El sector de prestaciones por discapacidad está en crisis y cada una de las partes cruza acusaciones. La madrugada de este jueves la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción al proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2027. Ahora pasará al Senado y, en caso de aprobarse, el gobierno de La Libertad Avanza ya anunció que vetará la normativa porque tendría un impacto fiscal de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Pero ¿por qué se llegó a este límite y cómo funciona el sistema? El tema no es sencillo y se debe partir de una premisa: cada una de las partes, efectores privados, por ejemplo, las nucleadas en el Foro Permanente de Discapacidad; y autoridades nacionales, entre ellas de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tienen posiciones encontradas sobre las razones. Sí existe un hecho incontrastable: la situación no es nueva, el arrastre —para no ir tan lejos en el tiempo— viene del gobierno de Alberto Fernández, años en que la inflación subía por un moderno ascensor y la actualización del nomenclador, que es el valor de la prestación, desde transporte, hasta servicios de psicología, fonoaudiología o Apoyo Profesional No Docente (APND) por escalera y con muletas.
El incremento de estos aranceles lo decide un Directorio a la cabeza del cual está la Agencia Nacional de Discapacidad, y que integran representantes del Ministerio de Salud de la Nación, la Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y el programa Incluir Salud.
Incluir Salud es un programa federal que brinda cobertura médico-asistencial a los titulares de pensiones no contributivas (PNC). Es decir, personas que perciben pensiones otorgadas por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA), generalmente por discapacidad, invalidez, o por ser madres de siete o más hijos.
En lo que va del año el Directorio no modificó el valor del nomenclador. Es decir que no otorgó aumento. En cambio, los insumos, como combustible, gas, electricidad, servicio de alimentos, entre otros, sí lo hicieron.
En este punto los números son claros y no hay discusión entre las partes involucradas.
• En 2023, gobierno del Frente de Todos, hoy Unión por la Patria, aumentó el nomenclador un 93%, contra una inflación de 211%. Es decir que el atraso fue del 118%.
• En 2024, el aumento fue de un 99%, contra un 117% de inflación. Es decir, una pérdida del 18%.
• En 2025 no se otorgó ningún incremento en el nomenclador. Entre enero y abril, última cifra publicada por el INDEC, la inflación en la Argentina fue del 11,1%.
• Los últimos dos aumentos que recibió el sector fueron un 1% en octubre de 2024; 0,8% en noviembre y 0,5%.
• Es decir, si se toma en cuenta el atraso en los valores de las prestaciones en los servicios en el sector de discapacidad desde 2023 la cifra trepa al 147,1%.
Infobae se comunicó con el titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, para saber si está previsto llamar a las partes para debatir un aumento en el nomenclador, pero hasta el cierre de esta nota no respondió.
Desde la ANDIS y el Ministerio de Salud de la Nación, entienden que las numerosas marchas que se realizaron en las últimas semanas por parte de instituciones que prestan servicios al colectivo de discapacidad, trabajadores del sector y familiares de personas con capacidades diferentes, y sobre todo la de ayer frente al Congreso de la Nación son “injustas”. Interpretan que las cámaras que agrupan a los Centros privados están “ideologizados, son kirchneristas o de izquierda”, sostienen y que, por esa razón, no protestaban, al menos con la misma fuerza, en los años en que el inquilino de la Casa Rosada era Alberto Fernández.
Desde el FORO Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad opinan distinto. Cuestionan al abogado Diego Spagnuolo, titular de la ANDIS, de “no convocar al Directorio del Sistema de Prestaciones, ni al Consejo Federal de Discapacidad, ni al Comité Asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad” y que con este hecho: “Se rompió con todos los espacios de diálogo con las organizaciones”.
Al mismo tiempo, sostienen en un extenso comunicado que le hicieron llegar ayer a los diputados que finalmente dieron media sanción a la ley de Emergencia en Discapacidad “el gobierno ha sostenido que las prestaciones para este colectivo son las responsables del colapso financiero del sistema”, sin embargo, explican: “el Sistema de Prestaciones tiene cuatro fuentes de financiamiento: PAMI, el programa Incluir Salud (para personas con pensiones no contributivas), las obras sociales nacionales y las empresas de medicina prepaga”.
También recordaron que, “de esas cuatro, solo Incluir Salud depende directamente del presupuesto nacional, lo que representa el 24% del financiamiento total. El resto proviene de aportes privados de trabajadores, empleadores, jubilados y personas que abonan una prepaga. Es decir, la atención se sostiene mayoritariamente a través de un sistema solidario de seguro social, del mismo modo que cualquier otra práctica médica, como una operación de apéndice”.
El documento del FORO también advierte sobre el rol de la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra el Fondo Solidario de Redistribución, a cargo de Gabriel Gonzalo Oriolo. El funcionario ha sostenido —tal como publicó este medio— que de ese fondo, el 80% se destina a las prestaciones por discapacidad, siendo los rubros de transporte, apoyo escolar y capacitación laboral los que absorben entre el 60% y el 65% del total.
