Bruselas, 21 may (EFE).- Los Estados miembros de la Unión Europea y el Parlamento Europeo, colegisladores del club comunitario, alcanzaron este miércoles un acuerdo para fortalecer la representación de los trabajadores de empresas multinacionales.
En concreto, pactaron la revisión de la directiva sobre comités de empresa europeos.
Los comités de empresa europeos son organismos de información y consulta que representan a los trabajadores europeos en empresas multinacionales con más de 1.000 empleados que operen en al menos dos países de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
Según indicó en un comunicado el Consejo de la UE, que reúne a los Estados miembros, la revisión pactada hará que sea más fácil establecer comités y permitirá que estén mejor financiados y protegidos.
«Al mejorar el proceso de consulta, los recursos puestos a disposición de los comités de empresa europeos y su acceso a la justicia, el acuerdo alcanzado hoy entre el Consejo y el Parlamento aborda las debilidades de la directiva de 2009 y fortalece más la representación de los trabajadores», declaró la ministra polaca de Empleo, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, cuyo país preside este semestre el Consejo de la UE.
En el acuerdo del Consejo y el Parlamento se aclara el alcance de las cuestiones transnacionales «para garantizar que decisiones que afecten sustancialmente a los empleados en más de un Estado miembro activen una obligación de informar y consultar a los comités de empresa europeos, sin que eso se extienda a decisiones del día a día o asuntos que solo afectan a los trabajadores de un modo trivial», de acuerdo con el Consejo.
También se pactó aspirar a una representación de género más equilibrada en los comités de empresa.
Además, la información solo se podrá retener o tratarse como confidencial si se cumplen unos criterios objetivos y mientras persistan las razones que justifican esas limitaciones.
El acuerdo fortalece las disposiciones sobre acceso a procedimientos judiciales y, cuando sea relevante, a procedimientos administrativos, también asegurando que los costes relativos a la representación legal y participación están cubiertos.
Si una empresa no cumple las normas de la directiva, las penalizaciones financieras impuestas deberían ser «suficientemente disuasorias, al tiempo que también se tienen en cuenta diferentes factores como la gravedad, duración, consecuencias y naturaleza intencionada o negligente de la falta», según el Consejo.
El acuerdo alcanzado hoy tiene que ser confirmado por los embajadores de los Estados miembros ante la UE. Después, tras la revisión lingüística pertinente, se adoptarán las nuevas reglas y los Estados miembros deberán trasponer las disposiciones de la directiva a la legislación nacional en un plazo de dos años tras su entrada en vigor.
Las disposiciones de la directiva se deberán aplicar como muy tarde tres años tras su entrada en vigor. EFE
