ROSARIO. El 18 de febrero de 2011, el sargento Hernán Diego Solís se suicidó con un disparo en la cabeza. Era el jefe de la sección Armamento del Batallón N°603 del Ejército Argentino. Aquel día empezó a revelarse la oscura trama del robo de fusiles FAL de uso oficial que terminaron en manos de grupos criminales de Brasil y Paraguay, como el Primer Comando Capital (PCC). La extraña y repentina muerte de Solís sirvió para que los militares implicados cargaran toda la responsabilidad en el suboficial fallecido.
El descontrol era tan profundo que aún hoy no se sabe cuándo se robaron 43 fusiles FAL del Batallón N° 603 de Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario. La causa se inició hace 14 años, cuando en Brasil y en Paraguay empezaron a aparecer, en enfrentamientos con narcotraficantes, fusiles que tenían el escudo argentino y la marca Fabricaciones Militares (FM).
La causa la tuvo el juez federal Marcelo Bailaque, que está acusado de tres causas por corrupción y por favorecer a los narcos de Rosario y se prevé que será suspendido por el Consejo de la Magistratura el próximo 17 de junio. Recién esta semana procesó a siete militares por el robo de este armamento, luego de que el fiscal federal Javier Arzubi Calvo desempolvara este caso emblemático que había quedado perdido en los estantes del juzgado federal N°4. Se sospecha que con las 2500 partes de FAL que también se robaron se podrían haber ensamblado unos 400 fusiles de asalto automáticos.
En el Batallón N°603 el robo de armas y municiones parece sistemático. LA NACION reveló el 20 de febrero de 2015 la sustracción de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32, que terminó con la apertura de una causa judicial contra militares de esa dependencia y el cierre del batallón, ordenado por el entonces ministro de Defensa, Agustín Rossi. En 2022, el batallón se reabrió como planta de recuperación y modernización de vehículos.
Secuestro y denuncia
La División de Asuntos Internacionales de Interpol avisó a la Justicia Federal de Rosario el 10 de mayo de 2011 que — según información de la Embajada de Brasil en Argentina- el 11 febrero de ese año en Aracatuba, San Pablo, la Policía Federal de ese país secuestró un fusil FAL que tenía la particularidad de que varias partes del arma poseía cuatro numeraciones diferentes. Además, el fusil tenía grabado el escudo argentino y la inscripción Ejército Argentino.
La hipótesis es que esas armas fueron adquiridas de manera ilegal por el PCC, según indicaron fuentes de la Justicia federal. En Brasil se investigó y condenó a Getulio Morgado Sánchez, un narco que traficaba armas desde Paraguay. La Policía Federal de Brasil detuvo a este hombre y a Marcos Grubisich Junior, Gleizon Benites Gaona, William Roberto De Souza, acusados de tráfico ilegal de armamento y narcotráfico.
Cuando detuvieron a estos narcos los efectivos brasileños secuestraron un fusil FAL que aparentemente provenía del Ejército argentino. Ese fusil tenía varias partes con numeraciones distintas, como 15214, 07148, 15627 y 47202. Según expertos, es frecuente que en este tipo de armamento los grupos criminales intercambien partes para evitar que el arma sea identificada.
Se detectó luego que el fusil FAL N°15214 había desaparecido en el Batallón de Arsenales N°603, en Fray Luis Beltrán. El coronel Enrique Antonio Battezzatti, jefe del batallón, realizó la denuncia del faltante de ese fusil el 19 de febrero de 2011. En su presentación sostuvo que un día antes se había verificado que esa arma no estaba en el “depósito de armamento”. Claro: había aparecido una semana antes en San Pablo.
La presencia de fusiles FAL argentinos en manos del crimen organizado brasileño empezó a repetirse ese año. El 14 de septiembre de 2011, la Policía Federal brasileña secuestró drogas y armas en Peabiru, Paraná. Entre el armamento incautado figuraban tres FAL con la numeración 47703, 85768 y 15522. El primero era uno de los informados como faltante en el Batallón N° 603. También se determinó que el FAL N° 15522 había estado asignado al Batallón N°601 de Boulogne.
La desaparición de esa arma dio origen a la causa que se tramitó en el juzgado federal N°1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado.
También se secuestraron fusiles FAL del Ejército argentino en Paraguay, en manos de individuos que, según el expediente, tenían vinculación con PCC. El 14 de junio de 2011 la policía paraguaya se enfrentó en Asunción con seis personas fuertemente armadas, tres de ellos paraguayos y otros tres, brasileños. Dos murieron en el enfrentamiento; se secuestraron dos fales con sus numeraciones limadas.
Hubo otro hecho extraño: el coronel Battezzatti declaró que el día que se detectó el faltante le ordenó al jefe de la sección Armamento de la Compañía de Abastecimiento que se presentara para dar explicaciones. No lo hizo: el sargento Hernán Diego Solís se había suicidado en Buenos Aires.
La causa en Rosario
El caso escondía una trama más profunda: no faltaba solo un FAL, sino 400 y unas 2500 partes. A siete militares los procesaron por la “sustracción” de 43 fusiles.
