BARCELONA.- Horas después de la tercera investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, en otoño de 2023, quedó claro que el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo iba a apostar por torpedear la legislatura con el objetivo de forzar unas elecciones anticipadas. La reciente aparición de un nuevo posible caso de corrupción en las filas socialistas, el llamado “caso Leire”, ha dado nueva munición a Feijóo, que convocó una gran manifestación para hoy en Madrid con un lema que resumía el clima de crispación instalado en el Parlamento: “Mafia o democracia”.
La protesta en la céntrica Plaza España, de Madrid, reunió a decenas de miles de asistentes que pedían la dimisión del socialista y exigían nuevas elecciones.
“Estamos aquí para defender nuestro país y la dignidad democrática”, dijo en su discurso Núñez Feijóo. “España está cansada, pero no está rendida. Hoy estamos aquí para que sean ustedes los que hablen alto y claro frente al presidente que se esconde; aquí está un país que no lo hace. No nos vamos a callar”, añadió.
Según el PP, la convocatoria alcanzó las 100.000 personas. Del evento participaron otras figuras del partido de derecha, como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, y los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy.
La tensión política, convertida en una constante de la política española durante los últimos años, ha llegado a su punto culminante después de que el periódico El Confidencial publicara a finales de mayo unas polémicas grabaciones. En ellas, se podía oír a Leire Díez, hasta entonces una desconocida ex concejala socialista del País Vasco, intentando hacerse con información comprometedora sobre Antonio Balas, un alto cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que es la encargada de investigar algunos de los presuntos casos de corrupción en el entorno de Pedro Sánchez, como el “caso Koldo”, o los que afectan a su esposa, Begoña Gómez y su hermano, David Sánchez.
En las grabaciones, Díez ofrece a un par de empresarios procesados por la Justicia un trato de favor por parte de la Fiscalía, cuyo máximo responsable es nombrado por el Gobierno, a cambio de los trapos sucios del responsable de la UCO. El PP enseguida calificó a Díez como “la fontanera del PSOE”, acusándola de ser un peón en un plan del presidente Sánchez para desacreditar o cesar a la dirección de la UCO. De hecho, Feijóo llegó a tachar al presidente de “capo de la mafia” en sede parlamentaria. Por su parte, el PSOE niega ninguna operación contra la UCO y asegura que Díez actuaba por cuenta propia.
Díez, que se dio de baja como militante del PSOE pocos días después del estallido del escándalo, compareció esta semana ante la prensa para dar su versión de los sucedido. “Deseo dejar claro que mi trabajo es mi trabajo, y en ningún caso lo he llevado a cabo en nombre de nadie ni en representación de nadie; ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE”, declaró Díez, que se define como “periodista” y afirma que las conversaciones grabadas se enmarcan en unas pesquisas que lleva a cabo para realizar un libro sobre las “cloacas del Estado”.
La rueda de prensa desembocó en un “show” cuando Víctor Aldama, un comisionista acusado en el “caso Koldo” irrumpió para denostarla a gritos. En las horas siguientes, la palabra “esperpento” era la más repetida en los mentideros políticos de Madrid.
Más allá de la extraña justificación de Díez, la sospecha de que Sánchez podría haber intentado una jugada sucia contra la UCO encuentra su fundamento en la convicción en el seno del PSOE de que algunos altos cargos de instituciones públicas, conocidos como “Estado profundo” o “cloacas del Estado”, se han alineado con el PP para hacer caer el Gobierno. El año pasado, el propio Sánchez sorprendió a propios y extraños cuando anunció un receso de cinco días para reflexionar su dimisión tras los ataques contra su esposa, Begoña Gómez, que atribuyó a una conspiración contra el Gobierno.
Ahora bien, el “caso Leire” no es el único que está envenenando la política española. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también padece el azote de los escándalos. A finales de mayo, el novio de la presidenta madrileña, fue procesado por los delitos de fraude fiscal y falsificación documental a raíz de sus oscuros negocios millonarios durante la pandemia de Covid por la compra de material sanitario. Además, días antes, una jueza imputó a tres altos cargos de Ayuso por denegación discriminatoria de asistencia sanitaria a los ancianos de las residencias de Madrid durante la pandemia, donde murieron centenares de personas.
Precisamente, Ayuso se convirtió este pasado viernes en la protagonista de la Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona, un órgano que reúne al presidente del Gobierno y a los presidentes de las Comunidades Autónomas con el fin de coordinar políticas en los ámbitos donde hay competencias compartidas. Ayuso realizó un mediático desplante al abandonar la sala cuando el presidente de Euskadi intervino en lengua vasca, una novedad que hizo posible el contar con traducción simultánea.
Aunque 13 de los 17 presidentes pertenecen al PP, ningún otro líder regional secundó la actitud de Ayuso, a la que muchos analistas atribuyen la ambición de desbancar a Feijóo. Ahora bien, los “barones” populares sí mostraron una unidad sin fisuras a la hora de rechazar las propuestas del Gobierno central en materias como la financiación autonómica o la vivienda, y de exigir la celebración de elecciones anticipadas.
Para que la estrategia de Feijóo funcione necesita que algún miembro de la heterogénea coalición que invistió a Sánchez, y que incluye desde a la izquierda de Podemos a los nacionalistas conservadores vascos del PNV y a la Junts per Catalunya de Carles Puigdemont, retire su apoyo al Gobierno. Algunos de estos partidos han exigido explicaciones al PSOE por el “caso Leire”, pero, de momento, no parece que ninguno de ellos quiera apostar por unas arriesgadas elecciones anticipadas.
En España, existe un precedente reciente de la caída de un Gobierno por la pérdida de apoyos parlamentarios a causa de un escándalo de corrupción. En 2018, el PNV retiró su apoyo a Mariano Rajoy horas después de que la Justicia acreditara que el PP se había financiado de forma ilegal. Ahora bien, el hecho de que Feijóo torpedeara recientemente la iniciativa de Sánchez para que el catalán, el gallego y el euskera se convirtieran en lenguas oficiales de la Unión Europea presionando a los mandatarios que también forman parte del Partido Popular Europeo no le ayuda a tejer alianzas con los partidos conservadores periféricos.
