La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso aprobó el informe final de la investigación contra la presidenta Dina Boluarte por el denominado ‘Caso Cofre’, que indaga la presunta fuga de Vladimir Cerrón en un vehículo del Despacho Presidencial.
La principal conclusión del documento recomienda declarar la vacancia por incapacidad moral de la mandataria. Sin embargo, el informe no se limita al supuesto encubrimiento del líder de Perú Libre, sino que también la acusa de la presunta comisión de varios delitos, entre ellos: peculado de uso, abuso de autoridad, omisión de deberes funcionales y encubrimiento personal.
El caso tuvo origen tras la difusión de un audio atribuido al oficial PNP Junio Izquierdo Yarlaqué, conocido como ‘Culebra’, y al entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. En dicha grabación se señala que Vladimir Cerrón habría utilizado el vehículo presidencial para evadir un operativo policial y facilitar su fuga.
Si bien la comisión no logró acreditar que la fuga de Cerrón se concretó en ese vehículo, sostiene que “permite abrir la posibilidad que esta se produjo” debido a la existencia de rutas alternas y al hecho de que los autos oficiales no pueden ser intervenidos por la Policía Nacional del Perú.
No obstante, el grupo parlamentario sí concluye que hubo actos de encubrimiento desde el Ejecutivo, al haberse negado el acceso a información clave como las rutas seguidas y las bitácoras del vehículo. Desde el Gobierno se argumentó que esos datos eran de carácter reservado.
La reunión de Dina Boluarte en Sarapampa
Otro punto abordado en el informe final se refiere a la polémica reunión que sostuvo la presidenta Dina Boluarte en el exclusivo condominio Asia del Sur, ubicado en Sarapampa.
En este apartado, se acusa a la mandataria de hacer uso indebido de recursos del Estado. Ante los cuestionamientos que generó su presencia en dicho lugar, Boluarte argumentó que se trató de una reunión de carácter familiar. Sin embargo, para la Comisión de Fiscalización, esta explicación no justifica el uso de vehículos oficiales para su desplazamiento, por lo que consideran que incurrió en una falta.
Pero ese no es el único aspecto cuestionado. La comisión también sostiene que la casa en Sarapampa sería el equivalente a la recordada vivienda de Sarratea, desde donde el expresidente Pedro Castillo —según investigaciones fiscales— coordinaba contrataciones estatales con su círculo más cercano.
Esta conclusión se basa en los personajes que participaron en la reunión con la jefa de Estado. Entre ellos figura Ena Karina Ocaña Araníbar, actual regidora de la Municipalidad de Magdalena y pareja de Sadji Olazábal Amao. Este último es hijo de Juan Gualberto Olazábal Segovia, ex presidente del Club Departamental Apurímac, con quien, según el informe, la presidenta tendría una presunta relación sentimental.
El documento también señala que, desde la llegada de Dina Boluarte al Gobierno —primero como ministra y luego como presidenta—, la familia Olazábal habría accedido a múltiples contratos con el Estado. Además, Ocaña y su pareja acompañaron a la mandataria en su reciente visita oficial a China.
Finalmente, la comisión advierte que uno de los acuerdos presuntamente gestados en este encuentro —denominado por algunos como el “nuevo Sarratea”— habría sido el encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón, ya que la cita ocurrió pocos días antes del operativo en su contra.
Votación final con oposición de Perú Libre
Pese a la oposición de congresistas de Perú Libre, como Isaac Mita y Segundo Montalvo, quienes calificaron el informe como “subjetivo” y “politizado”, la Comisión de Fiscalización aprobó el documento que recomienda la vacancia por incapacidad moral de la presidenta Dina Boluarte. La votación se resolvió con 9 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.
Además de solicitar la vacancia presidencial, el informe plantea evaluar una posible infracción penal para al menos nueve personas, entre las que se encuentran el exministro del Interior, Juan José Santiváñez Antúnez, el general PNP Víctor José Zanabria Angulo y el jefe del Estado Mayor, general Óscar Arriola Delgado.
