La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización que ingresaba mercadería de tecnología electrónica de contrabando para comercializarla a través de redes sociales.
Según informaron fuentes de la fuerza, el Departamento Delitos Fiscales de la PFA comenzó la investigación en abril de 2024, cuando “en el marco de una serie de tareas preventivas”, efectivos de esa área “detectaron que a través de redes sociales se exhibían en venta distintos productos pertenecientes a una reconocida empresa tecnológica multinacional a precios significativamente menores respecto a los que prevalecen en el mercado”.
Por supuesto, no se emitían facturas –los equipos solo se podían pagar en efectivo– y los vendedores no tenían permisos de importación.
Durante la investigación se comprobó que la organización contaba con varios puntos físicos tanto en la Capital como en el conurbano que eran utilizados como centros de acopio, distribución y comercialización.
Para no ser detectados, el grupo realizaba habitualmente diferentes maniobras “preventivas”, tales como el cierre de usuarios y cambios de nombres en las plataformas empleadas.
El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola ordenó la realización de 15 allanamientos: dos en la ciudad de Buenos Aires y, el resto, en Tigre, San Miguel, José León Suárez, Villa Ballester, Villa Bosch, Bella Vista, Ituzaingó y Salto. Como resultado del procedimiento “se notificó de la formación de la causa a cuatro hombres y tres mujeres, sindicados como integrantes de la estructura delictiva investigada”.
Durante los procedimientos, realizados de forma simultánea junto con personal de la Agencia de Recaudación de Control Aduanero (ARCA), se incautaron 600 celulares, 2400 fundas, 1000 accesorios (cargadores, cables USB, auriculares, etc.), casi 8 millones de pesos y unos 4000 dólares.
La mercadería incautada tiene un valor de mercado de 673 millones de pesos, por lo que el operativo representa un “importantísimo golpe al contrabando de tecnología en territorio nacional”, informaron fuentes de la Policía Federal.
Los siete imputados, todos de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del juez Yadarola, imputados por infracción al Código Aduanero Argentino.
