BOGOTÁ.- Lo habitual cuando un país celebra elecciones es reconocer la vigencia de la democracia y aplaudir su vigor. No es este, por desgracia, el caso con la reciente cita en las urnas que tuvieron los mexicanos para elegir jueces y magistrados.
Porque, mucho más que un paso adelante en la senda democrática, lo de México parece un desliz institucional que puede tener complicadas consecuencias en el futuro inmediato, que minan el Estado de derecho en momentos en los que justamente más se requiere mantener a salvo sus pilares. Como ya se ha dicho, la Justicia no puede ni debe someterse a las lógicas de campaña, a la manipulación partidista, ni quedar tan expuesta a la influencia del crimen organizado.
La elección popular de jueces, promovida por el expresidente Manuel López Obrador y hoy respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum, parte de un diagnóstico legítimo –la corrupción e impunidad judicial–, pero no aplica el remedio indicado. Al eliminar el sistema de carrera y someter a los jueces al veredicto de las urnas, se sacrifica la independencia judicial, se mina la imparcialidad y se pone en riesgo el principio de legalidad.
Ya se advierten los efectos nocivos: baja participación, candidatos sin experiencia real, postulantes señalados de tener vínculos con estructuras criminales y un proceso que favorece al partido gobernante. Siempre habrá el deseo de una justicia pronta, independiente y justa. Pero todo indica, lamentablemente, que el resultado no será una justicia más cercana al pueblo, sino más débil, más vulnerable a presiones políticas y económicas, menos capaz de defender a los ciudadanos frente al poder.
América Latina debe observar esta reforma mexicana con cautela. La región necesita operadores judiciales más eficaces y menos corruptos, pero nunca a costa de su autonomía. Que México haya optado por este camino no significa que sea uno que otros países deban seguir.