A lo largo de la investigación, los militares acusados cargaron las culpas y responsabilidades en el sargento muerto.
También se detectó que había llamativas falencias en el sistema de seguridad de los arsenales. Según declararon las máximas autoridades del batallón, el armamento se guardaba en dos depósitos ubicados en la parte central del predio de Fray Luis Beltrán. En uno estaban las armas y en otro, los cerrojos y correderas.
El depósito principal estaba monitoreado por cuatro cámaras de seguridad, pero solo durante el día. Además, los sensores de movimiento que se habían instalado no cubrían toda la superficie, ni tampoco las ventanas y puertas.
Tampoco había una guardia fija, sino que — según el protocolo- la seguridad se cubría con una patrulla. En el otro depósito, donde se guardaban los cerrojos y correderas, directamente no había cámaras ni sensores de movimiento.
A lo largo de esta extensa causa, que estuvo paralizada de manera llamativa en el juzgado del juez Bailaque se detectaron serias irregularidades en el área de arsenales del Batallón.
Solís, el sargento que se suicidó, según declararon otros militares, entraba con su auto particular hasta los depósitos de armamento, algo que estaba prohibido. En el expediente, al que tuvo acceso LA NACION, se reveló que el suboficial contaba con autorización del teniente coronel Alejandro Eduardo Holm.
“Para controlar el depósito de armamento siempre se asignaban suboficiales y mecánicos armeros, y todos estaban muy por debajo de su jerarquía. O sea, por eso, nunca se pudo controlar ese depósito, porque él [Solís] nunca se encontraba en el deposito, ya que estaba autorizado a estar en Buenos Aires todas las semanas, de jueves a martes. Más o menos él estaba en la unidad 10 días al mes. Eso ocasionaba discordia y malestar entre los demás suboficiales, ya que él nunca cumplía ningún tipo de servicio, no se presentaba en ninguna formación diaria ni iba a ninguna parada militar — en la vía pública- porque estaba autorizado por Holm», declaró Héctor Vicente Mastracchio, encargado del Centro de Operaciones Materiales del batallón.
La causa de las municiones
Los robos de municiones y de armas en el Batallón N°603 parecen ser parte de un sistema. Esa dependencia se encuentra al lado de la fábrica de armas de Fray Luis Beltrán, donde también hubo sospechas de que había canales paralelos de venta de municiones.
El 20 de febrero de 2015, LA NACION reveló que en el Batallón N° 603 se había detectado un faltante de 19.600 proyectiles calibre 9 mm y calibre 32. Tres años después, el juez federal Carlos Vera Barros procesó al primer y el segundo jefe del establecimiento militar: el coronel de Arsenales Guillermo Bonnefous y el teniente coronel Adalberto Fernández. También, a Jorge Luis Giandinotto, capitán de Arsenales; a Germán Alberto Vázquez, sargento de Arsenales, y a Elio Germán Villarrubia, sargento ayudante. Todos fueron pasados a retiro cuando se inició la causa y permanecieron en libertad, según fuentes del Ejército.
Bonnefous, según declaró en el Juzgado Federal N°3 de Rosario, ordenó la auditoría tras enterarse a través de una red social que un grupo de militares había posteado versiones sobre el robo.
En la investigación se detectó que el faltante de municiones 9 milímetros existía desde julio de 2014, pero los responsables del arsenal nunca lo informaron. En el fallo, se advierte que en la auditoría dos militares declararon que “desde julio y agosto 2014 ya faltaban” las municiones. Uno de los suboficiales que se desempeñaba en el arsenal “fue obligado” por un superior a firmar un acta declarando que la inspección se desarrolló “sin novedad”.
Por estas falencias históricas en los controles y en el recurrente robo de armas y municiones, el Gobierno declaró en abril de 2024 como “zona militar” a las instalaciones de la fábrica de armas Fray Luis Beltrán. Esto le permitía tener una custodia del Ejército.
Al justificar aquella decisión, el presidente Javier Milei explicó en el texto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que era “de público conocimiento la situación de inseguridad por la que atraviesa la ciudad de Rosario y las localidades adyacentes”, por lo que subrayó que “resulta imperiosa la adopción de mayores medidas de seguridad en forma urgente”.
Historia repetida
Hace más de treinta años, la policía de Río de Janeiro secuestró, en una redada en una favela, un fusil con el escudo del Ejército Argentino y el número de serie 3834. Fue el primero de más de 300 fales y subametralladoras FMK3, PAM-1 y PAM-2 salidas de las matrices de las plantas de Fabricaciones Militares incautados en operativos contra el crimen organizado en los morros cariocas entre 1993 y 2001.
Desde 1987, incluso, ya habían aparecido en manos del hampa brasileño más de un centenar de pistolas calibre 9mm y .45 de uso exclusivo de las fuerzas armadas y de seguridad argentinas y hasta 238 granadas FMK-2 que los narcos, atrevidos, arrojaban a los patrulleros para escapar entre detonaciones y fuego.
