Los cuestionamientos hacia el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hereditario provocaron la presentación de una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero. La medida se da a un día de que el titular del Minem acuda a la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República a responder sobre la figura y no descarte que sería evaluada.
En la moción los legisladores expresan su preocupación por lo que consideran una disposición arbitraria y carente de sustento legal. Además, señalan que esta medida no contribuiría al objetivo de formalizar las actividades de la pequeña minería y la minería artesanal en el país. Entre los firmantes de la moción, además de los miembros de Acción Popular, se encuentran legisladores de Podemos Perú, Perú Libre, Renovación Popular, Somos Perú y Bancada Socialista, Bloque Democrático Popular.
Debido a la semana de representación, la moción podría ser debatida durante la primera semana de junio. De ser admitida, el integrante del gabinete ministerial de Dina Boluarte deberá acudir ante el Pleno del Congreso a responder el pliego interpelatorio que consta de 20 preguntas.
¿Cuáles son las preguntas del pliego interpelatorio?
El pliego consta de 20 preguntas relacionadas con el Reinfo, así como qué funcionarios estuvieron encargados de formular el reglamento. Algunas de las consultas son:
- Desde su creación en el año 2012 solo se formalizaron 2090 mineros informales, eso significa que las ampliaciones no son beneficiosas para formalizar a los mineros siendo este mecanismo utilizado para la minería ilegal ¿Qué ha hecho el Ministerio de Energía y Minas al respecto?
- El REINFO es una medida temporal que se ha convertido en puerta para la minería ilegal, debilitando la minería formal, ¿Qué hizo el ejecutivo para garantizar la seguridad jurídica de los titulares de las concesiones mineras y garantizar la inversión privada en el sector minería?
- ¿Qué ha hecho el Ministerio de Energía y Minas frente a las invasiones por parte de los informales e ilegales a ¡as concesiones regulares que vienen gestionando sus autorizaciones de operaciones mineras para iniciar labor, y son invadidos ahuyentando la inversión privada?
- ¿Qué medidas ha tomado su entidad para agilizar la autorización de inicio y reinicio de actividades mineras para los titulares de las concesiones mineras formales? ¿El Ministerio de Energía y Minas ha emitido el estado a fin de evitar que mientras haces sus gestiones ambientales no sean invadidos?
- ¿Por qué los procesos para obtener autorizaciones ambientales para los titulares de las concesiones mineras se han convertido en procesos poco céleres y burocráticos mientras que los informales pueden operar solo con declaraciones juradas dando apertura a la minería ilegal?
- ¿Cuáles serán las acciones que tomará el Ministerio de Energía y Minas que con respecto a la protección de los titulares de las concesiones mineras que mientras gestionaban sus autorizaciones ambientales fueron invadidos por los informales y luego se inscribieron en REINFO?
seguimiento-adjunto-20250522052245 by Camila Calderón
La moción se da solo días después de haberse interpuesto una denuncia penal en contra del legislador y la presidenta Dina Boluarte por el mismo tema. El documento, presentado por la parlamentaria Ruth Luque, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso argumenta que la figura no solo infringe la Constitución y el régimen de tratamiento de los recursos naturales, sino que perpetúa la informalidad en el sector minero, lo que tiene consecuencias graves para el medio ambiente y la seguridad de las personas.
La legisladora acusó a la jefa de Estado de infringir los artículos 118.8, 103 y 66 de la Constitución; mientras que el titular del Minem es señalado por contravenir los últimos dos puntos mencionados. “El decreto supremo 009-2025-EM, publicado el 18 de mayo, incorpora una modificación sustancial al permitir la transferencia de titularidad del Reinfo por sucesión hereditaria, aspecto no contemplado ni autorizado por la Ley 32213. Esta incorporación amplía el ámbito normativo sin habilitación legal expresa, contraviniendo el principio de reserva de ley aplicable a materias sensibles como el acceso a la formalización minera, un proceso con impacto ambiental, económico y social considerable”, expuso.
