; Carlos Humberto Ben, Oscar Raúl Biancuzzo, Carlos María Donnoli, Carlos Alberto Di Somma, Antonio Ernesto Caucino, Aldo Benito Roggio, Tito Biagini, Carlos Guillermo Enrique Wagner, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martín, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Gustavo Horacio Dalla tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallan, Sergio Gabriel Chividini, Jaime José Juraszek Junior, Roberto Fabián Rodríguez, Osvaldo Roberto Gandini, Martín Molinolo Menafra y Carlos Luis Dentone Loinaz.
Dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra “Corcho” Rodríguez en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero. Sin embargo, el empresario todavía enfrenta el proceso por Odebrecht.
El juicio, por el que desfilarán cerca de 300 testigos, estará a cargo de los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli.
La antesala estuvo marcada por un reclamo unificado de muchas de las defensas para postergar el debate, cuyo inicio había sido fijado originalmente para el 7 de abril.
El argumento principal de los abogados fue que todavía restaba producir parte de la prueba, lo que hacía “imposible” delinear una estrategia robusta de cara al juicio oral. Señalaron también que la validez de la sentencia podría ser eventualmente cuestionada si la etapa de instrucción complementaria no estuviera completamente concluida. Entre otras cuestiones, puntualizaron la falta de respuestas a exhortos internacionales y la existencia de pericias aún inconclusas.
La fiscal León se opuso a la postergación. Si bien subrayó la importancia de que los acusados estén en conocimiento de toda la prueba, resaltó que muchos de ellos no demostraron un interés activo ni gestionaron “con diligencia” la producción de los elementos que ahora reclamaban.
La Unidad de Información Financiera (UIF) respaldó esa postura: indicó que no había razones para diferir el juicio y que, dada su duración −que se estima “se extenderá por años”−, las pruebas podrán irse incorporando conforme el debate avance.
El reclamo fue encabezado por los abogados defensores de Casiraghi y Dentone Loinaz, Eduardo Aníbal Chittaro y Gabriel Alberto Lanaro Ojeda, pero fue rechazado por el tribunal.
En su voto, el juez Castelli sostuvo que el pedido era “improcedente” y “extemporáneo”, que buena parte de la prueba ya había sido incorporada y que el peritaje inconcluso estará listo para mitad de año. Afirmó también que se deberá solicitar a Cancillería un informe detallado sobre el estado actual de todas las solicitudes de cooperación internacional. Méndez Signori adhirió al voto de Castelli.
El juez Fernando Canero, por su parte, admitió el planteo, reconoció que sería deseable contar con toda la producción de la prueba, pero que de ningún modo esto obstaculizaba el inicio del juicio. “No se observa −ni las partes han demostrado− una afectación concreta al derecho de defensa en juicio ni al debido proceso legal”, sostuvo.
En septiembre del año pasado, se conoció que parte de la prueba no podría ser utilizada por un fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Se trata de dos sistemas operativos que utilizaba Odebrecht para almacenar su información en Estados Unidos, “Drousys” y “MyWebDay”, que son claves para investigar el pago de coimas de Odebrecht.
En 2016, dos años después de que se desatara el escándalo, la firma Odebrecht confesó el pago de sobornos en Argentina por al menos US$35 millones entre 2007 y 2014. Acá, el expediente se originó también en 2016 y fue elevado a juicio en julio de 2020 por el juez Sebastián Casanello. La investigación estuvo a cargo del fallecido fiscal Federico Delgado.
