Desde la región rural de Tumaco, en el departamento de Nariño, Walter Mendoza, comandante de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), negó cualquier implicación de su grupo en el asesinato de once militares ecuatorianos ocurrido el 9 de mayo.
En declaraciones recogidas por Colombia+20, de El Espectador, Mendoza aseguró que las acusaciones carecen de fundamento y atribuyó los señalamientos a intereses políticos y a la influencia de actores internacionales como la DEA.
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“Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en eso. Ecuador está peor que Colombia, con un gobierno de extrema derecha. Allí convergen muchas bandas y hay gente de todas partes. Allá hay gente que fue guerrillera, del ELN, de las Farc antiguas, y seguramente de ahora que desertaron”, afirmó el líder guerrillero.
Este grupo disidente de las Farc, surgido tras la separación de la Segunda Marquetalia liderada por Iván Márquez, se encuentra actualmente en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro.
El incidente en Ecuador, que generó tensiones entre ambos países, fue atribuido por las autoridades ecuatorianas a los Comandos de Frontera, una facción de la CNEB.
Mendoza afirmó que el líder abatido en el lugar, conocido como “Compadre”, había sido separado de las filas de la organización meses antes del ataque.
“Los camaradas que están en territorio fronterizo dicen que allá (en Ecuador) se licenció un tipo, ‘Compadre’, hace cuatro meses. El tipo resultó allá y lo matan con insignias de los Comandos de Frontera, pero él ya no hacía parte, porque había sido, como decimos, licenciado, es decir, separado de las filas, por múltiples problemas”, dijo Mendoza.
Según explicó, la frontera entre Colombia y Ecuador es altamente porosa, lo que facilita el tránsito de personas y grupos armados. A pesar de reconocer la presencia de tropas de la Coordinadora en áreas cercanas a la frontera, Mendoza insistió en que no existe una ocupación permanente en territorio ecuatoriano.
En respuesta a las declaraciones del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien calificó a los Comandos de Frontera y al Frente Oliver Sinisterra como enemigos del Estado, Mendoza reiteró que su grupo no tiene interés en confrontar a las fuerzas militares de Ecuador.
Según sus palabras, “no tiene ninguna presentación ir a atacar a otra fuerza” y calificó las acusaciones como parte de un “imaginario” impulsado por sectores opuestos a la paz.
Las negociaciones entre la CNEB y el Gobierno nacional avanzan en un contexto complejo. Durante el quinto ciclo de conversaciones, llevado a cabo en el resguardo indígena de Inda Sabaleta, se discutieron temas clave como la sustitución de cultivos ilícitos y la participación de líderes sociales en el proceso.
Mendoza destacó que uno de los principales objetivos es transformar las economías ilícitas en actividades legales, pero subrayó que esto requiere un compromiso integral del Estado para construir infraestructura, como vías, redes eléctricas y acueductos, además de fomentar la educación y el desarrollo económico en las regiones afectadas.
El comandante también abordó la captura de Andrés Rojas, alias “Araña”, líder de los Comandos de Frontera, que enfrenta un proceso judicial. Walter Mendoza afirmó que, a pesar de este hecho, la mesa de diálogo sigue en pie y que Rojas continúa participando virtualmente en las negociaciones. Sin embargo, expresó su preocupación por una posible extradición y pidió al gobierno que permita su permanencia en el proceso de paz.
“Él hacía parte del proceso de transformaciones. Estaba en una comisión técnica para la cuestión de la sustitución de cultivos de uso ilícito, porque él es delegado plenipotenciario y sigue ahí, conectado virtualmente. Eso es un logro y le agradecemos al gobierno nacional por las gestiones que ha hecho para que se puede dar. Esto hay que continuarlo, hay que seguir, pero hemos dicho: “Hombre, no lo extraditen”. Él tenía la orden de captura levantada, queremos que siga jugando su papel”, afirmó Mendoza.
En cuanto a las acusaciones de narcotráfico, Mendoza reconoció que la CNEB opera en zonas cocaleras, pero negó que el grupo participe directamente en el cultivo, procesamiento o exportación de drogas.
Según explicó, su financiamiento proviene de un “impuesto” cobrado a los productores de pasta base de coca y a los transportadores. Detalló que el grupo cobra 150.000 pesos por kilo de pasta base y 100.000 pesos por embarque, mientras que las ganancias principales se las llevan los carteles internacionales que controlan las rutas hacia mercados como Estados Unidos, Europa y Asia.
Además del narcotráfico, la Coordinadora también fue señalada por su presunta participación en actividades de minería ilegal y por violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados y reclutamiento de menores.
Mendoza rechazó estas acusaciones, calificándolas de “infundadas” y atribuyéndolas a estrategias de desinformación por parte de la inteligencia militar. Aseguró que el grupo no recluta menores de edad y que su política es aceptar únicamente a mayores de 18 años.
El proceso de paz enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la falta de un decreto gubernamental que suspenda las operaciones militares contra la CNEB, a pesar de los acuerdos alcanzados en reuniones previas.
Mendoza afirmó que, a pesar de esta situación, su grupo ha mantenido su compromiso de no atacar a la fuerza pública ni a la infraestructura estatal. Sin embargo, advirtió que la continuidad del proceso depende de la voluntad política del gobierno y de la sociedad colombiana.
Con solo 15 meses restantes en el mandato de Gustavo Petro, Mendoza expresó su intención de avanzar lo máximo posible en las negociaciones para sentar las bases de un acuerdo vinculante que trascienda el actual gobierno.
Según sus palabras, “la guerra se tiene que acabar” y el pueblo colombiano debe decidir si desea continuar con el conflicto o apostar por la paz.
