Durante su intervención ante el gremio financiero reunido en Cartagena, el ministro del Interior, Armando Benedetti, abordó la controversia generada por el decreto presidencial que convoca a una consulta popular, luego de que esta fuera rechazada en el Senado.
En medio de su discurso ante Asobancaria, el funcionario aseguró: “juro que el Gobierno acatará las decisiones de las cortes”.
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La declaración se dio en un momento en el que distintos sectores políticos y jurídicos han expresado preocupación por la forma en que el Ejecutivo decidió proceder, sin esperar el pronunciamiento del Consejo de Estado, al que le corresponde revisar la legalidad del procedimiento legislativo con el que se negó la consulta.
Benedetti justificó la decisión gubernamental relatando su interpretación de lo sucedido en la votación en el Senado, donde el proyecto no alcanzó la mayoría requerida.
Según él, el Gobierno considera que hubo irregularidades que impidieron una votación clara. “No se leyó la proposición de la Consulta para pasar a hacer el conteo”, argumentó, agregando que la confusión respecto al voto del senador Richard Fuelantala debería haber motivado la repetición de la sesión.
La sesión del Senado a la que hace referencia se cerró con 49 votos en contra frente a 47 a favor. A pesar de esto, el presidente Gustavo Petro, en una alocución nacional, anunció la expedición del decreto que convoca a la ciudadanía a decidir por medio de consulta. La decisión fue tomada antes de que el Consejo de Estado emitiera una sentencia sobre la demanda presentada contra el procedimiento legislativo.
Desde el Congreso, tanto el presidente del Senado, Efraín Cepeda, como el secretario general de la corporación, aseguraron que la sesión se desarrolló conforme al reglamento y que el trámite fue realizado de manera válida. Cepeda respondió a la postura del Gobierno señalando: “Está soñando si cree que puede sacar una consulta por decreto”.
El ministro también insistió en que la ausencia de la senadora Martha Peralta fue determinante en el resultado. En el auditorio, Benedetti la mencionó directamente, lo que generó comentarios entre los asistentes.
Peralta explicó en RTVC que se retiró del recinto por malestar estomacal y regresó una hora más tarde, cuando la votación ya se había cerrado.
Durante su intervención, Benedetti descartó que en el país exista una alteración del orden constitucional. “No se ha censurado a medios de comunicación, no ha habido persecución política, no hay detenciones arbitrarias. Lo que hubo fue un bloqueo institucional del Congreso y el Gobierno ha respondido dentro de la Constitución”, afirmó ante los asistentes al evento empresarial.
Sin embargo, los cuestionamientos continúan. A nivel jurídico, persiste la preocupación porque el Ejecutivo tomó una decisión sin esperar el fallo del Consejo de Estado.
Ese alto tribunal deberá pronunciarse sobre si la votación del Senado se ajustó a derecho, lo cual determinará si el decreto presidencial se encuentra amparado por la legalidad.
Adicionalmente, Petro ha manifestado que la validez del decreto será definida por la Corte Constitucional. “El Gobierno solo esperará a la Corte Constitucional para que defina la legalidad del decreto”, expresó el presidente, quien recientemente ha tenido mayor cercanía con el alto tribunal debido a la llegada de nuevos magistrados como Vladimir Fernández, Héctor Carvajal y Miguel Polo, cuyas designaciones contaron con el respaldo del oficialismo.
La polémica también ha sido analizada desde la perspectiva de los principios republicanos. Aunque Benedetti afirmó que no hay ruptura democrática, algunos analistas han recordado que el concepto de golpe institucional no se limita a hechos violentos o intervenciones militares, sino también a acciones de un poder público que excede sus competencias, afectando el equilibrio entre ramas del poder.
En este sentido, se ha invocado la visión de pensadores como John Stuart Mill, quien advirtió sobre los riesgos que enfrentan las democracias cuando se rompe el principio de separación de poderes. Para varios expertos, el debate actual en Colombia toca justamente ese punto: si un decreto presidencial puede o no sustituir un pronunciamiento del Congreso de la República.
En el mismo escenario de Asobancaria, varios congresistas expresaron reservas sobre las afirmaciones del ministro. Entre ellos, Mauricio Gómez Amin manifestó su desacuerdo con los planteamientos presentados por Benedetti ante empresarios y líderes políticos reunidos en el evento.
Otro hecho que no pasó desapercibido fue el encuentro entre Benedetti y la canciller Laura Sarabia, con quien ha tenido desacuerdos públicos en el pasado. Ambos funcionarios compartieron un abrazo, a pesar de las disputas recientes y las denuncias que han marcado su relación institucional en meses anteriores.
El desarrollo de este debate continuará en las próximas semanas a medida que las cortes emitan sus pronunciamientos. Por ahora, el Gobierno mantiene su posición y la consulta popular sigue su curso, mientras se espera la reacción formal de los órganos de control sobre la legalidad del decreto presidencial.