El Fondo Solidario de Redistribución se utiliza para el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo a través del Sistema Único de Reembolsos.
En este punto el FORO disiente. Afirman que “un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) señaló que en 2024 el impacto en el Fondo Solidario de Redistribución que se destina a las prestaciones por discapacidad fue del 61,4 %. Muy lejos del número repetido desde el gobierno”.
Las cámaras que agrupan a los prestadores acusan al gobierno de aplicar “un sistema cruel” sobre el sector, y que está recortando servicios. No obstante, las autoridades aseguran que esto no es cierto. Según las autoridades, la cantidad de afiliados al sistema de salud ha aumentado, lo que ha hecho crecer el monto del subsidio destinado, así como el número de prestadores y los kilómetros facturados por el transporte de beneficiarios.
El informe publicado por el FORO Permanente de Discapacidad afirma que “Mientras las prestaciones acumulan” un abultado atraso arancelario, “las prepagas fueron autorizadas a aplicar aumentos por encima del índice de inflación”.
Para el FORO, la ley de Emergencia en Discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara Baja por un total de 143 votos afirmativos, contra otros 71 negativos y 3 abstenciones “puede garantizar la continuidad de un sistema que atiende a unas 250.000 personas que no encuentran respuestas en el sistema público”.
En medio de esta disputa, están las personas más vulnerables de la sociedad, que esperan ser “visibilizados” y que no se les interrumpan los tratamientos. El vocero presidencial, Manuel Adorni, en una de sus conferencias de prensa, denunció abusos en algunos prestadores.
Según el electo legislador porteño por La Libertad Avanza:
• La ANDIS realizó un cruce de beneficiarios activos entre el Programa Federal de Salud Incluir Salud y el Registro Nacional de las Personas, y se identificaron 150 beneficiarios que estando fallecidos seguían figurando en el padrón de discapacidad como activos con prestaciones mensuales con concurrencia presencial.
• En cuanto al tiempo de fallecidos, se detectó que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos, que se encontraban facturados y con pago cancelado a los prestadores. El fraude provocó un costo de 1.355 millones de pesos cobrados indebidamente por 102 instituciones prestadoras en todo el país.
Desde las entidades que agrupan a los prestadores aseguran no tener información al respecto, pero aspiran a que si existen desvíos se deben corregir porque ese dinero “debe ir a las prestaciones”.
Cuando se pregunta desde este medio la razón por la cual los profesionales renuncian, por ejemplo, a los centros de integración, como los familiares vienen denunciando, hacen una cuenta sencilla, y verificable.
Una persona que se dedica al Apoyo Profesional No Docente (APND), también conocida como maestra integradora, factura honorarios por $307.000 por nomenclador. A ese monto se le debe restar los $45.000 de monotributo más los seguros que corren por su cuenta. Sin aguinaldo ni vacaciones pagas, la mayoría está cobrando lo que factura a, como mínimo, 60 días de retraso. En el año 2007 una maestra integradora (son las que le brindan apoyo a los niños con capacidades diferentes en el aula), cobraba casi un sueldo docente. Hoy no llegan al 50 % de ese valor.
Desde hace varios meses las obras sociales pagan a los centros entre 90 y 120 días. Desde la Superintendencia de Servicios de Salud responden que eso no es responsabilidad de las autoridades ya que el sistema está automatizado y liquida en los primeros cinco días del mes la facturación verificada de las obras sociales.
Lo de “verificadas” no es un tema menor ya que se detectaron sobrefacturaciones que venían de arrastre desde hace años, un tema que se depuró.
Desde los despachos oficiales del Ministerio de Salud se afirma que “se llegó a esta situación porque en los últimos años —como se explica más arriba— no hubo actualización del nomenclador en torno al índice de inflación”. Y destacan: “Los mismos que durante los gobiernos kirchneristas dejaron que se asfixie el sistema son los que hacen marchas y votan la emergencia en discapacidad”. Lo dicen, entre otros, por el diputado Eduardo Valdés cuya familia tiene instituto denominado “Infancia”. De hecho, el propio legislador figura como representante legal de la escuela especial.
Desde el entorno de Valdés deciden no responder y aseguran que, justamente por estar involucrado en la problemática, conoce como pocos el tema y por eso se transformó en uno de los principales impulsores de la ley. El diputado de Unión por la Patria sostuvo: “La discapacidad en la Argentina está en emergencia real, aunque el Gobierno se niegue a reconocerlo. No se trata de una cuestión fiscal, sino de garantizar derechos fundamentales que hoy no se cumplen de forma equitativa en todo el país”.
Entre los puntos destacados del proyecto de ley que ahora pasará al Senado se incluyen compromisos de financiamiento, actualizaciones automáticas y mecanismos de compensación a prestadores que para las autoridades nacionales “tendría un costo fiscal enorme para el Estado y tampoco se explica de dónde saldría el financiamiento”. Es una de las razones del veto presidencial si se aprueba en la Cámara Alta.
