Desde el miércoles pasado, la subsecretaría de Prensa puede decidir qué periodistas ingresan o no a la Casa de Gobierno bajo un nuevo set de criterios que, pese a quedar referenciados en la resolución firmada por el vocero presidencial Manuel Adorni, tiene zonas grises y un amplio margen de discrecionalidad.
Desde la oficialización de la medida, enmarcada en un clima de creciente hostilidad hacia los medios, los periodistas que deseen conservar su acreditación en Balcarce 50 u obtenerla por primera vez tendrán 30 días para presentar la nueva documentación. Antes, deberán validar el medio para el que trabajan.
Cada solicitud será evaluada por la subsecretaría conforme a un nuevo sistema de puntos que otorga un máximo de 70 a cada aspirante, según se detalla en “matriz de evaluación objetiva”, el nuevo criterio de admisibilidad que presentó el Gobierno.
Para competir por los lugares disponibles en casa de Gobierno -36 en la sala de conferencias y 25 en la de prensa- el periodista deberá superar un piso mínimo de 35 puntos.
Esa medición desata las dudas y riesgos de arbitrariedad.
Hay diferentes parámetros. Por ejemplo, la “trayectoria profesional”, que el Gobierno calificará con 5 puntos. Pero no está claro, por ejemplo, si de cada uno de estos criterios se puede obtener una puntuación parcial, por ejemplo, tres de cinco, o si, por el contrario, el reparto en cada uno de los items es absoluto: cinco puntos o nada.
El primero de los parámetros es el alcance. El medio o solicitante deberá dar cuenta de su llegada a la audiencia a través de una “fuente verificable”. El reglamento ofrece solo dos ejemplos: Ibope, que realiza mediciones de TV y radio, y Google Analytics, con métricas sobre el comportamiento de los usuarios en internet. Después agrega un “etc.”. No se sabe a qué se refiere.
No se cuantifica ni determina un piso mínimo de audiencia según cada plataforma, ni establece una correlación entre los diferentes niveles. ¿Es cinco puntos o nada? ¿Según la audiencia alcanza varía el puntaje?. Tampoco está claro, por ejemplo, si un medio nacional corre o no con ventaja respecto a uno provincial. ¿Se miden igual?
Más importante que el alcance, según el nuevo standard, es el criterio de la “interacción”, es decir, lo que ese medio o periodista despierta en quien recibe la información. Es valorado con el doble de puntos.
Sería un criterio exclusivamente reservado a las redes sociales, el terreno donde predomina la influencia libertaria, y pareciera estar diseñado especialmente para abrirle la puerta de la Casa Rosada a lo que en el nuevo decálogo llaman periodismo “no convencional”, asociado al mundo de los influencers y los youtubers, pero en donde también juegan los medios tradicionales.
Aquí, no se aclara cómo hará la Subsecretaria de Medios para distinguir entre las reacciones “orgánicas”, es decir, aquellas interacciones que son genuinas respuestas de los usuarios, de aquellas que son generadas por mecanismos automáticos, generalmente pagos, como los bots. Ese último es un universo donde los libertarios tienen amplio alcance.
La interacción en el terreno virtual se podrá acreditar con “capturas” de imágenes y enlaces, y cuantificar a través de “comentarios”. Este segundo criterio parece valorar especialmente que aquel que consuma la información “genere conversación” en las redes, lo que supone como beneficioso que el usuario se manifieste sobre lo que consume, y que esa reacción sea inmediata.
El tercer parámetro, el de la “especialidad”, otorga 15 puntos y es el que más peso tiene dentro de la nueva batería de criterios. El medio o periodista debería acreditar si produce habitualmente contenidos sobre “política”, “gestión” o “gobierno” a través de un portfolio. Tampoco se establece algún tipo de graduación, ni desde cuando queda ratificada la trayectoria del aspirante.
El recorrido también es valorado. Por un lado, se otorgarían 10 puntos si existen registros de acreditaciones previas o coberturas de actos oficiales. Otro criterio, también de 10 puntos, pondera la trayectoria profesional del periodista, su experiencia y formación, que puede acreditarse mediante un CV o mediante “referencias”.
Hay otro aspecto formal y consiste en cumplir con los requisitos administrativos del procedimiento, como la presentación por parte del periodista de una declaración jurada; la entrega de datos personales (domicilio, teléfono, etc.); y una carta firmada por su jefe periodístico junto con documentación que acredite el vínculo laboral, entre otros. También en ese listado hay cuestiones abiertas.
Dice el reglamento: “En caso de contar con título profesional habilitante como profesional del periodismo o afines, copia del título profesional universitario y/o terciario debidamente homologado por autoridad competente”. ¿Es un trámite adicional solo para quien cuente con título? ¿Se valora especialmente?.
Además, la nueva regulación, que se da en medio de una escalada de agresiones del Gobierno hacia la prensa, hace más rígidas algunas prácticas habituales del periodismo. Por ejemplo, prohíbe esperar en los pasillos de la Casa Rosada o realizar transmisiones en vivo-; impone un nuevo código de vestimenta formal -“para mantener el decoro y las buenas costumbres”, dice la resolución-; y mantiene, también, algunas normas viejas como la cantidad de periodistas por medio.
