Una representante del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) indicó ante una corte que, quien ostente el cargo de fiscal general, tiene autoridad para exigir la reconsideración del estatus de residencia. La opinión de la administración de Donald Trump encendió las alertas acerca de la posibilidad de que una green card sea revocada en cualquier momento.

Lo que se sabe de la validez de la green card

La abogada Lindsay Murphy, en representación del DOJ, señaló ante el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, tiene la autoridad de reconsiderar y potencialmente revocar la residencia permanente legal, sin importar el tiempo de emisión que tenga este documento.

La afirmación, de ser aceptada por el tribunal, podría afectar a los más de 12 millones de titulares de una green card del país, indica Courthhouse News Service.

Murphy comentó lo anterior durante una audiencia para Mohammad Qatanani, un hombre palestino que se convirtió en imán del Centro Islámico del Condado de Passaic en Nueva Jersey. El hombre ha buscado la residencia durante décadas en medio de acusaciones del gobierno de vínculos con Hamás.

En 2006 se le denegó una solicitud de green card pendiente desde 1999. Sin embargo, los jueces de inmigración fallaron a su favor en dos ocasiones, la más reciente en 2020. Esa vez, la Junta de Apelaciones de Inmigración intervino y le revocó la tarjeta, decisión que Qatanani apeló.

Cómo influye el caso de Qatanani en la revocación de la residencia permanente

Murphy argumentó que el fallo del juez de inmigración a favor de Qatanani nunca se formalizó, ya que se omitieron pasos procesales, como la asignación de un número de visa y la actualización de datos biométricos. La abogada añadió que incluso si el caso se hubiera hecho definitivo, la junta de apelaciones habría podido reabrirlo en cualquier momento.

Ante lo señalado por la abogada, la jueza de circuito estadounidense, Arianna Freeman, cuestionó la interpretación del poder de la junta y expresó “¿Te refieres a incluso 10 o 20 años después?”, esto en referencia al tiempo en que la junta hubiera podido reabrir el caso y a su vez apelar la residencia del palestino que vive en Nueva Jersey.

Murphy respondió: “El reglamento no impone ningún límite de tiempo, así que sí. Pero ese requisito de certificación (de la residencia) también implica la exigencia de que existan circunstancias excepcionales”.

Cuando se le preguntó qué califica como una “circunstancia excepcional”, la legista dijo que el fiscal general tiene plena discreción para tomar esa determinación, lo que sugiere que la residencia de cualquier titular de una green card podría ser reconsiderada en cualquier momento y por diversos motivos.

Revocación del estatus de residente permanente, qué dice la ley

Por otro lado, la profesora adjunta de la Facultad de Derecho, Elisabeth Haub, de la Universidad Pace, explicó a Newsweek: “La ley contenida en la Ley de Inmigración y Nacionalidad es clara. El Departamento de Seguridad Nacional no puede ‘revocar’ unilateralmente el estatus de residente permanente”.

Añadió que la agencia debe seguir un proceso formal, que incluye la emisión de un “Aviso de intención de rescindir” y otorgarle al individuo el derecho a una audiencia ante un juez de inmigración.

“Durante estos procedimientos, recae sobre el gobierno la carga de demostrar con pruebas claras, inequívocas y convincentes que se debe retirar la residencia permanente. En ese caso, es el juez de inmigración —y solo él— quien puede retirar efectivamente la tarjeta verde a una persona», precisó Wilson.

Sin embargo, Murphy señaló en la misma audiencia que el Congreso ha otorgado al ejecutivo “amplia discreción para regular asuntos de inmigración”.

La jueza del circuito, Cheryl Ann Krause, se resistió lo argumentado por la abogada, y sugirió que una interpretación legal de ese tipo podría, teóricamente, “trastocar todo el proceso de inmigración del país”.

Si el Tercer Circuito se pone del lado del gobierno, el fallo se aplicaría únicamente dentro de su jurisdicción (Pensilvania, Nueva Jersey y Delaware), pero podría tener consecuencias. “Si el caso llega a la Corte Suprema y se confirma el fallo, podría sentar un precedente a nivel nacional que afecte la forma en que se revisan las decisiones de residencia permanente», explica Newsweek.