El ministro del Interior, Armando Benedetti, subrayó que el gobierno de Gustavo Petro respetará cualquier decisión que emita la Corte Constitucional sobre el decreto que convoca a una consulta popular en materia laboral, y negó que esta iniciativa represente una amenaza para la democracia.
Según informó Caracol Radio, Benedetti insistió en que el Ejecutivo no busca atribuirse funciones judiciales y que el proceso se ajusta a los mecanismos de participación ciudadana previstos en la Constitución.
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El anuncio de la consulta popular surgió tras la caída de la reforma laboral en el Senado de la República, hecho que el presidente Petro atribuyó a irregularidades en la votación.
De acuerdo con la entrevista a Caracol Radio, Benedetti detalló que se identificaron al menos seis irregularidades durante el trámite legislativo, entre ellas, el cierre abrupto del registro de votación, la modificación de votos fuera del tiempo reglamentario, la ausencia de lectura y discusión de proposiciones, la existencia de más congresistas que votos y la negación de apelaciones por parte de algunos legisladores.
El ministro argumentó que estas situaciones vulneran la Constitución y, por tanto, invalidan el pronunciamiento del Senado sobre la reforma. Benedetti rechazó las acusaciones de que la convocatoria a consulta popular constituya un “golpe de Estado”.
“Aquí no se está haciendo ningún golpe de Estado, como algunos, de forma histérica y barata, han dicho en medios. Cuando hay un golpe, se saca a la fuerza pública, se censura a la prensa, se hacen arrestos sin orden judicial. Nada de eso está ocurriendo”, afirmó el ministro a Caracol Radio, quien calificó de “show barato” las reacciones de ciertos sectores políticos ante el anuncio presidencial.
El ministro explicó que el decreto que convoca a la consulta será remitido a la Corte Constitucional para su revisión, y enfatizó que el gobierno no pretende interpretar la legalidad del decreto por cuenta propia.
“Estamos acudiendo a la Corte, no estamos interpretando la legalidad del decreto por cuenta propia. Si la Corte Constitucional decide que el decreto no procede, lo acataremos sin reparos”, sostuvo Benedetti a ese medio.
Frente a las críticas que señalan un uso político de la consulta popular, Benedetti defendió la medida como un ejercicio legítimo de participación ciudadana. “No hacemos esto pensando solo en los resultados. Lo hacemos porque estamos convencidos de que es un derecho del pueblo expresarse sobre temas que afectan su vida laboral. El presidente lo hace por convicción, no por cálculo”, declaró el ministro a Caracol Radio.
El funcionario también reconoció que el gobierno ha enfrentado dificultades en instancias judiciales previas, pero consideró que esa circunstancia no debe obstaculizar el proceso democrático. Benedetti reiteró que la intención del Ejecutivo es fortalecer la democracia al permitir que la ciudadanía se pronuncie sobre asuntos que inciden directamente en su vida laboral.
Ocho partidos rechazan consulta popular por decreto de Petro
Benedetti anticipó que el Gobierno de Gustavo Petro planea emitir el decreto para convocar una consulta popular antes de agosto, una decisión que ha generado una reacción inmediata de rechazo por parte de ocho partidos políticos.
Las colectividades Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI difundieron un comunicado conjunto en el que califican la medida como un “golpe de Estado” y solicitan la intervención de las altas Cortes, órganos de control y autoridades electorales para salvaguardar la Constitución.
El presidente Petro anunció en la noche del martes 3 de junio que el Ejecutivo buscará convocar la consulta popular por decreto, con el objetivo de retomar el texto original de la reforma laboral, ya que la versión modificada no cuenta con su aprobación.
En el comunicado, los partidos opositores expresaron que la intención de Petro de firmar un decreto para convocar la consulta, tras el rechazo del Senado, representaría “una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”. las colectividades advirtieron que esta acción podría causar un “grave daño institucional” y vulnerar la autonomía del Congreso.
El documento también incluyó un llamado al registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, para que supervise el proceso y garantice el cumplimiento de las normas. Los partidos manifestaron su confianza en que el registrador, actuando con autonomía e independencia funcional, evaluará la legalidad y legitimidad de cualquier decreto antes de establecer un calendario electoral.
