Desde 2015, California permite que las personas indocumentadas accedan a una licencia de conducir bajo la llamada Ley AB 60. Aunque la norma no es nueva, aun muchas personas desconocen sus beneficios, limitaciones y riesgos. Para muchos, significó un cambio profundo, sobre todo en el caso de miles de inmigrantes que, por primera vez en décadas, pudieron manejar de manera legal dentro del Estado Dorado.
Qué establece la ley AB 60 de California
La Ley de Conductores Seguros y Responsables, conocida como AB 60, fue firmada por el entonces gobernador Jerry Brown en octubre de 2013 y entró en vigor el 1° de enero de 2015. Esta legislación autoriza al Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV, por sus siglas en inglés) a otorgar licencias de conducir a residentes del estado, sin importar su estatus migratorio.
Hasta 1994, California permitía que cualquier persona, independientemente de su situación migratoria, pudiera solicitar una licencia de conducir. Con la ley AB 60, el estado retomó esa política, al permitir que aproximadamente 1,4 millones de conductores sin licencia previa pudieran manejar legalmente.
La licencia AB 60 tiene una apariencia distinta a las licencias estándar y no puede usarse para acceder a instalaciones federales restringidas ni para abordar vuelos comerciales. Tampoco otorga el derecho a votar, trabajar legalmente o recibir beneficios públicos adicionales.
Requisitos para obtener una licencia AB 60 en California
El proceso para obtener esta licencia es similar al de cualquier otro solicitante, pero con requisitos específicos para quienes no pueden demostrar presencia legal en el país norteamericano.
Para obtener una licencia AB 60, se debe:
- Presentar documentos válidos que acrediten la identidad (como pasaporte, acta de nacimiento o matrícula consular).
- Comprobar residencia en California mediante recibos de servicios, contratos de alquiler u otros documentos.
- Aprobar un examen teórico sobre reglas de tránsito.
- Superar una evaluación visual.
- Aprobar una prueba práctica de manejo.
- Demostrar que se posee seguro de auto vigente.
La California Immigrant Legal Resource Center (ILRC) calificó esta ley como una victoria significativa para las comunidades inmigrantes y para la seguridad vial en general. “A partir de ahora, los padres y madres inmigrantes podrán obtener su licencia de conducir y así manejar legalmente para llevar a sus hijos a la escuela y al doctor, entre otras cosas”, explicaron en una de sus publicaciones de 2015.
Límites de la licencia AB 60 de California
Aunque representa un gran avance para los derechos de los inmigrantes, la licencia AB 60 tiene limitaciones importantes, especialmente en el contexto de relaciones con autoridades federales. No es un documento de identidad aceptado a nivel federal y puede exponer al portador a ciertos riesgos si no se usa correctamente.
- No se debe presentar la licencia AB 60 a agentes del ICE (Inmigración y Control de Aduanas) ni a oficiales de CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).
- No se recomienda su uso para abordar aviones, ya que la TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) no la acepta. Además, el uso de esta licencia en aeropuertos puede resultar en detenciones o interrogatorios.
- No debe usarse en estados fuera de California, donde no se garantiza la misma protección legal ni se prohíbe la discriminación.
Por eso, tanto el DMV como el ILRC sugieren utilizar otros documentos válidos como pasaportes vigentes para actividades fuera del ámbito estatal.
California mantiene su política de protección a inmigrantes pese al avance de Trump
En contraste con el endurecimiento de las políticas migratorias a nivel federal, California mantiene su compromiso con la protección de los derechos de los inmigrantes, amparados por la ley estatal SB 54, conocida como “Ley de Valores”. Promulgada el 5 de octubre de 2017, esta norma impide que las agencias de seguridad locales colaboren con el ICE o el CBP, y establece una serie de restricciones para evitar la detención o deportación de personas por su estatus migratorio.
Así como sucede con la vigencia de la AB 60 luego de una década, la SB 54 prohíbe a las autoridades locales preguntar sobre la situación migratoria de una persona, arrestarla solo por tener una orden de deportación o por la mayoría de las violaciones migratorias y compartir información personal con las agencias federales, salvo que sea información disponible públicamente.
En la actualidad, se discute en el Estado Dorado un proyecto para ampliar el alcance de esta ley, al incorporar al Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California. La modificación impediría que las prisiones estatales cooperen con la policía migratoria en el traspaso de detenidos o el intercambio de información. Sin embargo, el gobernador Gavin Newsom, si bien defendió las leyes santuario, adelantó que podría vetar esta ampliación.
