En un nuevo enfrentamiento entre el gobierno municipal de Chicago y la administración Donald Trump, el alcalde Brandon Johnson decidió llevar a los tribunales al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) por haber congelado, sin previo aviso, los fondos destinados a su programa de contraterrorismo. La demanda, presentada el viernes 16 de mayo, incluye como acusada a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Recorte inesperado: la ciudad de Chicago demandó al DHS de Kristi Noem
Chicago sostuvo en su presentación judicial que el DHS de Kristi Noem actuó fuera de sus facultades legales al suspender unilateralmente el financiamiento del programa “Securing the Cities”, un plan creado en 2007 para asistir a las ciudades consideradas de alto riesgo en la detección de materiales nucleares y radiactivos. Este freno ocurrió el miércoles pasado y la agencia argumentó su postura debido a “restricciones presupuestarias federales”.
Sin embargo, la administración de Brandon Johnson responsabilizó directamente a la Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), una entidad que impulsó políticas de recorte en varias agencias. De acuerdo con la demanda presentada por la oficina de la principal asesora jurídica de la ciudad, Mary Richardson-Lowry, “las acciones del gobierno federal son inconstitucionales”.
Por qué el DHS bloqueó los pagos hacia Chicago
Uno de los puntos más controversiales señalados por Chicago radica en el hecho de que el Congreso sí aprobó reiteradamente el financiamiento del programa, incluso este mismo año. En marzo de 2025, la Cámara de Representantes sancionó por voto de voz el “Securing the Cities Improvement Act”, una ley destinada a reforzar el programa después del atentado en Nueva Orleans ocurrido en enero pasado.
A pesar de ese respaldo legislativo, el DHS detuvo todos los pagos a Chicago desde febrero. Según la denuncia, la ciudad presentó cinco solicitudes de reembolso por gastos previamente aprobados, que sumaban cerca de US$1 millón, sin haber recibido respuesta ni justificación oficial por parte del gobierno federal.
La ciudad afirmó que el DHS reconoció haber aprobado esos pedidos, pero que “todos los pagos estaban en pausa”. Entre los gastos reclamados, se incluyen:
- Equipos para detectar materiales nucleares.
- Servicios expresamente autorizados en los acuerdos de cooperación.
- Productos y tecnología pre-aprobados por el mismo DHS.
Chicago argumentó que, en años anteriores, el reembolso de este tipo de solicitudes se completaba en un plazo de hasta 72 horas. La negativa actual, señalaron las autoridades, constituye no solo una amenaza operativa, sino también una transgresión a las reglas administrativas que rigen el programa.
Securing the Cities: un programa que nació en Nueva York y llegó a Chicago por su vulnerabilidad
El programa “Securing the Cities” nació en el área metropolitana de Nueva York, Jersey City y Newark, pero con el tiempo se expandió a otros distritos urbanos considerados estratégicos o vulnerables a potenciales ataques.
Además de Chicago, se sumaron ciudades como Houston, Los Ángeles, Washington D. C., Atlanta, Nueva Orleans, Boston, Denver, Miami, San Francisco y Seattle, así como también regiones como el condado de Maricopa, en Arizona.
Chicago comenzó a recibir estos fondos en 2015, cuando el gobierno federal la clasificó como “zona de alto riesgo” para el terrorismo. Desde entonces, la ciudad utilizó el dinero para adquirir equipos de detección de materiales nucleares, fortalecer su respuesta ante amenazas y mejorar la preparación de sus cuerpos de emergencia.
A diferencia de los subsidios federales, los fondos de este programa se administran mediante acuerdos de cooperación, los cuales exigen una mayor intervención y seguimiento de las agencias federales, lo que refuerza el carácter oficial y controlado del financiamiento.
