Tras el cimbronazo del rechazo de los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla y aplacada la polémica por el fracaso de Ficha Limpia, el Gobierno dio luz verde para que en el Senado comience a discutirse la ampliación de la Corte Suprema de Justicia.
Mientras enviados del Gobierno mantienen en paralelo negociaciones subterráneas con el kirchnerismo por el reparto de poltronas judiciales, además de la Corte hay otros cargos en juego, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales celebrarán un plenario para darle el puntapié inicial a lo que en la Cámara alta dan por descontado terminará en un amplio acuerdo político que buscará evitar que se repita el fiasco de Lijo y García-Mansilla.
A la vista estará un paquete de ocho proyectos que van desde la propuesta ultrakirchnerista, que pretende una Corte de 15 miembros, hasta aquellos que mantienen la actual composición de cinco jueces, pero con una cláusula que garantice una cuota de género en la integración del tribunal.
Más allá de la variedad del menú de propuestas, también hay propuestas de volver a los 9 jueces que tuvo durante el menemismo, todo indica que existiría un acuerdo y que será siete el número elegido.
No por casualidad ésa es la cifra de magistrados propuesta en el proyecto presentado por el salteño Juan Carlos Romero, integrante del interbloque Las Provincias Unidas, un conglomerado de peronistas, más la provincial Lucila Crexell (Neuquén) que se enfrentaron al kirchnerismo y que mantienen una fuerte afinidad con la Casa Rosada.
De esa mismo espacio político es la senadora Alejandra Vigo (Córdoba), peronista, esposa del exgobernador Juan Schiaretti y presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales tras la destitución del entrerriano Edgardo Kueider.
Fue Vigo la encargada de convocar al plenario de comisiones, no sin cierta reticencia a darle carácter oficial al debate, en respuesta al pedido de un grupo de senadores libertarios, encabezado por el riojano Juan Carlos Pagotto, un menemista de pura cepa que conduce la comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Otra señal de que la Casa Rosada dio su luz verde al debate es el hecho de que uno de los que más insistió en las últimas horas ante Vigo para que convocara al plenario de comisiones fue el correntino Carlos Espínola, presidente del interbloque Las Provincias Unidas, quien ha forjado en el último año una estrecha relación con el asesor presidencial Santiago Caputo.
A Caputo parece no haberle afectado el estruendoso fracaso que protagonizó con los dos postulantes que nominó el Gobierno para la Corte Suprema. El asesor presidencial fue el responsable de que los pliegos llegaran al recinto sin los votos necesarios para darles el acuerdo -se necesitaba el apoyo de los dos tercios de los presentes-, desoyendo los consejos de los senadores de bloques dialoguistas, como el jefe de la bancada radical, Eduardo Vischi (Corrientes), que le pidieron encarecidamente que retirara las postulaciones porque iban a terminar rechazadas, como finalmente ocurrió.
El kirchnerismo está de acuerdo con ampliar la Corte. El bloque que preside José Mayans (Formosa), sigue, por el momento, con la postura que mantuvo durante el año previo al rechazo de Lijo y García-Mansilla.
Unión por la Patria quiere un lugar para una mujer que responda a los lineamientos del partido. En realidad, quieren alguien con línea directa con el Instituto Patria, desde donde digita los pasos del peronismo Cristina Kirchner.
Sin embargo, en usinas kirchneristas no descartan ir por más. Saben que cuanto más amplia sea la Corte, es decir cuanto más integrantes tenga, más posibilidades tendrán de sumar jueces en el máximo tribunal de Justicia.
Es lógico el razonamiento si se tiene en cuenta que, expulsión de Kueider mediante y en medio de la peor crisis política y electoral del peronismo, la bancada sumó un nuevo miembro y trepó a 34 senadores, casi diez votos más que el tercio de la Cámara alta. En otras palabras, sin Unión por la Patria, como ocurrió con la caída de Lijo y García-Mansilla, no hay nombramiento en la Corte posible.
En la mesa de arena del oficialismo, que en estos temas trascendentales se ubica en la Casa Rosada y no en el despacho del presidente de la bancada libertaria, Ezequiel Atauche (Jujuy), tomaron nota de la relación de fuerzas que impera en el Senado y ya no apuestan al juez de la Corte “llave en mano”, es decir con los votos garantizados por sus contactos políticos, que les había prometido Ricardo Lorenzetti cuando acercó, en los albores de 2024, al por entonces nuevo gobierno de Javier Milei el nombre de Lijo, juez federal con despacho en Comodoro Py.
Por esa razón, la orden es prudencia y caminar a paso lento. Saben que es un año electoral, lo que reduce de manera significativa el ritmo de funcionamiento del Congreso.
Con esa premisa a la vista, dieron la orden de avanzar con la sanción de una ley de modificación de la integración del máximo tribunal. Entienden que el trámite legislativo de superar la aprobación de ambas cámaras legislativas se llevará gran parte de este año.
Esto le dará a la Casa Rosada la posibilidad de orejear sus cartas hasta octubre próximo, cuando se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. A partir del crecimiento demostrado en las cuatro provincias que tuvieron elecciones legislativas y del triunfo en la Capital, los libertarios confían en que incrementarán la tropa parlamentaria en el Congreso Nacional.
En el oficialismo saben que no hay triunfo electoral que pueda convertir a La Libertad Avanza en mayoría en ambas cámaras, pero entienden que engrosarán sus filas y que eso les ubicará en otra posición a la hora de sentarse a negociar los nombres de un futuro máximo tribunal ampliado.
No son pocos los operadores libertarios que se ilusionan con la sorpresa de que el kirchnerismo caiga por debajo del tercio del Senado y pierda, así, el poder de bloque a la designación de jueces en la Corte que tiene por el momento. Parece difícil, aunque no imposible. Soñar no cuesta nada.