El informe National Drug Threat Assessment 2025, publicado por la agencia para la Administración y el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA en inglés), ha documentado la expansión y consolidación de tres cárteles mexicanos en el Estado de México. Se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, los cuales han sido señalados como organizaciones terroristas con capacidad para ejercer violencia extrema, controlar comunidades e infiltrar estructuras institucionales.
Con base en dicho informe estadounidense, estas organizaciones del narcotráfico en México han ejecutado actos que incluyen secuestros, extorsiones, homicidios, tráfico de drogas y operaciones financieras ilícitas. Por ello, la DEA ha advertido que su actividad ha afectado tanto la seguridad nacional de México como la salud pública y la estabilidad social en Estados Unidos.
CJNG: presencia territorial y estructura financiera sofisticada
El Cártel de Jalisco Nueva Generación ha establecido operaciones en aproximadamente el 48% de los municipios del Estado de México. Datos oficiales de la Fiscalía estatal han confirmado su influencia en zonas del Valle de México y del sur de la entidad. Así mismo, se les ha vinculado al grupo con el tráfico de metanfetamina, fentanilo y cocaína, al igual que con actividades de extorsión, desaparición forzada y ejecución de civiles.
La DEA ha señalado que el CJNG ha utilizado empresas fachada, inversiones inmobiliarias simuladas y criptomonedas para lavar recursos procedentes del narcotráfico. También se ha documentado su uso de personal con formación militar, lo que ha incrementado su capacidad de confrontación armada frente a autoridades locales y federales.
La Familia Michoacana: dominio regional y control económico local
Por su parte, La Familia Michoacana ha figurado como una de las estructuras criminales con mayor expansión en el segundo estado más poblado de la República Mexicana. Su presencia ha alcanzado el 60% del territorio estatal, lo cual incluye municipios rurales, urbanos y zonas limítrofes con Guerrero y Michoacán. Su rama más activa. Igualmente, La Nueva Familia Michoacana (LNFM) ―escisión del grupo anterior y liderado por los hermanos Hurtado Olascoaga― , ha extendido sus operaciones hacia la Ciudad de México y otros puntos del centro del país.
El grupo ha mantenido un esquema de financiamiento basado en el cobro de cuotas, la venta de drogas sintéticas y la apropiación forzada de mercados locales. La DEA ha descrito su modelo operativo como paramilitar, con estructuras jerárquicas, uso sistemático de la violencia, despliegue de armamento de alto calibre y propaganda visible en espacios públicos.
Cártel de Sinaloa: logística, alianzas y violencia dirigida
El Cártel de Sinaloa ha mantenido operaciones activas en el Estado de México, aunque con menor intensidad que los otros dos grupos. Su estrategia se ha centrado en rutas logísticas vinculadas al tráfico internacional de estupefacientes, al lavado de dinero y al contrabando de personas. La DEA ha identificado su presencia en puntos de acceso estratégico como zonas aledañas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y corredores hacia el norte del país.
Esta organización ha evitado en gran medida los enfrentamientos abiertos, y ha preferido consolidar alianzas locales mediante redes de intermediarios. No obstante, ha recurrido a la violencia dirigida cuando ha considerado amenazado su control sobre rutas o enclaves de alto valor comercial.
Reconfiguración criminal y posibles alianzas del narco en México actualmente
El documento de la DEA ha planteado un escenario en el que la fractura interna del Cártel de Sinaloa, entre la facción de Ismael Zambada y la de Los Chapitos, podría derivar en una alianza coyuntural entre estos últimos y el CJNG. Esta posible coordinación ha sido interpretada como un intento por fortalecer la exportación de drogas hacia Estados Unidos y el flujo de armas hacia el centro de México.
El Estado de México ha sido señalado como un territorio clave para estos reacomodos, al concentrar infraestructura, conectividad terrestre, centros de consumo y zonas de influencia política.
Proyección internacional y riesgo institucional
La DEA ha clasificado a estas organizaciones como amenazas con dimensión global. Tanto el CJNG como el Cártel de Sinaloa han extendido su presencia a más de 40 países, con redes de distribución, financiamiento y protección que han cruzado continentes. Su impacto ha alcanzado procesos electorales, mercados locales y comunidades desplazadas por violencia.
En el caso del Estado de México, el informe ha descrito un entorno donde estos tres grupos han sustituido, debilitado o cooptado funciones del Estado, configurando un panorama en el que el control criminal ha resultado reforzado por la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional.
